Dificultades casi insalvables para regular la televisi¨®n privada antes de las pr¨®ximas elecciones generales

El Gobierno estudia las consecuencias pol¨ªticas del desdoblamiento de la regulaci¨®n de la televisi¨®n privada en dos leyes distintas, una ordinaria y otra org¨¢nica -f¨®rmula que parece imponerse como la m¨¢s ajustada al contenido de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional-, sobre todo por lo que s e re riere a la dif¨ªcil obtenci¨®n en estos momentos de los 176 votos necesarios en el Congreso de los Diputados para la aprobaci¨®n de la segunda de las leyes citadas. Las diferencias con el PSOE en esta materia anticipan en definitiva, seg¨²n una alta fuente guhernamental, que no habr¨¢ canales privados de televisi¨®n antes de las pr¨®ximas elecciones.

La estrategia del Gabinete Calvo Sotelo se centra en estos momentos en el an¨¢lisis de las normas que tendr¨ªan que figurar en una y otra ley. Desde que el pasado viernes el Ministerio de la Presidencia distribuy¨® a cada uno de los miembros del Gobierno una copia de la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se resuelve el recurso de amparo interpuesto por Antena 3, los servicios jur¨ªdicos de los departamentos pol¨ªticos se han volcado sobre el texto del alto tribunal. Entre quienes estiman adecuada la v¨ªa de dos leyes, una ordinaria y otra org¨¢nica, figura el actual ministro de Justicia, P¨ªo Cabanillas, que fue el primero en plantear ante el Gobierno, al comienzo del verano pasado, durante su etapa de ministro de la Presidencia, un proyecto de norma que m¨¢s tarde su sucesor, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte, asumi¨® formalmente como decreto-ley. El planteamiento de Cabanillas fue impugnado en el seno del Consejo de Ministros por el entonces ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, quien abog¨® por una ley org¨¢nica pactada con los socialistas.A pesar de que la iniciativa de Cabanillas cont¨® con el respaldo de un dictamen favorable del Consejo de Estado, el rechazo manifestado por Fern¨¢ndez Ord¨®?ez hacia la f¨®rmula del decreto fue compartido en el seno del comit¨¦ ejecutivo de UCD, que estudi¨® la propuesta en septiembre, por el ex presidente del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez, y por juristas como Landelino Lavilla y Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca.

Fern¨¢ndez Ord¨®?ez manifest¨® ayer a EL PAIS, desde Alicante -donde corrige pruebas de un libro en el que va a contar "todo este l¨ªo de la televisi¨®n privada"-: "Me alegro de que el Tribunal Constitucional me haya dado al final la raz¨®n. Aquel proyecto de decreto presentado al Consejo de Ministros sin avisar, en pleno verano, era una chapuza intolerable y hubiera sido nulo de pleno derecho".

La 'parlamentarizaci¨®n' del problema

A la vista de la sentencia, un sector del Gobierno se inclina por la regulaci¨®n mediante doble ley, org¨¢nica y ordinaria. La primera viene exigida por lo que la sentencia del Tribunal Constitucional dice sobre la implantaci¨®n de la televisi¨®n privada "por la v¨ªa de una ley org¨¢nica en la medida en que afecte al desarrollo de alguno de los derechos constitucionalizados en el art¨ªculo 20". La ley ordinaria para la atribuci¨®n de la gesti¨®n indirecta del servicio p¨²blico de la televisi¨®n a una sociedad privada tendr¨ªa su apoyatura en el criterio del Tribunal Constitucional de que requiere "una decisi¨®n del legislador y un desarrollo legislativo que este tribunal no puede suplir".En opini¨®n de P¨ªo Cabanillas, exigir la ley org¨¢nica para todos los aspectos de la regulaci¨®n de la televisi¨®n privada ser¨ªa tanto como parlamentarizar el problema y dejarlo sin salida. Entiende el actual ministro de Justicia, a t¨ªtulo personal, que la ley org¨¢nica ser¨ªa el marco adecuado para trasladar a la televisi¨®n privada los principios que ya rigen para la p¨²blica y que figuran en el Estatuto de RTVE, as¨ª como otros que se consideraran espec¨ªficos de esta modalidad de televisi¨®n, en cuanto a la regulaci¨®n de la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n consagrados en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n.

En cambio, para la regulaci¨®n de los procedimientos de adjudicaci¨®n de los canales privados, seg¨²n la opini¨®n citada, bastar¨ªa una ley ordinaria "que hiciera posibles f¨®rmulas similares a las concesiones de otros servicios u obras p¨²blicas a trav¨¦s de la modalidad jur¨ªdica normal de los concursos, de modo an¨¢logo a la adjudicaci¨®n de las emisoras de frecuencia modulada". Todas las especificaciones t¨¦cnicas derivadas de las caracter¨ªsticas del medio figurar¨ªan en esta ley ordinaria. El ministro adjunto al presidente del Gobierno y portavoz centrista en el. Congreso, Jaime Lamo de Espinosa, manifest¨® tambi¨¦n que parecen compatibles los dos tipos de leyes.

La inclusi¨®n de toda la regulaci¨®n de la televisi¨®n privada en una ¨²nica ley org¨¢nica -f¨®rmula que defiende Francisco Rubio Llorente, magistrado que disiente de la decisi¨®n mayoritaria del Tribunal Constitucional- supondr¨ªa una serie de problemas que dificultar¨ªan el proceso, de modo similar a la inoperancia del Consejo de Administraci¨®n de RTVE elegido por UCD y PSOE. Fuentes socialistas aseguraron que, sea cual fuere la v¨ªa o v¨ªas legales que utilice el Gobierno, el voto del PSOE a la necesaria ley org¨¢nica se vincular¨¢ a la regulaci¨®n global de la televisi¨®n privada. La impresi¨®n general obtenida en medios parlamentarios es que resulta muy improbable que tal regulaci¨®n sea aprobada antes de las elecciones de 1983.