El Gobierno trata de superar los problemas financieros de las autonom¨ªas sin que se desborde el gasto p¨²blico

La pol¨¦mica suscitada entre distintos ministerios por la supuesta sobrevaloraci¨®n de las transferencias al Gobierno de la Generalidad de Catalu?a, que ha hecho suspender sus vacaciones a alg¨²n alto cargo de la Administraci¨®n central, fue el tema casi monogr¨¢fico de la reuni¨®n que celebraron el mi¨¦rcoles en el recinto del Palacio de la Moncloa los subsecretarios del Gabinete, con la presencia inusitada de tres ministros del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo: los de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos; Presidencia, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte; y Administraci¨®n Territorial, Rafael Arias, Salgado.

Seg¨²n varios asistentes, los reunidos conocieron un informe "muy importante" y que trata de "sensibilizar a todos" sobre la marcha del proceso auton¨®mico, que se enfrenta a la gran prueba de su viabilidad financiera sin aumentar mucho o nada el gasto p¨²blico, pues est¨¢ previsto aplicar el modelo econ¨®mico de autonom¨ªa catalana a las restantes, al menos en gran medida.En s¨ªntesis, los mecanismos legales y administrativos para impedir el incremento de gasto -muy complejos- se basan en que la Administraci¨®n central reste de sus recursos el coste de las competencias transferidas. La primera prueba, la del Pa¨ªs Vasco, no tuvo tan amplias repercusiones. A juicio de un cualificado observador, facilitaron la operaci¨®n la peculiaridad del sistema de concierto y un h¨¢bil encaje de las resistencias administrativas. Al elaborar los Presupuestos del Estado para 1982, los ministerios se vieron obligados en dos semanas del mes de septiembre a dar de baja las contrapartidas por el 6,25% de imputaci¨®n de renta.

El modelo general

Para Catalu?a (v¨¦ase EL PAIS de ayer), el sistema es distinto. Al margen de los recursos que le sean asignados para inversi¨®n p¨²blica nueva por el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, as¨ª como de los recargos o tributos que establezca la Generalidad, debe hacer frente a las competencias recibidas con la recaudaci¨®n en su territorio de los tributos cedidos (cuatro, que se estima le deparar¨¢n unos 53.000 millones de pesetas) y con un porcentaje de participaci¨®n sobre los ingresos del Estado por los tributos no cedidos (otros 34.000). Este porcentaje ha sido fijado en el 1,581%, como suma del coste de las varias decenas de decretos de traspaso de competencias dictados en los ¨²ltimos cuatro a?os.Tras el acuerdo alcanzado el pasado 25 de febrero en la comisi¨®n mixta de transferencias, los datos de Hacienda no cuadraron con la suma de los de cada ministerio, ausentes de las negociaciones; estos estimaron en conjunto una sobrevaloraci¨®n pr¨®xima los 25.000 millones con respecto a las previsiones iniciales, y expresaron su protesta, pues alguien deber¨ªa quedarse sin cobrar. Hacienda les atribuy¨® errores de c¨¢lculo y resistencias a dar de baja en las disponibilidades de cada ministerio los gastos de personal y de funcionamiento para apoyar, dirigir o coordinar los servicios transferidos; su explicaci¨®n se basa en que, sin estas bajas, hay doble imputaci¨®n de gastos: en la Administraci¨®n central y en los incluidos en la valoraci¨®n a Catalu?a, lo que es incompatible con el equilibrio presupuestario y los cr¨¦ditos previstos.

Al parecer, la pol¨¦mica lleg¨® al Consejo de Ministros del pasado d¨ªa 2, que no habr¨ªa resuelto nada. Hasta entonces, diversos ministerios, y sobre todo Hacienda, trataron de extender un tupido velo ante la opini¨®n p¨²blica. Incluso desde algunas esferas se recomend¨® que, ante una eventual demora en su env¨ªo a las Cortes, no circulara el proyecto de Ley que fija el porcentaje de participaci¨®n de Catalu?a en los ingresos del Estado y contiene normas sobre valoraci¨®n de servicios transferidos a las comunidades aut¨®nomas.

Pero en Catalu?a no hubo tales reservas. Los negociadores, en especial Ram¨®n Trias Fargas, consejero de Econom¨ªa y Finanzas, no ocultaron su satisfacci¨®n. En este contexto, de la segunda mitad de marzo, se supo que la Generalidad quiere tr¨¢mite de urgencia para el proyecto, pues parece que empezar¨¢ a recibir el dinero en el momento de que el texto entre en el Congreso; no desea, en cualquier caso, que se inicien las vacaciones parlamentarias de verano sin que haya sido aprobado.

El propio Trias, destacado cr¨ªtico del proyecto de Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial durante el pasado verano, declaraba el 2 de abril ante la comisi¨®n de Econom¨ªa del Parlamento catal¨¢n que el presupuesto de la Generalidad para 1982 es adecuado para el funcionamiento de la autonom¨ªa: en total, 126.000 millones de pesetas, procedentes de los citados 89.137 (record¨® que hace unos meses Hacienda propon¨ªa 73.683), 13.344 por participaci¨®n en el Fondo, 23.344 por transferencias corrientes (familias y empresas industriales, comerciales y financieras, o instituciones sin fines de lucro), y 389 para el funcionamiento de las instituciones auton¨®micas (es la ¨²nica partida de nueva implantaci¨®n; las otras proceden de segregaciones).

El informe del mi¨¦rcoles

Para zanjar la Pol¨¦mica en la Administraci¨®n, que ya empezaba a ser comentada en c¨ªrculos restringidos de opini¨®n, fue presentado el informe a la comisi¨®n de subsecretarios del mi¨¦rcoles, preparatoria de la pr¨®xima reuni¨®n del Gobierno. A la salida de la reuni¨®n, varios asistentes dieron a entender que la presencia de tres ministros (el de la Presidencia, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte; el de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos; y el de Administraci¨®n Territorial, Rafael Arias Salgado) avalaban un inmediato entendimiento.La soluci¨®n propuesta se inclina por los planteamientos de Hacienda, seg¨²n medios cercanos a este departamento. Todos los ministerios tienen que preparar un plan para evaluar al detalle que es lo que han pasado o van a pasar, y su coste. Los respectivos planes deben estar listos antes del verano.

Seg¨²n las citadas fuentes, no debe haber aumento de gasto, como se hab¨ªa previsto con motivo de los pactos auton¨®micos del pasado verano. Una simulaci¨®n efectuada dos meses antes indic¨® que, al final del proceso auton¨®mico, dentro de 5 o 6 a?os, algo m¨¢s de una tercera parte de los gastos del Estado deben estar descentralizados; todo sin incremento alguno, salvo la cobertura para las instituciones de autogobierno (2.800 millones de pesetas en 1982), cantidad que ser¨¢ decreciente en el tiempo cuando empiecen a generar recursos propios las instituciones.

De acuerdo con la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa, desarrollados luego en los decretos de transferencias, seguir¨¢n centralizadas las competencias de Defensa, Interior, Exteriores, as¨ª como buena parte de las de Hacienda, Justicia, inversiones p¨²blicas, Administraci¨®n Territorial, Presidencia y Econom¨ªa y Comercio.

Por el contrario, otros ministerios deber¨¢n casi desaparecer, sobre todo Educaci¨®n (se quedar¨ªa con cerca de un 6% de su presupuesto actual, al transferirse sobre todo las ense?anzas b¨¢sica, media y profesional), Agricultura (s¨®lo conservar¨¢ la pol¨ªtica de precios), Obras P¨²blicas y Urbanismo (mantendr¨¢ competencias sobre las infraestructuras nacionales), Transportes, Industria, Sanidad y Consumo, etc¨¦tera. En este ¨²ltimo caso el futuro est¨¢ bastante por definir, junto al de la Seguridad Social, que en cualquier caso mantendr¨¢ caja ¨²nica.

Seg¨²n el ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos, el proceso s¨®lo aumentar¨¢ los gastos si la Administraci¨®n no hace lo que se le ha dicho, ante lo cual hay resistencias de aparato y personales, no pol¨ªticas. "No se puede decir", afirm¨®, "ah¨ª van los maestros y sus n¨®minas, por ejemplo. Tambi¨¦n hay que pasar los gastos y personas encargadas de su gesti¨®n. La LOAPA aporta soluciones para todos los problemas personales".

Algunos errores

Sin embargo, frente a las afirmaciones de que se ha cumplido en las valoraciones catalanas la metodolog¨ªa com¨²n para estos casos y las leyes vigentes, otros medios de la Administraci¨®n se?alan que ha habido algunos "errores" voluntarios o involuntarios. Apuntan en concreto que el porcentaje de participaci¨®n de Catalu?a en los Ingresos del Estado (resultado de dividir el coste efectivo de los servicios transferidos por los ingresos no cedidos) ha sido calculado con datos de 1979 aplicados y se ha aplicado a los Presupuestos 1982, cuando es notorio que ingresos y gastos llevan ritmos anuales de crecimiento distintos. Y a?aden que el resultado se trata de consolidar, con lo cual te¨®ricamente quedan cada vez menos recursos para las comunidades que alcancen la autonom¨ªa financiera.As¨ª las cosas, algunos vuelven a esgrimir las diferencias, ahora financieras, entre la autonom¨ªa por el art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n y el camino marcado por el 143. Si se confirma esta versi¨®n, surgir¨ªan problemas con las pr¨®ximas autonom¨ªas. Si se pretendiera dar marcha atr¨¢s, los problemas vendr¨ªan de la Generalidad, precisamente en un momento en que es tan necesario para el Gobierno el apoyo parlamentario de la Minor¨ªa Catalana, como se ha puesto de relieve en los recientes debates sobre LAU e Incompatibilidades. En uno y otro caso, a¨²n cuando sean superadas las resistencias de los aparatos de la Administraci¨®n central, los costes pol¨ªticos son indudables.