Prop¨®sitos gubernamentales para la televisi¨®n privada

EL MINISTRO de la Presidencia, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte, tiene el decidido prop¨®sito de poner en la mesa del Consejo de Ministros del pr¨®ximo d¨ªa 16 las normas reguladoras de la televisi¨®n privada en nuestro pa¨ªs, y aunque somos conscientes de que estamos en Semana Santa, no podemos seguir la consigna del presidente del Gobierno y dejar pasar por alto este importante tema que afectar¨¢ al futuro del m¨¢s importante medio de comunicaci¨®n de nuestra sociedad.Se atribuye al conde de Romanones la c¨¦lebre frase de dejad que ellos hagan las leyes, que yo me encargar¨¦ de los reglamentos. Y tiene que ser precisamente en este precedente hist¨®rico en el que se va a apoyar el Gobierno para desdoblar, por una ins¨®lita pirueta interpretativa, en ley org¨¢nica y ley ordinaria las normas b¨¢sicas por las que se van a regir el funcionamiento y concesi¨®n de licencias de las emisoras privadas de televisi¨®n.

El Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia, que desestimaba el recurso de amparo de los promotores de Antena 3, cerr¨® el camino al intento del Gobierno, varias veces frustrado, de despachar el tema por la expeditiva y c¨®moda v¨ªa del decreto. Ahora, despu¨¦s de que el alto tribunal impide al Gabinete hacer uso de su facultad legislativa delegada, algunos ministros parecen no cesar en su intento de a?adir la televisi¨®n al copioso cesto de golosinas y caramelos que el Ejecutivo utiliza en sus conveniencias particulares y partidarias. As¨ª, de esta manera, en una interpretaci¨®n de manga ancha, los responsables gubernamentales reservan para la futura ley org¨¢nica el reino de los grandes principios y las disposiciones sustantivas se destinan al m¨¢s manejable terreno

de la ley ordinaria. Una vez m¨¢s, UCD, movida por el temor del qu¨®rum de la mayor¨ªa absoluta de las dos c¨¢maras (requisito parlamentario para la aprobaci¨®n de las leyes ordinarias), pretende ignorar que la construcci¨®n del nuevo Estado democr¨¢tico no puede ser producto de la interpretaci¨®n forzada de sentencias y disposiciones, sino que resulta imprescindible el pacto y la negociaci¨®n con las otras fuerzas pol¨ªticas mayoritarias, que alg¨²n d¨ªa pueden tener acceso a las responsabilidades de Gobierno.Por lo dem¨¢s, y a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe de forma oficial las leyes que ha de enviar al Parlamento, hay suficientes motivos de inquietud en los anteproyectos que EL PAIS publicaba en su edici¨®n de ayer. De entre todos ellos hay uno que resalta singularmente, y es la constituci¨®n de una llamada Comisi¨®n Nacional para la Radiodifusi¨®n y la Televisi¨®n, que, nombrada por el Gobierno, ser¨¢ el organismo encargado de conceder las licencias. El Ejecutivo no tiene ninguna necesidad de recurrir a estos subterfugios para poder administrar tan importantes decisiones, sino que deber¨ªa afrontar el riesgo de reservarse para su competencia esta importante atribuci¨®n, sin necesidad de crear m¨¢s organismos interpuestos. Ahora bien, la l¨®gica de las normas jur¨ªdicas existentes para el correcto funcionamiento de las televisiones privadas parecen m¨¢s bien aconsejar que estas funciones deber¨ªan de reservarse para una comisi¨®n designada por el Parlamento y sometida su control. El r¨¦gimen pol¨ªtico consagrado en la Constituci¨®n es una monarqu¨ªa parlamentaria, y este precepto constitucional debe tener alguna virtualidad m¨¢s all¨¢ del de las grandes definiciones que pueden ser usadas impunemente, si a golpe de legislaci¨®n inferior se le van dificultando al Parlamento el conocimiento y el control de la mayor¨ªa de los asuntos p¨²blicos. Tambi¨¦n no dejan de resultar preocupante los plazos de precariedad por los que se pueden conceder las licencias (m¨¢xime si se tienen en cuenta las cuantiosas inversiones que el medio precisa para su correcto funcionamiento) y las no menos extensas e imprecisas competencias y atribuciones que se reservan a esa futura comisi¨®n de notables, que pueden mandar a los concesionarios de las licencias al reino de la inseguridad y obligarles a permanecer atentos y seguros servidores de los gobiernos de turno.

En definitiva, esta regulaci¨®n que el ministro Rodr¨ªguez Inciarte presenta a la consideraci¨®n del Gabinete de Calvo Sotelo aumenta las sospechas de las dificultades con que cuenta este Gobierno -y tambi¨¦n buena parte de la oposici¨®n- para comprender el papel de los medios de comunicaci¨®n en una sociedad democr¨¢tica. Las televisiones privadas, las emisoras de radio y los peri¨®dicos no son plataformas de ensalzamiento de las virtudes que adornan a nuestra clase pol¨ªtica, sino medios de expresi¨®n y control de la opini¨®n p¨²blica sobre la gobernaci¨®n de los asuntos que afectan a todos los ciudadanos. El ministro de la Presidencia, que se considera personalmente un cualificado miembro de la corriente liberal de su partido, y el Gobierno en su conjunto, entender¨¢n que una televisi¨®n privada conformada en torno a esos principios que se presentan al Consejo de Ministros del pr¨®ximo d¨ªa 16 dif¨ªcilmente pueden contribuir a la libre expresi¨®n de los grupos sociales, y m¨¢s bien parecen encaminados a controlar esta molesta actividad. En cualquier caso es absolutamente impensable que las normas puedan proponerse a golpe de la mayor¨ªa menguatne de UCD y no se refundan estas dos leyes previstas en una s¨®la de car¨¢cter org¨¢nico que nazca con pretensi¨®n le permanencia por encima del partido que desempe?e el Gobierno de turno. Empe?arse en la v¨ªa apuntada por el ministro de la Presidencia es crear una nueva cadena le medios de comunicaci¨®n del Estado, remozada por los signos de los tiempos de la letra impresa al mundo de la imagen, cuando parece llegar a su fin la cadena de Prensa del Movimiento heredada del anterior r¨¦gimen.