La Junta considera perjudiciales las nuevas resoluciones de la subsecretar¨ªa de Pesca

La Junta de Canarias aprob¨® en su ¨²ltimo pleno, con la abstenci¨®n de un consejero de Coalici¨®n Democr¨¢tica (CD) exigir al Gobierno la no aplicaci¨®n en el archipi¨¦lago de una reciente resoluci¨®n de la subsecretar¨ªa de Pesca, de car¨¢cter nacional, por la cual no podr¨¢n entrar en ning¨²n puerto espa?ol barcos pesqueros procedentes de caladeros pertenecientes a pa¨ªses sin convenio pesquero con Espa?a.

La Junta considera que tal resoluci¨®n atenta contra el r¨¦gimen econ¨®mico fiscal de las islas y que es lesiva para los intereses econ¨®micos de las mismas. Esta decisi¨®n del ¨®rgano preauton¨®mico canario se produce en medio de una fuerte pol¨¦mica en los sectores pol¨ªticos, sindicales y econ¨®micos del archipi¨¦lago, sobre el tema. La UCD canaria se ha definido, asimismo, contraria a dicha resoluci¨®n y ha solicitado una entrevista con el vicepresidente primero del Gobierno, Mart¨ªn Villa, y el secretario general del mismo partido, I?igo Cavero, para intentar buscar una soluci¨®n al contencioso.Esta medida de la subsecretar¨ªa de Pesca es considerada perjudicial, porque, al ser el puerto de La Luz de Las Palmas la principal base de las flotas extranjeras que faenan en los caladeros norteafricanos, dicho requisito supone, seg¨²n fuentes empresariales, un duro golpe para el sector.

"Gendarme marroqu¨ª"

El PSOE se?al¨®, en el citado pleno de la Junta, que dicha resoluci¨®n se enmarca en una estrategia orientada a eliminar el sector pesquero y portuario de Canarias, del que viven alrededor de cinco mil personas. Los socialistas calificaron al Gobierno, a ra¨ªz de esta medida, como "gendarme marroqu¨ª" y censuraron la pol¨ªtica de la subsecretar¨ªa de pesca, defini¨¦ndola como nefasta. Por otra parte, el portavoz de CD, que se abstuvo en la votaci¨®n, consider¨® que la resoluci¨®n servir¨ªa para luchar contra la pirater¨ªa en el sector pesquero.La coordinadora para la defensa del puerto de La Luz de Las Palmas, base principal de las flotas extranjeras en Canarias, ha anunciado que las p¨¦rdidas de dicho puerto si se aplicara la citada resoluci¨®n pueden ascender a unos 40.000 millones de pesetas. Por otra parte, parlamentarios de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria han amenazado con no asistir, a partir de la pr¨®xima semana, a las sesiones del Congreso y el Senado si el Gobierno no acuerda antes revocar esta resoluci¨®n en lo relativo a las islas.