El fiscal pide tres a?os y tres meses de prisi¨®n para cuatro sindicalistas de Olarra

Con la ratificaci¨®n por parte del fiscal de sus peticiones, de tres a?os y tres meses para cada uno de los procesados, y la de libre absoluci¨®n de sus patrocinados por parte de los abogados defensores, finaliz¨®, a ¨²ltima hora de la noche del martes, el juicio celebrado en Bilbao contra cuatro trabajadores, despedidos de la empresa Olarra SA y acusados de un presunto delito de retenci¨®n ilegal y amenazas, seg¨²n denuncia presentada tras la ocupaci¨®n, por parte de unos setecientos trabajadores, de las oficinas de la empresa, en octubre de 1980. La sentencia de la vista, que ha despertado una gran expectaci¨®n en los medios econ¨®micos y laborales vascos, ser¨¢ conocida en el plazo de una semana.La personalidad del presidente del Consejo de Administraci¨®n, Luis Olarra, l¨ªder del sector duro de la patronal vizca¨ªna, y las formas de lucha radicales en el conflicto laboral, en cuyo contexto se produjo la ocupaci¨®n, determinaron esa expectaci¨®n, extendida m¨¢s all¨¢ del terreno propiamente jur¨ªdico, y que se manifest¨® gr¨¢ficamente en la presencia en las inmediaciones del Palacio de Justicia de hasta doce furgonetas policiales y, por otra parte, de varios cientos de personas con pancartas contra Olarra, as¨ª corno en la comparecencia de varios l¨ªderes pol¨ªticos de la izquierda radical entre los testigos de la defensa.Durante la primera parte de la vista, el ministerio fiscal se esforz¨® en probar que la ocupaci¨®n de las oficinas, por su car¨¢cter masivo, no ten¨ªa por objeto entablar una negocici¨®n sobre los problemas laborales planteados, y que, por otra parte, los acusados eran personalmente responsables de la coacci¨®n sufrida por los empleados retenidos en las oficinas y de las amenazas de que, seg¨²n su punto de vista, fueron v¨ªctimas las dos hijas de Luis Olarra, presentes en el lugar, y alguna otra persona.

Por su parte, la defensa intent¨® demostrar que la ocupaci¨®n, m¨¦todo tradicional de presi¨®n obrera en determinadas circunstancias, fue La ¨²nica alternativa ante la intransigencia de la direcci¨®n y su sistem¨¢tica negativa a negociar con el comit¨¦ de empresa, elegido cinco meses antes del conflicto y en el que una corriente sindical de tipo radical hab¨ªa resultado mayoritaria. La defensa consider¨® no probadas las acusaciones de amenazas y, a tenor de lo declarado por los primeros testigos, convocados por ambas partes, sostuvo que no pod¨ªa hablarse de retenci¨®n ilegal, dado que hasta la llegada de la polic¨ªa, ocho horas despu¨¦s del inicio de la ocupaci¨®n, hubo libertad de movimientos para los administrativos presentes en la oficina el 15 de octubre de 1980.

Sin embargo, el desarrollo de la vista sufri¨® un giro a ra¨ªz de las declaraciones de Patricia y F¨¢tima Olarra, que, especialmente la segunda, se?alaron concretamente a dos de los procesados, Herminio Iglesias y Emiliano del Dago, secretario general y presidente, respectivamente, del comit¨¦ de empresa en 1980, como dirigentes de la ocupaci¨®n, y espec¨ªficamente al segundo de ellos, como la persona que insult¨® y amenaz¨® a F¨¢tima. La defensa intent¨®, a partir de ese punto, probar que las declaraciones de las hijas del industrial deb¨ªan ser tomadas como expresi¨®n de parte interesada.