Cuatro equivocaciones

Todo el mundo lo sabe ya: las elecciones que se celebran hoy en Andaluc¨ªa han rebasado en trascendencia pol¨ªtica su propio marco regional. Los contornos de la actual coyuntura pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs han provocado que se vea en ellas el ensayo principal de las ya cercanas elecciones generales. Cualquier acontecimiento que se produzca en esta ocasi¨®n hay que interpretarlo teniendo en cuenta el tel¨®n de fondo que lo enmarca. Y as¨ª ha ocurrido con la controvertida resoluci¨®n de la Junta Electoral Central por la que se prohibi¨® la actuaci¨®n de la CEA en la campa?a electoral andaluza. El problema que subyace en esta resoluci¨®n es lo suficientemente importante para exigir que se analice con cierto detalle.Su origen conflictivo proviene, en mi opini¨®n, de cuatro equivocaciones cometidas por cuatro distintos sujetos que paso a exponer. La primera equivocaci¨®n es de la CEOE. En efecto, esta organizaci¨®n empresarial, que es uno de los grupos de presi¨®n privilegiados de Espa?a, est¨¢ alcanzando un protagonismo pol¨ªtico desmesurado que no es normal en otras democracias semejantes a la nuestra. Dije aqu¨ª en otra ocasi¨®n -que los llamados poderes f¨¢cticos propios de nuestro suelo exceden en su influencia pol¨ªtica de lo que es habitual en otros pa¨ªses. La raz¨®n de tal fen¨®meno se explica f¨¢cilmente si pensamos que durante cuarenta a?os, por no ir m¨¢s atr¨¢s, tales poderes ejercieron un papel que no es propio de los pa¨ªses democr¨¢ticos que cuentan con partidos pol¨ªticos fuertes y estables. Pero una vez establecida entre nosotros la normalidad democr¨¢tica y la vigencia de una Constituci¨®n progresista, estos poderes no se acaban de resignar al puesto que les corresponde, que consiste en la defensa estricta de sus intereses, y quieren seguir desempe?ando el papel beligerante de portadores, de una determinada concepci¨®n del Estado y de la sociedad.

As¨ª, en lo que respecta a las elecciones andaluzas, los empresarios han acudido a la arena pol¨ªtica para llevar a cabo una actividad de propaganda que aun siendo en principio leg¨ªtima y constitucional, no es ni debe ser la suya. Como se ha dicho con certeza en este peri¨®dico, se han presentado como el sexto partido en la campa?a electoral. Ahora bien, si este exagerado protagonismo pol¨ªtico, aun siendo leg¨ªtimo, es por muchas otras razones criticable, lo es m¨¢s a¨²n por la forma en que se ha ejercido. Nadie podr¨¢ negar que su actuaci¨®n se ha orientado principalmente a descalificar, con m¨¦todos de dudoso gusto, a un partido pol¨ªtico que ma?ana podr¨ªa gobernar Espa?a. Sus ataques son reprobables al menos por dos razones. Por una parte, porque los han planteado en t¨¦rminos de lucha de clases en una regi¨®n en la que es peligroso atizar el fuego de la conflictividad social y en la que precisamente los l¨ªderes de la clase obrera son generalmente moderados y conciliadores. Por otra, porque manifiestan un claro desconocimiento del programa de gobierno que el PSOE, en caso de su victoria en las elecciones generales futuras, pondr¨ªa en pr¨¢ctica desde el poder en un pa¨ªs que afortunadamente dista a?os luz de lo que era en 1936.

Y eso es as¨ª a pesar de ciertos titubeos y tartamudeces ideol¨®gicas de algunos -escasos- dirigentes del PSOE que parecen ignorar que el programa locialista que pudiesen aplicar desde el Gobierno tendr¨ªa que ser forzosamente moderado y, desde luego, en el marco que ha trazado la Constituci¨®n. Parece, en consecuencia, fuera de contexto y de tono la actuaci¨®n de la CEOE, que no sirve sino para excitar a un electorado que tiene suficiente sensatez para saber a qu¨¦ atenerse. Por eso es preocupante que la actuaci¨®n de los empresarios en Andaluc¨ªa, preludio de la que parecen proyectar a nivel nacional en las pr¨®ximas elecciones, se deje arrastrar por ese trastorno mental transitorio que afectaba al hidalgo cuando ve¨ªa gigantes en lugar de molinos. En este pa¨ªs no existen ahora ese tipo de gigantes ni nadie en sus cabales desea, salvo que sea un pretexto para llevar el agua a su molino, que los haya en el futuro.

Inmadurez pol¨ªtica

La segunda equivocaci¨®n procede del PSOE. La denuncia que ¨¦ste ha presentado a la Junta Electoral. Central, precedida por la iniciativa del Partido Comunista, me parece con todos los respetos, propia de cierta inmadurez pol¨ªtica. Y ello por varios motivos. En primer t¨¦rmino, porque todo partido democr¨¢tico debe asumir las cr¨ªticas de sus oponentes pol¨ªticos y aceptar que en una democracia todos tienen derecho a expresar su opini¨®n. Cuando se trate de ataques que rebasen la frontera de lo il¨ªcito tienen siempre expedito el camino para llegar al juez. Lo cual, aun siendo tambi¨¦n v¨¢lido en el momento de un proceso electoral, debe matizarse con m¨¢s cuidado entonces, porque es l¨®gico que los ¨¢nimos se encrespen al estar en juego posiciones de poder.

En segundo lugar, la posici¨®n del PSOE es tambi¨¦n err¨®nea porque en las actuales circunstancias espa?olas hay que fomentar que los grupos m¨¢s conservadores y poderosos de la sociedad acepten las reglas del juego democr¨¢tico. Si en base a absurdas estrategias de victoria o a rencores pol¨ªticos exacerbados se tiende a encajonar a estos influyentes grupos de presi¨®n, impidi¨¦ndoles que jueguen el juego, nos exponemos ¨¢ que utilicen su fuerza potencial para colaborar activamente con los que desean cambiar las reglas del juego para imponer despu¨¦s su dictado. Aparte de que si se aspira a gobernar en breve plazo hay que comenzar desde ahora a templar gaitas con habilidad. La tercera equivocaci¨®n recae, de forma matizada, en la propia Junta Electoral Central. Desconozco, como es obvio, el contenido de las discusiones que condujeron a esta, instituci¨®n, integrada por prestigiosos juristas, a adoptar la resoluci¨®n conflictiva que comento. Pero parece claro que ante una aparente colisi¨®n entre el principio de igualdad de oportunidades que debe regir en toda campa?a electoral y el ejercicio pleno de la libertad de expresi¨®n reconocida por la Constituci¨®n, ha optado por poner el acento en lo, primero con detrimento de lo segundo, sin tratar de conciliar, en la medida de lo posible, ambos principios.

Es cierto que -una interpretaci¨®n sistem¨¢tica del decreto-ley electoral de marzo de 1977 podr¨ªa sostener que en la campa?aelectoral no se debe tolerar la actuaci¨®n de organizaciones que no contempla su art¨ªculo 37.1. Pero si se emplaza en su justo contexto hay que concluir que dicha norma tampoco proh¨ªbe expresamente dicha actuaci¨®n. Y ello es l¨®gico porque se trata de una normativa electoral provisional y transitoria que se dio cuando no exist¨ªa todav¨ªa la Constituci¨®n y todo el entramado social estaba por reconstruirse despu¨¦s de la peculiaridad del r¨¦gimen anterior. Una vez aprobada la Constituci¨®n, su art¨ªculo 7 reconoce la legitimidad de la actuaci¨®n pol¨ªtica de las asociaciones de empresarios y de los sindicatos, el 20 establece de forma taxativa la libertad de expresi¨®n, y el 23 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en lbs asuntos p¨²blicos.

En consecuencia, la resoluci¨®n de la Junta Electoral Central deb¨ªa haberse orientado, a mi juicio, m¨¢s que a prohibir a encabzar la actuaci¨®n de la CEOE, en el sentido de exigir, mediante una interpretaci¨®n anal¨®gica, la rendici¨®n de cuentas y el control de sus gastos, como se hace con los partidos pol¨ªticos.

Retraso de lo inevitable

La ¨²ltima equivocaci¨®n, que es parad¨®jicamente la primera por ser la causa de las tres ante riores, hay que atribu¨ªrsela al Gobierno. En efecto, en este caso me veo obligado a insistir nuevamente en el enorme error cometido por el Gobierno -que en su descargo tambi¨¦n hay que atribuir a la oposici¨®n- por no haber enviado a las Cortes, si guiendo el mandato constitucional un proyecto de ley org¨¢nica electoral. No voy a repetir ahora los argumentos que ya he expuesto en este lugar en varias ocasiones para demostrar que el decreto-ley de 1977 no est¨¢ vigente ya. Pero s¨ª quiero dejar constancia de que mi insistencia no se debe a pruritos de constitucionalista escrupuloso, sino a mi absoluta convicci¨®n de que esa norma, t¨¦cnicamente hablando, es claramente tercermundista, de baja calidad t¨¦cnica, no adecuada al actual momento espa?ol y, por tanto, fuente de innumerables conflictos de aplicaci¨®n e interpretaci¨®n. Para ilustrar tal afirmaci¨®n baste poner un ejemplo significativo de graves consecuencias.

La Administraci¨®n electoral que configura el decreto-ley descansa principalmente en la participaci¨®n de jueces y magistrados. Lo que en principio podr¨ªa defenderse para la transici¨®n a la democracia, hoy, una vez vigente la norma fundamental, ya no tiene raz¨®n de ser. Lo que quiero decir es que nuestra Constituci¨®n ha configurado un poder judicial con unos par¨¢metros de independencia y autonom¨ªa respecto de los otros poderes del Estado que incluso ha creado un Consejo del Poder Judicial dirigido a obtener tales objetivos. Mantener hoy a los miembros del Poder Judicial implicados en el control de las campa?as electorales y de las elecciones es algo que desvirt¨²a la naturaleza que le confiere la ley suprema. Es m¨¢s, creo que es un enohne desgaste para la consolidaci¨®n de nuestro Estado democr¨¢tico y de Derecho el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial -cargo que hoy ostenta, un prestigioso, inteligente y dem¨®crata jurista- lo sea tambi¨¦n de la Junta Electoral Central, obligada a tomar posiciones pol¨ªticas con rapidez. En definitiva, mantener por m¨¢s tiempo el desvencijado decreto-ley de 1977 es exponer a una de las personalidades claves del Estado, que debe estar por encima de las luchas partidistas, a verse implicado, como es el caso que nos ocupa, al tener que pronunciarse sobre problemas conflictivos de car¨¢cter pol¨ªtico o partidista, propios de contiendas electorales.

Camb¨® dec¨ªa que hay dos maneras de provocar la anarqu¨ªa: una, pedir lo imposible, y otra, retrasar lo inevitable. Yo no s¨¦ si estar¨¦ pidiendo lo imposible al se?alar nuevamente en estos momentos la imperiosa necesidad de una ley electoral, pero s¨ª s¨¦ que el Gobierno se empecina en retrasar lo inevitable.