Uruguay: una deuda pol¨ªtica pendiente

Han transcurrido nueve meses desde la toma de posesi¨®n de la presidencia de Uruguay por el teniente general Gregorio Alvarez, de acuerdo con la inapelable voluntad de sus pares. El per¨ªodo se inici¨® con el anuncio -por parte del presidente designado- del comienzo de un proceso de tres a?os y medio de "transici¨®n hacia la democracia". Muchos fueron los que vieron en ¨¦l al ¨²nico o el m¨¢s indicado militar para dirigir la transici¨®n. Sin embargo, la frustraci¨®n cunde d¨ªa a d¨ªa.

Hoy, el escueto balance de una situaci¨®n econ¨®mica agonizante, fruto de un modelo econ¨®mico que s¨®lo puede aplicarse por la inmunidad que otorga la represi¨®n sistem¨¢tica contra el conjunto de la poblaci¨®n; un di¨¢logo pol¨ªtico recortado que ha sido definido como "posibilidad de: asentimiento a las propuestas de la Comisi¨®n de Asuntos Pol¨ªticos de las Fuerzas Armadas (Conlaspo)"; la aprobaci¨®n de una ley, sindical atomizante, acompa?ada de razzias contra aquellos trabajadores que pugnan por la organizaci¨®n de sindicatos, bajo la acusaci¨®n de rojos que "pretenden infiltrarse en el movimiento obrero", o las clausuras que sufren los ¨®rganos de Prensa que comenzaron a aparecer a cobijo de promesas de libertad en ese sector, etc¨¦tera, pone al descubierto la falta de voluntad aperturista del equipo gobernante.Pero la mejor medida de esa falta de voluntad transicionista la da, seguramente, su cerrada negativa a considerar cualquier tipo de amnist¨ªa para los, todav¨ªa, 1.500 prisioneros de conciencia que sufren c¨¢rcel en centros de reclusi¨®n de alta seguridad sometidos a tratos aberrantes.

El distintivo de la dictadura uruguaya entre sus cong¨¦neres del Cono Sur ha sido el refinamiento y masificaci¨®n de la represi¨®n, en todas sus formas, contra el conjunto de la poblaci¨®n. Que uno de cada cinco uruguayos se haya visto obligado a abandonar el pa¨ªs, o que uno de cada cuarenta haya sufrido c¨¢rcel y tortura; hasta la clasificaci¨®n de las personas en el documento de identidad en tres categor¨ªas, seg¨²n sea bueno, susceptible de sospecha o que exista verificaci¨®n de su participaci¨®n en actividades pol¨ªticas, sindicales o culturales hasta veinte a?os atr¨¢s.

En medio queda una larga secuela de proscripciones pol¨ªticas, destierros, ceses de empleo p¨²blico y aun privado, prohibici¨®n de ejercer profesi¨®n o estudiar, rebajas, punitivas en las pensiones, pago de una cuota por cada d¨ªa de estancia en la c¨¢rcel o, simplemente, desaparecer v¨ªa secuestro, sea en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunci¨®n o Porto Alegre.

Marcados por la muerte

Cada familia est¨¢ marcada por la muerte, la reclusi¨®n, el exilio, la desaparici¨®n o la sanci¨®n administrativa contra uno o m¨¢s de sus integrantes.

En junio de 1981, el Consejo de Administraci¨®n de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), analizando el caso uruguayo, conclu¨ªa, luego de una serie de observaciones duras provocadas por la falta de libertades en el campo sindical, que un elemento primordial para considerar normalizada la actividad sindical lo constituir¨ªan medidas tendentes a liberar a los l¨ªderes sindicales presos y condenados a largas penas por tribunales militares. El Gobierno no ha dado un solo paso que permita vislumbrar un m¨ªnimo de atenci¨®n hacia las recomendaciones del organismo mundial m¨¢s antiguo.

Dentro del pa¨ªs, la necesidad de la amnist¨ªa se siente; pero el refinamiento de la represi¨®n obliga -autocensura mediante- a no hablar del asunto en forma p¨²blica. Abundando en ello: cuando un editorialista se atreve a escribir en la revista La Plaza que en los pa¨ªses civilizados es costumbre "devolverles la libertad, el hogar y las posibilidades de trabajo" a los prisioneros de guerra una vez finalizada aqu¨¦lla; para concluir pregunt¨¢ndose: "Si la apertura pol¨ªtica no est¨¢ cortando sus propias manos, cuando se acumulan as¨ª para el futuro institucionalizado casos en que la justicia tendr¨¢ necesariamente que volver atr¨¢s y atender reclamaciones de personas despose¨ªdas de cargos, bienes o libertad contra normas obvias de derecho", la respuesta de los aperturistas es el decreto de clausura.

Est¨¢ claro que la amnist¨ªa es una necesidad primaria para, que se hable de "transici¨®n hacia la democracia" seriamente. No puede estrenarse siquiera una democracia con ciudadanos a, b y c.

El reencuentro de los orientales es el art¨ªculo primero de cualquier dec¨¢logo de transici¨®n democr¨¢tica en Uruguay. Y ese reencuentro se viabiliza a trav¨¦s de la amnist¨ªa.

Solamente el pu?ado de los que se lucran en la actual situaci¨®n de falta de libertades puede oponerse a las medidas que apunten a una transici¨®n de verdad. El que prometi¨® hace hoy nueve meses, debe recordar la sentencia de Jos¨¦ Artigas: "Los hombres de honor siempre son fieles a su palabra, y los hombres p¨²blicos no pueden quebrantarla sin atraerse la odiosidad de sus semejantes".

es vicepresidente de la Convenci¨®n Nacional de Trabajadores (CNT) de Uruguay y est¨¢ exiliado en Madrid.