Los directivos de la Caja Rural Provincial de Valencia pueden haber cometido graves irregularidades financieras

A finales del mes de enero, una inspecci¨®n del Banco de Espa?a recomend¨® a los directivos de la Caja Rural Provincial de Valencia (CRPV) que variaran su gesti¨®n de tesorer¨ªa, ya que ten¨ªan demasiado concentrados sus riesgos en muy pocas entidades de cr¨¦dito, al tiempo que se?alaban la falta de control interno existente y les exig¨ªa la realizaci¨®n de una auditor¨ªa externa, a cargo de una empresa de reconocido prestigio nacional. Esta decisi¨®n de la inspecci¨®n del Banco de Espa?a, la segunda que realiza la autoridad monetaria sobre la Caja Rural Provincial de Valencia -la anterior tuvo lugar en 1.974-, parece venir motivada por toda una serie de irregularidades detectadas por la inspecci¨®n, a las que habr¨ªa que a?adir otras recogidas en un estudio, realizado en 1980 a petici¨®n de la propia caja rural y del que no se di¨® conocimiento a la inspecci¨®n del Banco de Espa?a.

El estudio fue elaborado por un gabinete econ¨®mico-jur¨ªdico de la zona levantina y en ¨¦l no s¨®lo se auditaron diversos aspectos de funcionamiento de la caja, sino que tambi¨¦n se realiz¨® una censor¨ªa de cuentas y se llegaron a hacer determinadas calificaciones jur¨ªdicas sobre una serie de actuaciones llevadas a cabo en ejercicios pasados, que motivaron fuertes enfrentamientos entre los componentes de los ¨®rganos directivos de la caja.La importancia de la Caja Rural Provincial de Valencia se enmarca en su situaci¨®n en el ranking de cajas rurales. En febrero de este a?o ocupaba el cuarto lugar, con 18.849 millones de pesetas de recursos ajenos, detr¨¢s de la de Sevilla (23.202 millones), Ciudad Real (19.825), y Castell¨®n (19.235).

A lo largo de 1980, los intensos rumores existentes en el mundo cooperativo valenciano de supuestas irregularidades en la gesti¨®n de la caja rural de la provincia, forzaron el nombramiento, por parte de la asamblea general, de una comisi¨®n inspectora integrada por Salvador Mart¨ªnez, Andr¨¦s Ferrando y Vicente Barrios, todos ellos socios de la mencionada cooperativa de cr¨¦dito provincial. Esta comisi¨®n encarg¨®, poco despu¨¦s de constituirse, la realizaci¨®n del estudio econ¨®mico-jur¨ªdico que explic¨® algunas de las irregularidades que se hab¨ªan venido cometiendo en los a?os anteriores.

Comisiones por pr¨¦stamos

Una de las mayores irregularidades descubiertas, exponente a juicio de los auditores de "la m¨¢s elemental falta de ¨¦tica, de gran desprestigio para la entidad y de verdadera subversi¨®n de sus fines", la constituye la aprobaci¨®n de cr¨¦ditos previo cobro de una comisi¨®n del 5% sobre las cantidades acordadas. Los beneficiarios de estos pr¨¦stamos no pose¨ªan la condici¨®n de cooperativistas agrarios.Seg¨²n acredita la auditor¨ªa mediante el testimonio notarial de algunos de los beneficiarios, la oferta crediticia se realizaba en base a la m¨¢s segura obtenci¨®n de los pr¨¦stamos gracias al ascendiente de un intermediario, Salvador Miquel, sobre el presidente y el director general de la caja tras abonar un 5% del importe del cr¨¦dito.

En unas ocasiones se utilizaba el nombre de la Caja Rural Provincial de Valencia como perceptora de esta "extracomisi¨®n" y en otras se presentaba como una propina en agradecimiento al entonces presidente de la caja, Enrique Romero, quien ces¨® en el cargo en 1977, sin cumplir el mandato de cuatro a?os para el que fue elegido. Seg¨²n declar¨® a este peri¨®dico, "tuvo que elegir entre seguir en el cargo de presidente o dedicarse m¨¢s a la Caja Rural de Torrente donde me gano el pan".

En la actualidad, Enrique Romero es director de la oficina principal de la Caja de Torrente y afirma no saber nada de la auditor¨ªa que se hizo sobre el per¨ªodo en que fue presidente de la provincial, aunque reconoce que algo se rumore¨® posteriormente a su "cese-dimisi¨®n" por otro lado, niega que en su ¨¦poca se cobraran comisiones por concesi¨®n de cr¨¦ditos y que hubiera autorizado cualquier aval sin que ¨¦ste hubiera pasado por la junta rectora de la Caja Rural Provincial de Valencia.

Segunda contabilidad

No obstante, estas afirmaciones del ex presidente de la caja, un muestreo realizado por los auditores en base al an¨¢lisis de los pr¨¦stamos acordados por la permanente de la caja, s¨®lo en la localidad de Torrente, y durante un breve lapso de tiempo, les permite concluir que "todas las concesiones de pr¨¦stamos decididas en el per¨ªodo 1975-1976, cuando Romero era presidente, en aquella localidad, salvo alguna excepci¨®n, hab¨ªan satisfecho la cuota excepcional del 5%, evalu¨¢ndose la cuant¨ªa de estas comisiones en unos trescientos millones de peseta?.Aunque existe oscuridad en torno al proceso de obtenci¨®n de estas cuotas ilegales, los testimonios de los beneficiarios-v¨ªctimas permiten deducir a los auditores que el pago mediante tal¨®n al portador o en met¨¢lico iba a parar en ciertos casos a una supuesta caja B extracontable de la entidad (expresi¨®n eufem¨ªstica con la que los directivos de la entidad denominaban varias cuentas corrientes que canalizaban una segunda contabilidad) y en su mayor¨ªa engrosaban el patrimonio particular de algunos de los responsables m¨¢ximos de la Caja Rural Provincial de Valencia. Una primera aproximaci¨®n al porcentaje que era desviado y no entraba ni siquiera en la llamada caja B sit¨²a la cifra en torno al 90% de las comisiones ilegales cobradas.

Dentro de este mismo tipo de cosas, la auditor¨ªa recoge la concesi¨®n de avales por parte de la caja rural a ciertas personas para obtener pr¨¦stamos en otras entidades bancarias en las que la CRPV ten¨ªa depositadas cantidades superiores a los mil millones de pesetas, como el Banco Coca o el Industrial del Mediterr¨¢neo. En ciertos casos, los directivos de la caja consiguieron recuperar estos comprometedores avales que no hab¨ªan sido registrados contablemente y se hab¨ªan facilitado sin intervenci¨®n de la permanente de la entidad. Para ello ejercieron presiones sobre los mencionados bancos bajo. la amenaza de retirar los fondos en ellos depositados.

Juan Jos¨¦ Moya, actual director general, de la caja, en un primer contacto con este peri¨®dico se mostr¨® dispuesto a facilitar informaci¨®n, aunque posteriormente se limit¨® a hacer una declaraci¨®n le¨ªda, a trav¨¦s de un tercero, se?alando "que los temas a tratar eran pasados y carec¨ªan de actualidad". Moya manifest¨® inicialmente a los auditores que no se hab¨ªa producido el cobro de comisiones ilegales por pr¨¦stamos para, posteriormente, y tras ense?¨¢rsele diversos registros contables de su pu?o y letra en la famosa caja B, decir que si bien no pod¨ªa precisar el origen de estos fondos con exactitud s¨ª "pod¨ªan corresponder a ciertas cantidades cobradas a m¨¢s por pr¨¦stamos".

En relaci¨®n con esto, que la auditor¨ªa califica de algo susceptible de ser encuadrado en el supuesto de "maquinaciones para alterar el precio de las cosas" contemplado en el C¨®digo Penal, se presenta la existencia probada de una contabilidad camuflada bajo el r¨®tulo de caja B.

A la luz de estos datos, los responsables de la auditor¨ªa concluyen afirmando que "existen indicios fundados de la comisi¨®n de hechos que revisten los caracteres de delito de apropiaci¨®n indebida y que podr¨ªan depurarse en el correspondiente proceso sumarial si se produjera la oportuna denuncia o querella".

Pago de extratipos

El cuadro de infracciones legales y anomal¨ªas se completa con la pr¨¢ctica reiterada de pago discriminado de extratipos a algunas secciones de cr¨¦dito y cooperativas rurales asociadas a la caja. Seg¨²n se establece en el estatuto fiscal de cooperativas, ser¨¢ causa de la p¨¦rdida de los beneficios fiscales el pago de intereses a sus abonados cuando excedan los m¨¢ximos legales, trat¨¢ndose de cooperativas de cr¨¦dito. Los directivos de la Caja Rural Provincial de Valencia justificaron en su momento la existencia de la caja B y de los ingresos derivados del cobro de comisiones como la ¨²nica forma que hab¨ªa de poder pagar estos extratipos a las distintas cooperativas de cr¨¦dito social de la propia caja rural.Esta ha venido abonando a ciertas secciones de cr¨¦dito, y a ciertas cooperativas asociadas, una sobretasa del 3% sobre los tipos m¨¢ximos autorizados por el Banco de Espa?a, hasta tal punto que en diversas ocasiones sus directivos se han visto obligados a proveer nuevos ingresos en la caja B para atender el pago de estos extratipos, dado el agotamiento de los fondos ingresados mediante estas operaciones.