Cooperativismo y cajas rurales

AUNQUE NO falten quienes sostengan que los espa?oles tienen una fuerte propensi¨®n al cooperativismo, la experiencia hist¨®rica no parece confirmar la existencia de ese esp¨ªritu de asociaci¨®n espont¨¢nea. El fracaso de las cooperativas vascas de consumo en las zonas mineras, a comienzos de siglo, estuvo relacionado con las acusaciones dirigidas por los cooperativistas a los administradores cuando ¨¦stos no consegu¨ªan grandes beneficios. Tampoco los movimientos pol¨ªticos contempor¨¢neos han sido demasiado entusiastas con los movimientos cooperativistas. Mientras los Gobiernos y los grupos pol¨ªticos de la derecha nunca pudieron ocultar su desconfianza respecto a las connotaciones pol¨ªticas e ideol¨®gicas de la palabra asociaci¨®n, los partidos y sindicatos de izquierda tendieron a contemplar con recelo las cooperativas y a descalificarlas como insignificancias peligrosas o distracciones aristocr¨¢ticas.En 1900, el padre Vicent y el movimiento social cat¨®lico orientaron sus esfuerzos al mundo rural, que contaba entonces con un n¨²mero de trabajadores superior al de los centros urbanos. La ley de 1906, que amparaba por vez primera vez a las cooperativas rurales, fue obra de los agrarios cat¨®licos, que persegu¨ªan una finalidad social y al mismo tiempo pr¨¢ctica: compra conjunta de simientes y, fertilizantes, seguros para las cosechas, etc. Pero una reforma social moderna a trav¨¦s del movimiento cooperativo, de tipo holand¨¦s y dan¨¦s, nunca lleg¨® a prender en Espa?a, pese a que los proyectos cooperativistas alcanzaran un modesto arraigo en Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Valencia, Valladolid y Navarra.

Las cajas rurales fueron en su comienzo unas cooperativas de cr¨¦dito nacidas para admitir imposiciones de fondos de los asociados y facilitarles pr¨¦stamos. Tales fueron los principios recogidos en la ley de 1942, que trat¨® de rescatar y normalizar el movimiento cooperativo anterior a la guerra civil. Los jerarcas del sindicalismo vertical, sin embargo, ampliar¨ªan y modificar¨ªan posteriormente los estrictos fines de esa normativa. As¨ª, por ejemplo, las cooperativas agr¨ªcolas promovidas a trav¨¦s de UTECO pasaron a ser manejadas como una especie de miniforppa, con el objetivo de garantizar el pago de altos precios al contado a los cooperativistas, incluso aunque fuese a costa de descapitalizar a la propia caja rural financiadora. M¨¢s que cooperativismo se trataba, en suma, de integrar a los agricultores en la estructura corporativista de las hermandades agrarias.

A partir de 1962, la ley de Bases de Ordenaci¨®n del Cr¨¦dito estableci¨® la necesidad de reorganizar las cajas rurales como instrumentos del cr¨¦dito agr¨ªcola. Hasta entonces, su control hab¨ªa correspondido, con car¨¢cter exclusivo, al tinglado verticalista y al Ministerio de Trabajo. Desde 1962, el Ministerio de Hacienda se encarg¨® de inspeccionar y controlar las cajas rurales. Tras el restablecimiento del r¨¦gimen democr¨¢tico, el nuevo Ministerio de Econom¨ªa reglamentar¨ªa, a trav¨¦s de un decreto de noviembre de 1978, el funcionamiento y los fines de las cooperativas de cr¨¦dito, incuidas las cajas rurales. Se fijaron as¨ª unas normas disciplinarias an¨¢logas a las que se aplican a otras entidades de cr¨¦dito y se regularon los mecanismos que permiten la democratizaci¨®n de sus ¨®rganos rectores. Actualmente existen algo m¨¢s de 150 cooperativas de cr¨¦dito, de las que unas 127 son cajas rurales. Dentro de las cooperativas de ¨¢mbito general, la Caja Laboral Popular de Mondrag¨®n representa los dos tercios de unos recursos globales que alcanzan, entre los propios y los dep¨®sitos, los 90.000 millones de pesetas. Los recursos de las cajas rurales, por su parte, superan los 400.000 millones. En conjunto, las cooperativas de cr¨¦dito poseen el 3,4% de todos los dep¨®sitos del sistema financiero y el 10% del n¨²mero total de las oficinas abiertas al p¨²blico.

El conocimiento por la sociedad de la existencia de esas instituciones se halla poco extendido fuera de las propias zonas de implantaci¨®n. Por contra, el eco de los rumores sobre algunos esc¨¢ndalos en Santander, Baleares y Valencia ha podido dar la infundada impresi¨®n de que esas dificultades espec¨ªficas afectaban al sector en su conjunto. Aunque la informaci¨®n disponible sea muy fragmentaria, se sabe que los beneficios contables de las cooperativas de cr¨¦dito durante 1981 fueron superiores, en proporci¨®n a sus recursos patrimoniales, a los de la banca comercial y las cajas de ahorro. Los beneficios m¨¢s elevados corresponden a las cajas rurales comarcales, y sobre todo, a las locales, pero tambi¨¦n las cajas provinciales realizaron un buen ejercicio. Sin embargo, los problemas concretos surgidos en Santander, Baleares o Valencia, y la poca transparencia del sector, puesta una vez m¨¢s de manifiesto en la reciente asamblea de cajas rurales, no contribuyen al esclarecimiento del positivo papel que pueden desempe?ar y de la influencia ben¨¦fica que pueden tener en la modernizaci¨®n del sector agrario.

Durante el anterior r¨¦gimen, las cajas rurales y las cooperativas significaron, dejando a un lado las manipulaciones y las irregularidades concretas, una especie de puente entre una sociedad mercantil agraria en proceso de transformaci¨®n y el sistema pol¨ªtico autoritario. Es de lamentar que, en el nuevo r¨¦gimen constitucional, se sigan perpetuando unas estructuras poco democr¨¢ticas y se hayan institucionalizado una serie de conductas y pr¨¢cticas impropias del sistema cooperativo. Basten algunos ejemplos: el dinero del campo ha financiado negocios especulativos aparentemente atractivos y al final ruinosos; las cajas rurales han servido para financiar compras de productos agr¨ªcolas a altos precios que fomentaron la acumulaci¨®n de excedentes -como en el caso del aceite- y comprometieron su equilibrio financiero; se ha producido una elevada concentraci¨®n de riesgos frente a socios cualificados o incluso con sociedades ajenas al mundo agropecuario. Hay adem¨¢s un largo etc¨¦tera de irregularidades e ingenuidades financieras que significa el abandono de los fines tradicionales y de las actitudes de prudencia y cautela propias del mundo campesino. Hora es ya de que el poder ejecutivo tome cartas en el asunto para sanear ese importante sector financiero del mundo rural y de que las Cortes Generales acometan, en serio, una encuesta sobre las deficiencias y anomal¨ªas en su actual funcionamiento.