La oposici¨®n a Lemoniz y la violencia 'etarra'

Estoy plenamente de acuerdo con el editorial de EL PAIS del d¨ªa 27 de junio de 1982: "Cada vez resulta m¨¢s dificil criticar el emplazamiento y la puesta en marcha de Lem¨®niz sin plantearse el grave problema de conciencia de que, de esta forma, se hace camino conjunto con unos asesinos, para quienes la cuesti¨®n de la utilizaci¨®n industrial de la energ¨ªa nuclear es un simple instrumento de manipulaci¨®n pol¨ªtica".A los asesinatos de los t¨¦cnicos de Iberduero ha seguido ahora el espantoso crimen del que ha resultado v¨ªctima, en Renter¨ªa, el ni?o Alberto Mu?agorri. Los hechos me acorralan de tal manera, que me resulta necesario expresar mi sentimiento y mi reflexi¨®n. ?C¨®mo no voy a plantearme el problema de conciencia cuando he figurado, desde el primer momento, como abogado de la,oposici¨®n popular al proyecto de instalaci¨®n de la central nuclear de Deva, antes de que nadie se hubiera movido contra el proyecto de Lem¨®niz? ?C¨®mo no voy a sentirme afectado siendo precisamente el abogado que, desde el momento en que unos ciudadanos se han opuesto al proyecto de Lem¨®niz, les ha defendido frente a los Ayuntamientos de Lem¨®niz y de Mungu¨ªa, frente al Ministerio de Industria y Energ¨ªa y frente a Iberduero?

Repetidas veces he estado tentado de abandonar el caso. Y, sin embargo, siempre ha prevalecido en m¨ª una consideraci¨®n: ?no es, precisamente, la reivindicaci¨®n de la justicia la demostraci¨®n de que el orden de derecho es un objetivo b¨¢sico de un sjstema de libertades? No era posible ceder ante ninguno de los dos chantajes: ni el de quienes degradan la lucha popular instrument¨¢ndola tras sus cr¨ªmenes, ni el de quienes amparan su iniquidad en el argumento de que los asesinos est¨¢n contra ellos y en la alusi¨®n a que los que est¨¢n contra ellos son asesinos.

La lucha por la justicia vale por s¨ª misma, aun reconociendo la gran dosis de utop¨ªa y de enso?aci¨®n que encierra. Y el derecho a que se haga justicia adquiere, as¨ª, un cierto tinte de inexorabilidad, una dureza incluso, que caracteriza al esp¨ªritu no comprometido en el que se sostiene. Fiat justitia, pereat mundus, dice la m¨¢xima, que se reviste as¨ª hasta de un margen de inhumanidad. Algunos escritores -Wasserman, Kleist- han insistido en esta posici¨®n, que Ernst Bloch la relaciona con la aspiraci¨®n progresista a un derecho natural de liberaci¨®n.

El punto de conexi¨®n entre pretensi¨®n de justicia y derecho natural de liberaci¨®n se da en la afirmaci¨®n del derecho del individuo a que la ley se aplique. Derecho individual que es algo incluso previo a la organizaci¨®n de la democracia, pues habla de libertades, mientras que la segunda se refiere a la estructuraci¨®n del poder del Estado. El derecho a la justicia expresa la afirmaci¨®n del individuo frente al Estado mismo; afirmado el individuo, la organizaci¨®n de la democracia pretende que las decisiones del Estado est¨¦n legitimadas por la mayor¨ªa. Por eso es correcto que, ante el tema de Lem¨®niz, los ciudadanos, como individuos y no como mayor¨ªa, aspiren a que la justicia declare la ilegalidad de la obra sin tener que plegarse por ello a la mayor¨ªa de un refer¨¦ndum. La mayor¨ªa habr¨¢ de decidir sobre la minor¨ªa si una comunidad acepta el incierto camino de la energ¨ªa nuclear y rechaza el incierto camino de la falta de energ¨ªa nuclear. Pero cualquier individuo podr¨¢ pretender de la justicia, sin esperar al refrendo mayoritario, que declare ?legal una obra nuclear construida sin cumplir con las exigencias p¨²blicas de control de seguridad que la legislaci¨®n espa?ola, coincidente con la internacional, ordena. ?Qu¨¦ dir¨ªan ustedes de una central nuclear que, cuando recibe la autorizaci¨®n para empezar la construcci¨®n de la obra tiene ya construidas las bases de sus dos reactores?

En el caso de Lem¨®niz, asistimos a la verg¨¹enza de la actuaci¨®n prepotente de una empresa -Iberduero- y a la reacci¨®n franquista de la Administracion franquista y de la posfranquista, que, sistem¨¢ticamente, se han negado a la ¨²nica actitud decente que cab¨ªa: por de pronto, paralizar la obra y someter luego a examen proyecto y construcci¨®n. Y ahora, como resultado de la violencia de ETA, y no por imperio de la ley, la obra est¨¢ paralizada.

Demasiado abuso de poder y ceguera pol¨ªtica, por una parte, y demasiado crimen y dictadura de la fuerza, por otra, est¨¢n ocurriendo para que en este momento detenga mi reflexi¨®n por la cautela de que el caso est¨¢ sub judice. Estas finezas de comportamiento se acomodar¨ªan bien con el reproche que Ehrlich dirig¨ªa a los juristas: gentes que convierten lo esencial en accidental y lo accidental en esencial. Hoy, en este caso, no imperan ni la ley ni la paz, imperan la prepotencia y el crimen.

?Cabe llegar a la utilitaria conclusi¨®n de que los hechos han demostrado -y que yo estoy reconociendo- que no cab¨ªa otro remedio que el de la violencia para parar Lem¨®niz? Aun sin confiar demasiado en el fiat iustitia, podr¨ªa contestarse que, si bien el derecho es una aspiraci¨®n individual, la violencia ha supuesto la usurpaci¨®n de la voluntad popular de la mayor¨ªa por una minor¨ªa, acto que, al mismo tiempo que consigue sus objetivos, degrada el tejido social. Y en todo caso, quien esto afirme debe ser consciente de su precio y asumirlo como algo querido y aceptado; por favor, que no se escape, porque la pol¨ªtica de oficio es, en contra de lo que habitualmente se dice, algo bastante m¨¢s exigente ¨¦ticamente que la pol¨ªtica de sal¨®n, de tertulia, de asamblea o de bar. Quien afirme que la violencia de ETA es el camino abierto para la soluci¨®n de Lemoniz acepta sus consecuencias: acepta el atentado contra el ni?o Alberto Mu?agorri. A m¨ª, como esta conclusi¨®n me da verg¨¹enza, me queda la soluci¨®n de depreciar, desde mis entra?as, a estos seres.

Antes he dicho que los juristas convierten lo esencial en acci:dental. Pues, ?qu¨¦ diremos de los concejales de Renter¨ªa? ?Qu¨¦ bellaquer¨ªa es esa reproducci¨®n de Micifuz y Zapir¨®n, sobre si es culpa de la Polic¨ªa Nacional o de la Polic¨ªa Municipal que una explosi¨®n abstracta haya mutilado a un ni?o? La n¨¢usea con que considero la actuaci¨®n de unos municipales que dejaron que un ni?o quedara mutilado estoy dispuesto a extenderla a los polic¨ªas nacionales que no trabajaron para impedir el crimen. Y, desde luego, tambi¨¦n, ?tambi¨¦n!, a los hip¨®critas y deshonestos concejales, que condenan a la polic¨ªa sin condenar al autor del hecho.