El baile en Radiotelevisi¨®n Espa?ola

EL CESE de Robles Piquer como director general de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, a los nueve meses aproximadamente de su nombramiento, repite, en cuanto a c¨®mputo temporal, un per¨ªodo semejante al que cumpli¨® al frente de ese organismo su antecesor, Fernando Castedo. No es raro, por ello, que se empiece a estimar este cargo, en virtud de su repetida duraci¨®n nuevemesina, como puesto embarazoso. Por otra parte, los preludios de estas dos dimisiones han venido acompa?ados de oscilantes presiones, espasmos c¨ªclicos y tortuosos movimientos internos entre maniobras y conveniencias oportunistas de los partidos. En suma, lo que est¨¢ concebido estatutariamente con la naturaleza de ente p¨²blico ha sido convertido, entre intrigas de partido y convulsiones end¨®genas, en una cuesti¨®n privada.A estas alturas, y cuando en un plazo inferior al a?o y medio se han sucedido tres directores al frente de esa direcci¨®n general, ?lo es dado pensar que se est¨¦ actuando con la m¨ªnima coherencia ni con la competencia debidas respecto a la responsabilidad y contenido de ese cargo. La imagen que corresponder¨ªa a una radiotelevisi¨®n constituida como ente estatal cae despedazada ante la evidencia de haber sido convertida en instrumento alternativo de UCD o AP, ¨ªntimamente sujeta a los tropiezos y veleidades del partido del Gobierno. Y es de este modo, contemplando lo que del estatuto radiotelevisivo ha hecho el particular proceder gubernamental, como se entiende el agitado baile de directores.

No se pone en cuesti¨®n aqu¨ª, por supuesto, la oportunidad del cese, la dimisi¨®n o lo que sea de Robles Piquer. Un largo cat¨¢logo de incompetencias en la programaci¨®n y de parcialidades en el tratamiento informativo aconsejaban su relevo al frente de un organismo que sufragan todos los espa?oles y que ha de servir con el mayor grado de objetividad y pluralidad a los intereses y preocupaciones de los diferentes grupos que integran la sociedad espa?ola. Lo que se cuestiona aqu¨ª, en realidad, no es el cese, sino el nombramiento previo que ha hecho inevitable este ¨²ltimo (?qui¨¦n puede sorprenderse, tras la trayectoria pasada de Robles Piquer, de la manera como ha llevado a cabo su gesti¨®n?). Leopoldo Calvo Sotelo no s¨®lo vulner¨® moralmente el Estatuto de RTVE al forzar la dimisi¨®n de Castedo, sino que ahora est¨¢ bastante claro que lo vulner¨® torpemente, designando para el cargo a quien no deb¨ªa. Todo ello pone de relieve, adem¨¢s, la falta de consideraci¨®n con que se tratan por parte de UCD los temas de la radio y la televisi¨®n p¨²blicas. Una lista de funcionarios adscritos a uno u otro l¨ªder pol¨ªtico de cada momento decide, con las servidumbres de cada ocasi¨®n, el destino del mayor y m¨¢s influyente medio de comunicaci¨®n de masas en Espa?a. De cada relevo se tiene la expectativa no ya de una televisi¨®n y una radio mejores para la sociedad espa?ola, sino del mejor o peor servicio que el determinado sesgo del personaje designado pueda prestar a los intereses del Gobierno. Ni un solo profesional competente, con autoridad, prestigio o ideas que aportar al medio, llega siquiera a mencionarse entre la lista de candidatos que se barajan en la v¨ªspera para la ocupaci¨®n del puesto. Bien es verdad que ni un solo profesional competente estar¨ªa dispuesto a pasar por las horcas caudinas y las sumisiones exigidas por el poder pol¨ªtico, empe?ado en hacer suya la televisi¨®n que todos pagamos. Acaso no haya existido nunca, pero no existe ya de una manera descarada, voluntad alguna de hacer una radiotelevisi¨®n para el servicio de todo el pa¨ªs, nutrida de calidad profesional y capaz de servir en sus programas, desde los recreativos hasta los informativos, con la dignidad y coherencia de un sistema democr¨¢tico.

La designaci¨®n de Eugenio Nasarre, hombre democristiano, m¨¢s progresivo en su trayectoria pol¨ªtica que su antecesor Robles Piquer, vinculado relativamente al periodismo, tanto por su t¨ªtulo como por su experiencia en Cuadernos para el Di¨¢logo, abre una ben¨¦vola esperanza de mejora. Pero de nuevo su investidura se decide no en atenci¨®n a sus competencias profesionales y ni siquiera a su independencia pol¨ªtica. Su designaci¨®n queda emparentada, una vez m¨¢s, a una operaci¨®n pol¨ªtica de partido o facci¨®n de partido, sujeto a la mano que le nombra y naturalmente impulsado a no defraudar la confianza de su valedor.

Seg¨²n el art¨ªculo cuarto del Estatuto de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, la actividad de los medios de comunicaci¨®n social del Estado se inspirar¨¢n en los principios, entre otros, de la objetividad, la veracidad e imparcialidad de las informaciones, el respeto al pluralismo pol¨ªtico y el respeto a los valores de igualdad recogidos en el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n. A su vez, en el art¨ªculo 10 del mismo estatuto, el mandato del director general ser¨¢ de cuatro a?os. Una simple deducci¨®n de estos dos puntos hace presumir que la persona m¨¢s id¨®nea para el ejercicio de esa responsabilidad y con las garant¨ªas de cumplir el plazo previsto deber¨ªa reclutarse en medios ajenos a la saturaci¨®n de la militancia partidista, de la cual tarde o temprano -es decir, temprano- se derivan hipotecas y sesgos tan patentes como los que ha interpretado el recientemente cesado director general y de las que, sin mediar milagro, no ha de quedar exento el actual sustituto.

El servicio de Radiotelevisi¨®n a la sociedad espa?ola requiere terminar con este grotesco abuso de un ente p¨²blico convertido ya en una vergonzante sucursal, con sus corrupciones incluidas, del grupo que eventualmente se encuentra al frente del Gobierno.