Mar¨ªa Izquierdo acusa al ministro de Hacienda de 'turbias negociaciones insolidarias' en favor de Catalu?a

El paquete legislativo m¨¢s importante de la actual legislatura, el que configura el mapa auton¨®mico derivado de la Constituci¨®n y de los pactos firmados por el Gobierno y el PSOE el 31 de julio de 1981, no ha dejado de plantear disidencias entre sus dos principales protagonistas, centristas y socialistas. Las acusaciones de incumplimiento de aquellos pactos tienen como autora destacada a la -secretaria de pol¨ªtica auton¨®mica del PSOE, Mar¨ªa Izquierdo, quien ha atribuido al Gobierno "turbias negociaciones insolidarias" en favor de la Generalitat de Catalunya, negadas en todo momento por el ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos.Al margen de los problemas planteados por los pactos auton¨®micos "de puertas afuera", es decir, contra los firmantes del acuerdo desde las posiciones nacionalistas y comunistas excluidas del mismo -el caso m¨¢s palpable es el rechazo de la Ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA)-, tambi¨¦n han existido numerosas disidencias entre el Gobierno centrista y el primer partido de la oposici¨®n sobre el grado de cumplimiento del compromiso pol¨ªtico suscrito por Calvo Sotelo y Felipe Gonz¨¢lez.

Con motivo de cumplirse un a?o desde la firma de aquellos pactos, la secretaria de pol¨ªtica auton¨®mica del PSOE, Mar¨ªa Izquierdo, elabor¨® un documento -que, seg¨²n manifest¨® a EL PAIS la pasada semana un portavoz de la comisi¨®n ejecutiva federal de este partido, mantiene toda su fuerza dos semanas despu¨¦s- en el que se hace balance del cumplimiento de los pactos y se realizan duras cr¨ªticas en lo que se refiere a la actuaci¨®n gubernamental respecto a los acuerdos de car¨¢cter econ¨®mico-financiero. En cambio, los acuerdos pol¨ªtico-administrativos se consideran "b¨¢sicamente cumplidos" y se resalta el valor que este hecho supone de cara a "la institucionalizaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas".

El informe afirma que, pese a la eficacia del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica establecido en los pactos y de la dotaci¨®n t¨¦cnica, jur¨ªdica y pol¨ªtica suficiente para su correcta aplicaci¨®n, el Gobierno de UCD "ha venido dilapidando el caudal pol¨ªtico que dichos acuerdos incorporaban". Las acusaciones apuntan a la debilidad parlamentaria del partido centrista, que ha obligado, seg¨²n el PSOE, a buscar apoyos extra?os, concretamente en Convergencia Democr¨¢tica de Catalu?a, desvirtuando el objetivo de los pactos.

Transferencias sobrevaloradas

La secretaria de pol¨ªtica auton¨®mica del PSOE acusa al Gobierno de incoherencia en la valoraci¨®n de los servicios transferidos a Catalu?a. En el proyecto de ley de participaci¨®n, de Catalu?a en los ingresos del Estado, seg¨²n Mar¨ªa Izquierdo, el porcentaje de reposici¨®n supera en alg¨²n caso el ciento por ciento. Otro miembrde la ejecutiva socialista manifest¨® a este peri¨®dico que la sobrevaloraci¨®n de transferencias a Catalu?a, en el caso concreto de la ense?anza, asciende a unos 30.000 millones de pesetas.Las fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este peri¨®dico han atribuido estas acusaciones a la imaginaci¨®n de algunos socialistas y de forma muy especial a "la man¨ªa persecutoria de Mar¨ªa Izquierdo contra Jaime Garc¨ªa A?overos". Las mismas fuentes han pedido que se aporten pruebas de lo que se dice gratuitamente y han se?alado finalmente que todo se debe a los problemas internos de los socialistas en Catalu?a, en donde los delegados del PSOE nacional tienen que hacer "verdaderos equilibrios para mantener el esp¨ªritu nacionalista, sin chocar con ciertas exageraciones centralistas de la ejecutiva de Madrid".

Por otra parte, el PSOE acusa al Gobierno de no haber remitido a las Cortes proyectos de ley de la importancia de los siguientes: ley reguladora de las asignaciones presupuestarias destinadas a garantizar un nivel m¨ªnimo de prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos fundamentales; ley que establece el car¨¢cter de no deducible de los recargos fijados por las comunidades aut¨®nomas; ley del cupo del Pa¨ªs Vasco para el quinquenio 1982-86, y ley que establezca la actualizaci¨®n de la aportaci¨®n econ¨®mica.

En definitiva, la denuncia socialista se resume en que la actuaci¨®n del Ministerio de Hacienda ha conducido a que las comunidades aut¨®nomas "que iniciaron antes el proceso auton¨®mico resulten beneficiadas". Con ello, agregan, a medi¨® y largo plazo se producir¨¢ un grave problema, derivado de la discriminaci¨®n. en contra de aquellos territorios que han iniciado m¨¢s tard¨ªamente el proceso auton¨®mico. En el Ministerio de Hacienda insisten en negar estas acusaciones y, por el contrario, manifiestan que las valoraciones de transferencias empleadas con Catalu?a se aplicar¨¢n a las comunidades aut¨®nomas, por lo que, afirmaron , carecen de fundamento los fantasmas que quiere ver la se?ora Izquierdo".

En todo caso, los socialistas valoran como "confusa e incoherente" la gesti¨®n gubernamental en materia auton¨®mica econ¨®mico-financiera, debido a lo que la responsable socialista califica de "turbias negociaciones insolidarias". Seg¨²n el documento citado, el PSOE "denuncia en¨¦rgicamente esta gesti¨®n y exige al Gobierno la reconducci¨®n de su actuaci¨®n dentro de los cauces de transparencia y solidaridad que establecen los acuerdos auton¨®micos".

El Gobierno denuncia al PSOE

En materia Pol¨ªtico-administrativa es, en cambio, el Gobierno el que critica determinadas actitudes de los socialistas, en relaci¨®n con las negociaciones derivadas de los pactos auton¨®micos. As¨ª, seg¨²n un document¨® sobre el cumplimiento de los acuerdos, elaborado por el Ministerio de Administraci¨®n Territorial, se acusa a los socialistas del retraso de la ley de bases de la Administraci¨®n Local, prevista en los pactos de 31 de julio de 1981.Con motivo de la firma de estos pactos se hab¨ªa previsto que, dada la singular trascendencia e importancia de la citada ley, se estimaba conveniente "la consecuci¨®n de acuerdos parlamentarios que permitan su aprobaci¨®n por una amplia mayor¨ªa de ambas C¨¢maras". El documento gubernamental revela que en las m¨²ltiples reuniones entre parlamentarios centristas y socialistas y representantes de Administraci¨®n Territorial, "nunca se llegaba a cerrar los temas por cuanto los negociadores del PSOE aceptaban determinadas redacciones que luego volv¨ªan a replantear en la siguiente reuni¨®n".

En febrero de 1982 en el monasterio de El Paular, y en abril y mayo, en el edificio anexo al palacio del Congreso de los Diputados, y m¨¢s tarde en la sede de la Direcci¨®n General de Haciendas Territoriales, se celebraron reuniones para tratar de alcanzar acuerdos. Seg¨²n el informe, s¨®lo se alcanz¨® acuerdo respecto a las haciendas locales, excepto en lo relativo a la v¨ªa econ¨®mico- administrativa. Falta por cerrar estos acuerdos en dos temas importantes: las diputaciones provinciales y la funci¨®n p¨²blica local, especialmente en lo que concierne a cuerpos nacionales de Administraci¨®n Local.