Justicia y Estado democr¨¢tico

EL ACTO de apertura de los tribunales, con el que todos los a?os se inicia oficialmente a mediados de septiembre la actividad judicial, ha servido tradicionalmente de ocasi¨®n para reflexionar en p¨²blico sobre los problemas de la Administraci¨®n de justicia. En el Estado democr¨¢tico, esta reflexi¨®n p¨²blica ha podido desarrollarse sin cortapisas, y en esta tarea han jugado un papel importante los medios de comunicaci¨®n social, y muy concretamente, la Prensa escrita, que han demostrado una sensibilidad casi cotidiana ante las cuestiones de la justicia.Los problemas que aquejan desde hace a?os, y algunos desde muy antiguo, a la Administraci¨®n de justicia en Espa?a han podido airearse en los ¨²ltimos tiempos, y ello, al menos, ha servido para que la sociedad y los poderes p¨²blicos tomen conciencia de que existen y de que no puede pasar ya m¨¢s tiempo sin afrontarlos. Los propios titulares de los ¨®rganos judiciales tienen ocasi¨®n -y ayer afortunadamente se pudo comprobar en el discurso pronunciado por Federico Carlos Sainz de Robles en la apertura del a?o judicial- de ejercitar esta libertad mediante la formulaci¨®n en¨¦rgica, en tono y contenido impensables en el per¨ªodo franquista, de lo que ellos mismas entienden como problemas inaplazables para un adecuado ejercicio de la funci¨®n judicial.

Si en una dictadura la represi¨®n y el miedo, y, por tanto, el aparato policiaco, que no policial, constituyen el arco que sostiene el edificio del Estado, en una democracia este papel s¨®lo puede ser asumido por las instituciones que derivan de la soberan¨ªa popular. Y entre estas instituciones, la justicia, que la Constituci¨®n de 1978 ha elevado expresamente desde ser ap¨¦ndice del poder ¨²nico en el r¨¦gimen anterior al rango de poder del Estado, cumple una funci¨®n altamente cualificada, cual es la de ser una instituci¨®n estable y estabilizadora de la vida social, garante de los derechos individuales y de las libertades p¨²blicas y controladora de los actos de la Administraci¨®n p¨²blica. La conciencia social comienza a percibir la alta rentabilidad de la Administraci¨®n de justicia para la actividad p¨²blica y privada, y de ah¨ª la cada vez m¨¢s generalizada exigencia de que funcione correctamente. Pero de nada servir¨ªa que el Estado democr¨¢tico atribuyese un papel tan relevante al poder judicial -una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas, a instancias del Consejo General del Poder Judicial, muestra que la influencia y el control de los tribunales sobre la sociedad aumenta en una democracia- si luego, en la pr¨¢ctica, le niega los medios necesarios, fundamentalmente econ¨®micos, para poder cumplir con eficacia y dignidad este papel.

Lo primero, por tanto, que el Estado democr¨¢tico debe hacer es acabar con la posici¨®n de pariente pobre en que tradicionalmente se viene colocando a la justicia en el ranking de los Presupuestos Generales del Estado. No se trata, evidentemente, de dar a la justicia m¨¢s de lo que se deba en relaci¨®n con otras prioridades sociales del Estado, como son la educaci¨®n y la sanidad, pero tampoco menos de lo que es necesario para que el llamado servicio de la justicia comience finalmente a funcionar con m¨¢s credibilidad cara a los ciudadanos. Y es evidente que en la evaluaci¨®n de los medios econ¨®micos con vistas a la elaboraci¨®n de los presupuestos corresponde el papel principal al Consejo General del Poder Judicial, aunque s¨®lo sea porque conoce mejor que nadie, dada la posici¨®n que ocupa como ¨®rgano de gobierno de la magistratura, los problemas y las necesidades del mundo judicial.

Despu¨¦s, ser¨¢ necesario determinar cu¨¢les son las ¨¢reas judiciales que m¨¢s urgentemente necesitan de reforma y, por tanto, de la adecuada aportaci¨®n econ¨®mica, entre las que el propio Consejo General del Poder Judicial destaca la modernizaci¨®n de la oficina judicial, una demarcaci¨®n territorial m¨¢s acorde con el actual desarrollo de la poblaci¨®n y la existencia de instalaciones y medios materiales que acaben con la cr¨®nica penuria de siempre denunciada en este terreno. En realidad, se trata de poner en marcha por primera vez desde el Estado una aut¨¦ntica pol¨ªtica judicial. Y este es un desaf¨ªo, como tantos otros, que debe afrontar el Estado democr¨¢tico. Los que desde el estamento judicial plantean, muy justamente por cierto, esta exigencia, deben ser conscientes, por otra parte, de su obligaci¨®n de defender desde la legalidad constitucional el Estado democr¨¢tico. Y ello, aunque s¨®lo sea porque fuera del Estado democr¨¢tico no cabe una justicia digna de ese nombre. Al mismo tiempo, los poderes p¨²blicos y la sociedad deben convencerse de que el Estado democr¨¢tico no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente y responsable, respetado por los ciudadanos y merecedor de su confianza.