Interior

EL MINISTERIO del Interior ocupa, en cualquier pa¨ªs del mundo, la parte m¨¢s oscura e impopular del organigrama estatal, en consonancia con las antip¨¢ticas competencias y las desagradables funciones que se le atribuyen. La invasi¨®n de la vida de los ciudadanos por los Gobiernos, la proliferaci¨®n de los servicios secretos oficiales o paralelos, el tr¨¢nsito desde una sociedad rural atomizada a una sociedad industrial pol¨ªticamente movilizada, la insensibilidad moral asociada a los genocidios ocurridos en este siglo y el crecimiento de los recursos y poderes de los aparatos estatales, desde la inform¨¢tica hasta las escuchas telef¨®nicas, hacen de la imagen del Leviat¨¢n algo m¨¢s que una figura ret¨®rica. La experiencia hist¨®rica demuestra, por lo dem¨¢s, que en aquellos pa¨ªses donde una minor¨ªa revolucionaria ha conquistado el poder -desde la Uni¨®n Sovi¨¦tica a Cuba- esas preocupantes tendencias han desembocado en sistemas totalitarios f¨¦rreamente policiales. Las naciones sometidas a dictaduras de derecha tambi¨¦n han reforzado hasta l¨ªmites inveros¨ªmiles el arbitrario dominio por los Gobiernos de la vida privada y p¨²blica de sus s¨²bditos, inermes ante las decisiones de un hipertrofiado poder ejecutivo que fagocita al poder legislativo y anula la independencia del poder judicial.El r¨¦gimen pluralista y representativo -el menos malo de todos los sistemas pol¨ªticos inventados por el hombre- es el ¨²nico capaz de contrarrestar el avasallador impulso de cualquier Ministerio del Interior a independizarse del control de los ciudadanos. En la situaci¨®n espa?ola las dificultades de cualquier pa¨ªs democr¨¢tico para someter al imperio de la ley esa ¨¢rea de sombra de la vida estatal, que obtiene de su imprescindibilidad objetiva las posibilidades de abusar de sus atribuciones, se hallan reforzadas por la pesada herencia del inmediato pasado, caracterizado por la completa arbitrariedad e irresponsabilidad del entonces Ministerio de la Gobernaci¨®n.

De a?adidura, la brutalidad de los ataques terroristas, que toman como blanco principal de sus cr¨ªmenes a las Fuerzas de Orden P¨²blico, constituye una sanguinaria y fr¨ªa provocaci¨®n orientada a despertar en los miembros de los cuerpos de seguridad un clima emocional que cree en los funcionarios p¨²blicos la tentaci¨®n de utilizar sus armas y sus uniformes para fines privados de venganza corporativa.

El nivel de eficacia policiaca y de respeto a la legalidad del que parti¨® la Monarqu¨ªa parlamentaria no pod¨ªa ser m¨¢s negativo, tanto en lo que concierne a las grav¨ªsimas responsabilidades del r¨¦gimen anterior en el nacimiento del terrorismo de ETA como en lo que respecta a la represi¨®n por el Estado de las libertades p¨²blicas. Sucede as¨ª que el an¨¢lisis y la valoraci¨®n del trabajo realizado por el Ministerio del Interior durante la ¨²ltima legislatura ha de tomar necesariamente en cuenta la perspectiva hist¨®rica en que se sit¨²a esa gesti¨®n, a fin de averiguar si hemos avanzadoo retrocedido en lo que concierne a la lucha antiterrorista, la seguridad ciudadana y el respeto por los aparatos estatales de los derechos y libertades consagrados por la Constituci¨®n.

No es f¨¢cil argumentar con serenidad en este terreno, ya que las pasiones producidas por injusticias manifiestas o por sufrimientos irreparables hacen casi imposible el acuerdo. Digamos, sin embargo, que la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo y la garant¨ªa de las libertades p¨²blicas no han conocido en su conjunto, bajo el mandato de Juan Jos¨¦ Ros¨®n, un retroceso. De otra parte, la ejemplar actuaci¨®n de Francisco La¨ªna, director general de la Seguridad del Estado, durante la larga noche del 23 de febrero demostr¨® la sinceridad de las convicciones constitucionales de los altos responsables del Ministerio del Interior cuando su titular se hallaba secuestrado en el Palacio del Congreso.

Los comandos de las diversas ramas de ETA siguen asesinando y cometiendo b¨¢rbaras tropel¨ªas, pero los terroristas est¨¢n librando una batalla de repliegue, ciertamente feroz, y no desencadenando una ofensiva insurreccional. El buen sentido de Ros¨®n para comprender que la erradicaci¨®n del terrorismo etarra necesita a la vez medidas policiales y medidas pol¨ªticas ha tenido una de sus manifestaciones en el tratamiento dado a los antiguos terroristas de ETA VII Asamblea limpios de delitos de sangre y comprometidos a abandonar la violencia. De otra parte, el terrorismo de ultraderecha, cuya desarticulaci¨®n parece en teor¨ªa considerablemente m¨¢s f¨¢cil que el combate contra las diversas ramas de ETA, ha sido frenado. La reaparici¨®n en los ¨²ltimos d¨ªas del fantasmag¨®rico GRAPO fuerza, sin embargo, a extremar las reservas sobre la eficacia del Ministerio del Interior en sus investigaciones sobre el tenebroso mundo de los servicios paralelos.

Sucesos como la toma de Cascorro o la invasi¨®n del Retiro en la pasada primavera madrile?a ponen de manifiesto que algunos sedicentes responsables del orden p¨²blico son incapaces de aprender el papel que la polic¨ªa debe desempe?ar en un sistema democr¨¢tico. En esa cr¨®nica negra hay que inscribir abusos tan tr¨¢gicos como el producido en Trebujena (C¨¢diz), que cost¨® la vida a. un jornalero por la sospecha de que hab¨ªa robado una. cabra, que result¨® infundada. Ahora bien, ser¨ªa cobarde negar que en l¨ªneas generales la actitud hacia los ciudadanos de los funcionarios del Cuerpo General de Polic¨ªa, y de los miembros de la Polic¨ªa Nacional ha ganado en atenci¨®n y respeto, a la vez que una mejor organizaci¨®n de la vigilancia ha reducido la inseguridad -por lo dem¨¢s exagerada hasta la caricatura por la derecha autoritaria- de nuestras calles en lo que respecta a los delitos ordinarios.

Sin embargo, los informes de Amnist¨ªa Internacional, las denuncias del Gobierno de Vitoria sobre torturas y malos tratos en comisar¨ªas o cuartelillos del Pa¨ªs Vasco, la muerte de Arregui en el Hospital Penitenciario y el atroz crimen de Almer¨ªa indican hasta qu¨¦ punto nos hallamos lejos de los objetivos y mandatos de la Constituci¨®n y del contenido de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos del Hombre.

Un cambio sustancial, sin embargo, se ha operado desde que Manuel Fraga fue ministro de la Gobernaci¨®n, y Rodolfo Mart¨ªn Villa y el general Ib¨¢?ez Freire, ministros del Interior: al menos ahora no se obstaculiza la intervenci¨®n del poder judicial en la investigaci¨®n sumarial y la Prensa no recibe presiones para acallar la informaci¨®n o tergiversarla. La independencia de los tribunales constituye, desde luego, una barrera imprescindible a las arbitrariedades del poder, que tambi¨¦n pueden quedar indirectamente vigiladas por una Prensa libre y veraz. Sin embargo, corresponde al poder legislativo la tarea fundamental en este terreno, mediante la derogaci¨®n de normas que abren -como la actual ley Antiterrorista- espacios oscuros en las detenciones gubernativas y a trav¨¦s de la creaci¨®n de comisiones de control parlamentario.

El Ministerio del Interior es utilizado a veces como vergonzante papelera por los representantes electos de los partidos y por los pol¨ªticos que habitan las zonas nobles del edificio gubernamental, deseosos de endilgar a otros las secuelas de su cobard¨ªa o de su mala conciencia. No cabe, as¨ª pues, centrar las cr¨ªticas en la figura del titular de la cartera, sino en todo el Gobierno, m¨¢xime cuando Juan Jos¨¦ Ros¨®n, pese a todos sus defectos y equivocaciones, ha mostrado bastante m¨¢s inteligencia pol¨ªtica y coraje en la toma de decisiones que sus colegas. En cualquier caso, para que el Ministerio del Interior deje de ser la habitaci¨®n cerrada y temida del aparato estatal no se necesita tan s¨®lo un buen ministro, sino la colaboraci¨®n, la vigilancia y la cr¨ªtica de la sociedad entera.