Administraci¨®n Territorial

EL DEPARTAMENTO de Administraci¨®n Territorial recogi¨® parte de las competencias del antiguo Ministerio de la Gobernaci¨®n referidas a las relaciones del poder ejecutivo con la administraci¨®n local, es decir, con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, y se hizo cargo de las nuevas atribuciones concernientes a las comunidades aut¨®nomas, realidad jur¨ªdica y pol¨ªtica creada por la Constituci¨®n de 1978. La inercia centralista del viejo dise?o del Estado, el escaso rodaje de las instituciones de autogobierno, la victoria electoral de los nacionalistas vascos y catalanes en la primeras elecciones auton¨®micas y de los socialistas en los comicios municipales de 1979 han marcado la gesti¨®n de los cinco ministros -Antonio Font¨¢n, P¨¦rez-Llorca, Mart¨ªn Villa, Arias Salgado y Luis Cosculluela, este ¨²ltimo apenas estrenado- que se han sucedido en la cartera.La estrategia centrista en este terreno ha estado dominada en buena parte por la contradicci¨®n existente entre el viejo estilo de gobierno, que identifica al Estado con la Administraci¨®n central, y el nuevo dise?o de distribuci¨®n territorial del poder contenido en la Constituci¨®n, seg¨²n el cual las instituciones de las comunidades aut¨®nomas tambi¨¦n son Estado. La pol¨ªtica auton¨®mica gubernamental ha tenido, desde marzo de 1979, dos fases diferentes, caracterizadas, en grandes l¨ªneas, por estrategias contrapuestas, si bien las tensiones entre centralismo y autonomismo han estado presentes en toda la gesti¨®n gubernamental centrista a lo largo de la legislatura.

La primera etapa, en la que Adolfo Su¨¢rez desempe?¨® un papel fundamental, arranc¨® de las negociaciones del verano de 1979 con los parlamentarios catalanes y vascos, tom¨® cuerpo con la aprobaci¨®n de los estatutos de autonom¨ªa de Sau y de Guernica por las Cortes Generales y los referendos populares del 25 de octubre de 1979 y culmin¨® en las elecciones auton¨®micas catalanas y vascas de marzo de 1980. Aunque con insuficiencias, ambig¨¹edades e improvisaciones, el Gobierno de Su¨¢rez nacido de las elecciones de marzo de 1979 logr¨® hacer la transici¨®n auton¨®mica del Pa¨ªs Vasco y Catalu?a sin graves traumas y en pocos meses, ganando as¨ª el tiempo lamentablemente perdido durante los tres primeros a?os de la transici¨®n. Esa pol¨ªtica acab¨® por dotar a las dos comunidades de unos estatutos con techos indudablemente superiores a los que hab¨ªan alcanzado durante la II Rep¨²blica.

Sin embargo, durante ese per¨ªodo el Gobierno rindi¨® tributo a sus vacilaciones e incoherencias, compartidas por los socialistas, respecto a la configuraci¨®n del mapa aut¨¢nomico en el resto de Espa?a, demag¨®gica e irreflexivamente improvisado durante la primera legislatura democr¨¢tica por el ministro Clavero, que pasar¨¢ a la historia de la gastronom¨ªa pol¨ªtica por su teor¨ªa de la tabla de quesos. En diciembre de 1979, el proyecto de Estatuto de Galicia qued¨® varado en el Congreso como consecuencia de la rebeli¨®n de los centristas y socialistas gallegos a los acuerdos previos alcanzados por sus respectivas direcciones nacionales. El refer¨¦ndum andaluz del 28 de febrero de 1980 hizo pagar caro al Gobierno su tortuosa pol¨ªtica de pactos con Alejandro Rojas Marcos y la torpe rectificaci¨®n que Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca trat¨® de imponer a la estrategia gubernamental con la inefable pregunta sometida a los electores andaluces. Id¨¦ntica bastedad colore¨® la tentativa de Rodolfo Mart¨ªn Villa de imponer, a la autonom¨ªa andaluza, de acuerdo con el PSA, una tercera v¨ªa entre los art¨ªculos 143 y 151. La ley, de dudosa constitucionalidad, para interpretar retroactivamente el refer¨¦ndum andaluz, el refer¨¦ndum de ratificaci¨®n del Estatuto de Carmona y las elecciones del 23 de mayo de 1982 fueron las etapas siguientes de la cuarta y ¨²ltima autonom¨ªa por la v¨ªa del art¨ªculo 151, precedida por el Estatuto de Santiago y las elecciones que situaron a Alianza Popular, en el oto?o de 1981, al frente de la Junta gallega.

La segunda etapa, apuntada a todo lo largo de 1980, cuando las transferencias a los Gobiernos catal¨¢n y vasco comenzaron a retrasarse y la puesta en marcha de las instituciones de autogobierno hicieron surgir conflictos de interpretaci¨®n y recursos al Tribunal Constitucional, qued¨® n¨ªtidamente perfilada con la incorporaci¨®n de Rodolfo Mart¨ªn Villa al Gobierno en septiembre de 1980 y concluy¨® tras la ca¨ªda de Adolfo Su¨¢rez y el golpe del 23 de febrero, con el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, los pactos auton¨®micos con los socialistas y el proyecto de ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico. La resistencia de los diversos departamentos ministeriales -que muchas veces ocultan tras la ret¨®rica de los intereses del Estado sus-propios intereses como reinos de taifas adm¨ªnistrativos- a desprenderse de sus competencias y funcionarios sigui¨® siendo la t¨®nica general del proceso de ajuste entre la Administraci¨®n central y las comunidades aut¨®nomas. Rodolfo Mart¨ªn Villa, gracias a su predominante papel como bar¨®n centrista, impuso sus criterios, mucho m¨¢s cercanos a los esquemas centralistas del anterior r¨¦gimen que al nuevo dise?o del Estado de las autonom¨ªas. Aun as¨ª, los ¨²ltimos meses del ¨²ltimo Gobierno de Su¨¢rez fueron escenario de los importantes acuerdos con el Gobierno de Vitoria en torno a los conciertos econ¨®micos y la polic¨ªa auton¨®mica.

En la nueva etapa abierta por el golpe del 23 de febrero, los pactos auton¨®micos entre el Gobierno y el PSOE trataron de racionalizar el procesoauton¨®mico en el resto de Espa?a, azuzado por la puja electoralista entre los partidos y la manipulaci¨®n de los agravios comparativos. El resultado fue un plan concertado para fijar los contenidos de los estatutos pendientes, los calendarios electorales y los procedimientos para realizar las futuras transferencias. Esa orientaci¨®n, en s¨ª misma elogiable, fue desgraciadamente arruinada por el complementario acuerdo sobre la LOAPA y por la torpeza de los sucesivos ministros de Administraci¨®n Territorial -Rodolfo Mart¨ªn Villa y Rafael Arias Salgado- para negociar la globalidad de la nueva estrategia con los partidos que controlan los Gobiernos catal¨¢n y vasco. De esta forma, el proyecto de la LOAPA ha sido rechazado por las minor¨ªas nacionalistas, pese a ser tambi¨¦n partidarias de la racionalizaci¨®n del proceso auton¨®mico, con el argumento de que la nueva norma recorta los estatutos de Sau y de Guernica, s¨®lo modificables mediante refer¨¦ndum popular, seg¨²n establece la Constituci¨®n, y es una reforma encubierta del t¨ªtulo VIII. Los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional han bloqueado, en cualquier caso, la puesta en vigor de la controvertida LOAPA. La apresurada disoluci¨®n de las Cortes Generales impidi¨®, por lo dem¨¢s, que el Gobierno cumpliera sus compromisos de completar el mapa auton¨®mico en esta legislatura, ya que han quedado pendientes de aprobaci¨®n por las Cortes Generales los estatutos de Baleares, Extremadura, Castilla-Le¨®n y Madrid. Los conflictos entre centristas y socialistas a prop¨®sito del Estatuto de Valencia mostraron, tambi¨¦n, las dificultades de poner en marcha los pactos suscritos por los dos partidos.

En cuanto a la administraci¨®n local, el triunfo de las candidaturas socialistas en los ayuntamientos m¨¢s importantes de Espa?a ha contribuido seguramente a condicionar las actuaciones del Ministerio de Administraci¨®n Territorial en esta ¨¢rea. En cualquier caso, la principal cr¨ªtica que cabe formular a la pol¨ªtica gubernamental ha sido su falta de voluntad pol¨ªtica para negociar y aprobar la ley de R¨¦gimen Local, enviada a las Cortes Generales en la primavera de 1981 y destinada a adecuar la vida municipal espa?ola a las nuevas realidades democr¨¢ticas, todav¨ªa regidas en sus aspectos b¨¢sicos por las leyes del anterior r¨¦gimen, algunas de cuyas disposiciones han sido objeto de sentencias del Tribunal Constitucional. Tampoco la ley de Financiaci¨®n del Transporte Colectivo Urbano y la ley Reguladora del Sistema Tributario Local han sido incorporadas a nuestro ordenamiento en la pasada legislatura. Una multitud de decretos-leyes, decretos y ¨®rdenes ministeriales no siempre conexos, han tratado de colmar la laguna creada por la inexistencia de esas grandes leyes pendientes que las futuras Cortes Generales deber¨¢n discutir y aprobar como cuestiones prioritarias.