La poblaci¨®n reclusa mantiene expectativas ante el nuevo Gobierno y la llegada del Papa

El Gobierno que salga de las urnas el pr¨®ximo 28 de octubre, sea de derecha, de centro o de izquierda, deber¨¢ enfrentarse, como uno de los problemas m¨¢s inmediatos a resolver, con la situaci¨®n de las c¨¢rceles espa?olas. Las expectativas que confluyen en los primeros d¨ªas de noviembre en el ¨¢mbito penitenciario, como consecuencia, por una parte, de la elecci¨®n de nuevo Gobierno, y, por otra, de la llegada del Papa a Espa?a, pueden dar lugar a una explosi¨®n generalizada de la poblaci¨®n reclusa, apenas contenida en los ¨²ltimos tiempos con promesas de "medidas urgentes" en gran parte incumplidas.

El pr¨®ximo Gobierno (todos los partidos pol¨ªticos, con mayor o menor intensidad, han anunciado medidas que directa o indirectamente tienden a mejorar la situaci¨®n en las c¨¢rceles) deber¨¢ dar inmediatamente alguna prueba de que est¨¢ dispuesto a actuar en este terreno, con tanta mayor urgencia cuanta m¨¢s intensa ser¨¢ en aquellas fechas la creencia, evidentemente err¨®nea, entre los reclusos de que la venida del Papa puede ser la ocasi¨®n para un indulto generalizado.La supresi¨®n de los indultos generales por la Constituci¨®n -tras el irresponsable abuso de estas medidas de gracia por el franquismo, que lleg¨® a la aberraci¨®n de indultar a personas procesadas y no condenadas en el caso Matesa- fue una decisi¨®n justa y coherente con la filosof¨ªa pol¨ªtica del Estado de Derecho, pero en la pr¨¢ctica ha resultado lesiva para la poblaci¨®n reclusa, al no haber sido acompa?ada de la puesta en vigor de otras medidas previstas por el Parlamento, fundamentalmente la elaboraci¨®n de un nuevo C¨®digo Penal y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mientras estas medidas han permanecido congeladas en la legislatura que acaba, otras de car¨¢cter restrictivo se pusieron en vigor, como la que limit¨® las facultades de los jueces para otorgar la libertad provisional. Esta medida, propuesta por el Gobierno y aprobada por el Parlamento en 1980, bajo la presi¨®n de la campa?a alarmista sobre el aumento de la delincuencia desatada en aquellas fechas, contribuy¨® realmente a que el ¨ªndice de la delincuencia iniciase un leve descenso que se mantiene hasta la fecha, pero al mismo tiempo se convirti¨® en uno de los instrumentos que m¨¢s ha contribuido al hacinamiento actual en las c¨¢rceles espa?olas. Con esta pol¨ªtica, los Gobiernos de la ¨²ltima legislatura no hicieron sino trasladar los problemas de orden p¨²blico desde la sociedad al mundo penitenciario. Pero estos problemas siguen existiendo, y el nuevo Gobierno se enfrenta irremediablemente al reto de liquidar lo m¨¢s honrosamente posible esta dif¨ªcil herencia. La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a, en un informe reciente, ha dado un grito de alarma sobre el estado de malestar general y de crispaci¨®n de la poblaci¨®n reclusa.

Adem¨¢s de la elaboraci¨®n inmediata de un nuevo C¨®digo Penal, que establezca un sistema de penas de menor duraci¨®n y m¨¢s efectivas, y de una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los tr¨¢mites judiciales, el nuevo Gobierno deber¨¢ promover un serie de medidas inmediatas, aunque s¨®lo sea con el objetivo pol¨ªtico de contener la situaci¨®n explosiva de las c¨¢rceles.

Entre ellas, el informe elaborado por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos enumera las siguientes: tramitaci¨®n preferente por los tribunales de las causas pendientes con presos preventivos; duraci¨®n m¨¢xima de un a?o de la situaci¨®n de prisi¨®n preventiva; potenciaci¨®n del sistema de r¨¦gimen abierto; exigencia del cumplimiento del reglamento penitenciario no s¨®lo en sus aspectos disciplinarios, sino tambi¨¦n en los que obligan a la Administraci¨®n a determinadas prestaciones; agilizaci¨®n, por parte del Ministerio de Justicia, del estudio y resoluci¨®n de las peticiones de indulto particulares, y concesi¨®n por parte de los poderes p¨²blicos de medidas excepcionales de gracia que no contravengan la Constituci¨®n.