Piden 180 a?os de c¨¢rcel a los procesados de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a

Ciento ochenta a?os de prisi¨®n y 630 millones de pesetas de indemnizaci¨®n, solicita el fiscal para el conjunto de los once presuntos implicados en el crack de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a. El sumario 199/1967 se est¨¢ ultimando en la secretar¨ªa de la Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, y ser¨¢ visto el pr¨®ximo mes de diciembre.

Instruido por el Juzgado Especial n¨²mero 20 de Barcelona, el sumario se puso en marcha a ra¨ªz de las presuntas irregularidades financieras detectadas en la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a.Las primeras investigaciones se dirigieron hacia los miembros de la Junta Rectora de la citada entidad bancaria, pero pronto las anomal¨ªas salpicaron a algunos responsables del sindicalismo vertical. Se levant¨® entonces un muro de silencio en torno al affaire de la Caja de Cr¨¦dito Popular, y la situaci¨®n se ha prolongado durante 15 a?os. Los pr¨®ximos d¨ªas 16 y 17 de diciembre se desbloquear¨¢ con la presencia en el banquillo de los acusados de los once procesados.

No se esperan revelaciones deslumbrantes del juicio oral, pues cinco de los procesados han fallecido durante los ¨²ltimos a?os. Con ellos han desaparecido tambi¨¦n importantes documentos referentes a la actividad de la Caja de Cr¨¦dito Popular y al papel tutelar de la Organizaci¨®n Sindical.

El inicio del esc¨¢ndalo se remonta a 1957, cuando el delegado provincial, de Sindicatos de la provincia de Gerona, Juan Manuel de Santisteb¨¢n y Bernaldo de Quir¨®s, cre¨®, con ayuda estatal y bajo la tutela del sindicato vertical, la Cooperativa de Cr¨¦dito de Gerona. Dos a?os m¨¢s tarde la Cooperativa de Cr¨¦dito se traslad¨® a Barcelona, adoptando entonces el nombre de Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a. Coincidiendo con este traslado la entidad financiera empez¨® a actuar como una central bancaria, abri¨® y empez¨® a realizar operaciones comerciales para las que no ten¨ªa autorizaci¨®n.

Todas estas irregularidades han sido calificadas, por el ministerio fiscal, como constitutivas de cuatro delitos de estafa y dos de falsedad. El fiscal, en el escrito de acusaci¨®n provisional, asegura que adem¨¢s se cometieron otros delitos de insolvencia y desobediencia.

Por si todo ello no fuera suficiente, mientras se estaba tramitando el citado sumario fue instada la quiebra contra la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a, pero esta quiebra se declar¨® fraudulenta y dej¨® desamparados a 12.000 inversionistas. Adem¨¢s, sobre los responsables de la citada entidad bancaria recay¨® un expediente -instruido por el Juzgado de Delitos Monetarios- por el que fueron sancionados con una multa de veinte millones de pesetas.

El ministerio fiscal asegura que todas estas irregularidades se cometieron con la aquiescencia del que en aquella ¨¦poca era jefe provincial de la Obra Sindical de Cooperaci¨®n, el organismo encargado de: tutelar la entidad. A ra¨ªz de esta hip¨®tesis la Audiencia decret¨® el procesamiento del jefe sindical y se?al¨® que el citado organismo deb¨ªa responder con sus fondos ante los perjuicios de los inversionistas.

Se extingue la responsabilidad de sindicatos

Hace pocos d¨ªas la Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, al ultimar los detalles de la causa judicial, declar¨® extinta la responsabilidad de la Obra Sindical de Cooperaci¨®n. Al tomar esta decisi¨®n tuvo en cuenta que hab¨ªa fallecido el sindicalista procesado, que ya no existe el sindicato vertical y que han desaparecido todos los organismos que depend¨ªan de ¨¦l.La responsabilidad penal del affaire recae, despu¨¦s de estas modificaciones, sobre algunos miembros del consejo de administraci¨®n y altos empleados de la Caja Rural: Vicente Fisas Comella, Jose Mar¨ªa Casadejust Codina, Juan Manuel Santiesteban, Antonio Rubio Fresneda, Pedro de Pablo Zancada y Juan Carranza Calmarza.

Tambi¨¦n comparecer¨¢n ante los magistrados otros cinco procesados que se vieron implicados en el caso por razones profesionales. Entre ¨¦stos se encuentra el abogado Joan Ant¨®n Sard¨¢ -para el que se piden 14 a?os de prisi¨®n-, y Juan F¨¢bregas Basaga?a, a la saz¨®n provincial de los Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Coraz¨®n de Mar¨ªa, para quien se reclaman 6 a?os de prisi¨®n.