300 millones de mangueras luminosas

EL SUMARIO sobre las irregularidades cometidas en Televisi¨®n Espa?ola durante 1977 y 1978, denunciadas hace casi tres a?os por un informe de control financiero del Ministerio de Hacienda, ha sido elevado por el magistrado-juez instructor especial a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que esta alta instancia, competente por razones del fuero procesal que ampara a los directores generales, decida sobre la petici¨®n de procesamiento por apropiaci¨®n indebida formulada por la acusaci¨®n particular contra Rafael Ans¨®n y Fernando Arias-Salgado, ex directores generales de Televisi¨®n, y otros dos altos responsables del ¨¢rea econ¨®mico-financiera de ese organismo. La pasividad del Gobierno y del ministerio fiscal cuando EL PAIS public¨®, a comienzos de 1980, los resultados de aquella auditor¨ªa indica hasta qu¨¦ punto la maquinaria judicial necesita en determinadas ocasiones, para ser puesta en marcha, de la iniciativa ciudadana. Si Felipe Gonz¨¢lez y Javier Solana, diputados socialistas, y Pilar Brabo y Sim¨®n S¨¢nchez Montero, diputados comunistas, no hubieran entablado, en tanto que ciudadanos, una querella contra los encartados, muy posiblemente el sonado esc¨¢ndalo hubiera quedado enterrado en las arenas movedizas de la impasibilidad con la que los medios oficiales suelen acoger las denuncias sobre los abusos y despilfarros que se producen dentro de la Administraci¨®n p¨²blica.La publicaci¨®n en EL PAIS, del domingo 10 de octubre al mi¨¦rcoles 13, de un amplio resumen de la auditor¨ªa interna sobre el programa 300 millones encargada en la pasada primavera por el entonces director general de Televisi¨®n Espa?ola, Carlos Robles Piquer, pone otra vez de manifiesto la soberana indiferencia con la que los altos responsables del dinero de los contribuyentes asisten a la exhibici¨®n de los trapos sucios de sus subordinados. Numerosos son, sin embargo, los portentos narrados en la auditor¨ªa que merecer¨ªan algo m¨¢s que el silencio: una manguera luminosa y un piano de cola que salen m¨¢s caros alquilados que comprados; autom¨®viles pagados por Televisi¨®n que sirven para trasladar de vacaciones a la familia del productor del programa; un cheque de 400.000 pesetas entregado por una empresa proveedora de 300 millones al director de ese espacio como "pr¨¦stamo personal"; adquisiciones innecesarias de vestidos que pasan a engrosar los armarios roperos de las artistas; sueldos millonarios que son completados con la propina de dietas y almuerzos sin justificar; regalos destinados a invitados del programa repartidos entre quienes lo realizan; cuentas del Gran Capit¨¢n en viajes, comidas, caf¨¦s, copas, asesor¨ªas y guiones; cintas de v¨ªdeo, mobiliario y material inventariable desaparecidos como por arte de magia de los almacenes; retrasos en las altas de la Seguridad Social y complacientes contratos para promover la fijeza en plantilla de colaboradores eventuales; un ballet que graba tres actuaciones, pero que cobra, por seis; firmas sospechosamente emparentadas entre s¨ª que compiten para conseguir una concesi¨®n decidida de antemano; despilfarro de material en filmaciones realizadas en Am¨¦rica con elevados costes de desplazamiento; cesi¨®n te¨®ricamente gratuita de un reportaje sobre Pl¨¢cido Domingo, propiedad de Televisi¨®n, a un semanario del coraz¨®n de gran circulaci¨®n, etc¨¦tera.

En lo que alcanzan nuestras informaciones, ni una hoja del bosque encantado de Prado del Rey se ha movido, sin embargo, a ra¨ªz de que los auditores concluyeran su desagradable trabajo. Y m¨¢s de una semana despu¨¦s de la aparici¨®n del reportaje en este diario, todav¨ªa se desconoce si el ministerio fiscal ha comenzado a indagar las "corrupciones", "anomal¨ªas" e "irregularidades" puestas al descubierto por el documento. Ese doble silencio -de la Administraci¨®n p¨²blica y del ministerio fiscal- contrasta vivamente con los perfiles escandalosos de los hechos revelados, que a?aden al oprobio cultural del programa 300 millones, una invenci¨®n de Rafael Ans¨®n para hacer hispanidad que ha funcionado en realidad como un penoso espacio de variedades, la sensaci¨®n de que el mal gusto puede ser, de a?adidura, un aut¨¦ntico fil¨®n para suculentos negocios privados.

De todos son conocidas las dificultades que ofrece nuestra legislaci¨®n penal para tipificar como delitos los despilfarros, los abusos y las corruptelas que eligen como v¨ªctima al Tesoro P¨²blico. De a?adidura, los llamados delitos econ¨®micos se defienden como gato panza arriba contra las pruebas gracias a la complejidad y lentitud de los trabajos periciales. Pero la causa recientemente elevada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo no s¨®lo revela que el ejercicio de la acci¨®n popular -reconocida en el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n y reglamentada en la ley de Enjuiciamiento Criminal- puede suplir, por una mayor convicci¨®n de quienes la esgrimen, la eventual tibieza del ministerio fiscal, sino que tambi¨¦n demuestra que las dificultades intr¨ªnsecas para la instrucci¨®n de un sumario de esa ¨ªndole pueden ser superadas.

Mucho m¨¢s sorprendente que la posible pasividad del ministerio p¨²blico ser¨ªa que los responsables de Prado del Rey continuaran mudos despu¨¦s de la publicidad de que han sido objeto los resultados de la investigaci¨®n. Los auditores dan nombres y apellidos, hablan expl¨ªcitamente de "corrupci¨®n", denuncian la falsificaci¨®n de: facturas, levantan acta de retrasos en las altas de la Seguridad Social, aluden a posibles infracciones de la legislaci¨®n de aduanas y se escandalizan de la ineficiencia y de los despilfarros en la administraci¨®n de los recursos puestos a disposici¨®n de los realizadores del programa. Ante esos datos, Eugenio Nasarre est¨¢ moral, jur¨ªdica y pol¨ªticamente obligado a informar, o bien de las medidas administrativas que se propone adoptar contra los responsables de esas irregularidades, o bien de los argumentos que le mueven a exculpar con todos los pronunciamientos favorables a los encartados. Todo menos que se meta debajo de la cama y cierre las contraventanas hasta que pase la tormenta, aunque s¨®lo sea porque la experiencia del sumario reci¨¦n elevado al Tribunal Supremo deber¨ªa ense?arle que el ejercicio de la acci¨®n popular tiene capacidad para poner en movimiento un procedimiento judicial de consecuencias imprevisibles.