Libertades p¨²blicas y orden p¨²blico

EL FUTURO Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez abre la doble expectativa de una vigorizaci¨®n de las libertades p¨²blicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, por un lado, y de una adecuada r¨¦plica a las amenazas violentas contra el orden institucional, por otro. En teor¨ªa, ambas metas son complementarias, puesto que s¨®lo el fortalecimiento de la vida democr¨¢tica privar¨¢ definitivamente de viabilidad pol¨ªtica al terrorismo y al golpismo y s¨®lo la desarticulaci¨®n de las tramas conspirativas de uno y otro signo permitir¨¢ el pleno desarrollo de las potencialidades del r¨¦gimen pluralista.Es evidente que los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas necesitan la protecci¨®n de los aparatos estatales, tanto gubernativos como judiciales, frente a los enemigos del r¨¦gimen democr¨¢tico. Sin embargo, la tendencia a la autonom¨ªa incontrolada de los servicios de seguridad, las inercias irrefrenadas del pasado que se manifiestan en h¨¢bitos de prepotencia institucionales y el nucleamiento de algunas estructuras p¨²blicas por grupos desestabilizadores obligan, en paralelo, a plantear el viejo problema de saber qui¨¦n vigila a los vigilantes. En esa dial¨¦ctica entre la necesidad de amparo de las libertades por los poderes p¨²blicos y la posibilidad de que esa protecci¨®n termine por desnaturalizar su caracter y axfisiar al objeto de su custodia descansa el dificil equilibrio de todos los sistemas pluralistas.

La utilizaci¨®n propagand¨ªstica que los ide¨®logos de la violencia hacen de los sufrimientos producidos por la espiral "acci¨®n-represi¨®n-pretexto para una nueva acci¨®n", la suerte de los presos o los malos tratos a los detenidos es algo mas que la transformaci¨®n en categor¨ªa pol¨ªtica de oscuras pulsiones sadomasoquistas. Aun rechazando la t¨¦cnica maniquea de blanquear un mal con otro, hay que recordar la triste obviedad de que los terroristas conculcan los derechos humanos de sus v¨ªctimas con una ferocidad y una frialdad que no guarda paralelo con ninguna otra manifestaci¨®n de fuerza abusiva. Mientras la Monarqu¨ªa parlamentaria ha abolido la pena capital y reconoce el derecho constitucional de todos "a la vida y a la integridad f¨ªsica y moral, sin que, en ning¨²n caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", los terroristas, que asumen por su cuenta el triple papel de legisladores, jueces y verdugos, contin¨²an matando a personas inocentes y sometiendo a refinadas torturas ps¨ªquicas y f¨ªsicas a las v¨ªctimas de sus secuestros -como ahora el industrial Orbegozo- y de sus extorsiones. Frente a la criminal ofensiva de los terroristas, el futuro Gobierno socialista posee la legitimidad democr¨¢tica y el apoyo social necesarios para hacer guardar la legalidad constitucional a estos sanguinarios desestabilizadores. El respaldo de todas las fuerzas democr¨¢ticas, la corresponsabilizaci¨®n de las instituciones de autogobierno del Pa¨ªs Vasco y la colaboraci¨®n del gobierno franc¨¦s deben potenciar la eficacia de los servicios policiales para poner fin a esa pesadilla.

Ahora bien, el caracter sagrado de los derechos humanos es una cuesti¨®n de principio que no admite excepciones ni tolera cegueras o sorderas temporales con el argumento de que las v¨ªctimas han sido antes verdugos. El garantismo constituye el n¨²cleo esencial del legado de la izquierda democr¨¢tica y una de sus se?as de identidad frente a los reg¨ªrnenes policiales de la Europa del Este y a la insensibilidad adormecida de los conservadores que prefieren la injusticia al desorden. De a?adidura, las bandas terroristas, para conservar sus bases sociales, reabren continuamente las heridas de represiones pasadas e instrumentalizan las infracciones de la legalidad constitucional cometidas por los propios aparatos del Estado. Mientras haya detenidos que sufran "tratos inhumanos o degradantes" en los centros de interrogatorio, los terroristas conservar¨¢n la posibilidad de transformar hip¨®critamente en pretextos para su violencia esas violaciones, intr¨ªnsecamente condenables, de la dignidad de las personas. El desarrollo de los mandatos constitucionales del habeas corpus y la asistencia letrada al detenido, que figura en el programa electoral socialista, podr¨ªa significar en la pr¨¢ctica la revisi¨®n de ese preocupante espacio de sombra que la legislaci¨®n excepcional ha creado al permitir la completa incomunicaci¨®n durante nueve d¨ªas de los sospechosos. La designaci¨®n de Defensor del Pueblo tambi¨¦n puede contribuir a cerrar cualquier resquicio para el incumplimiento por el Estado de las garant¨ªas constitucionales. En cualquier caso, quienes administran, por mandato de la soberan¨ªa popular, el monopolio legal de la fuerza son los primeros obligados a guardar esas de libertades y derechos reconocidos en el Titulo I de la Constituci¨®n que tienen que hacer guardar luego al resto de los ciudadanos.

Se?alemos, finalmente, que la articulaci¨®n entre el desarrollo de las libertades de los espa?oles y el funcionamiento de las instituciones encargadas de asegurar el orden p¨²blico puede producir roces no s¨®lo en los casos l¨ªmite del terrorismo y el golpismo sino tambi¨¦n en otros campos de la participaci¨®n ciudadana. El ins¨®lito espect¨¢culo que brind¨® en su d¨ªa el entonces teniente de alcalde Barrionuevo al ordenar que la polic¨ªa municipal madrile?a cargase contra una manifestaci¨®n de feministas puede servir de ilustraci¨®n sobre las tentaciones inherentes al ejercicio del poder. Los socialistas se comprometieron en su campa?a a desarrollar los mandatos constitucionales referentes a los derechos de petici¨®n individual y colectiva y a promulgar una nueva normativa para regular los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n. Tambi¨¦n el derecho de huelga necesita una normativa ajustada al r¨¦gimen democr¨¢tico y al ordenamiento constitucional. La libertad de expresi¨®n consiste en la capacidad para informar y opinar al margen de los deseos del poder y en la renuncia del Gobierno a monopolizar los medios de comunicaci¨®n estatales. La participaci¨®n democr¨¢tica implica movilizaci¨®n pol¨ªtica y ¨¦sta, a su vez, puede suscitar el recelo y la desconfianza de quienes sean proclives a criticar las arrogancias del poder ¨²nicamente cuando no lo ostentan. El gobierno socialista no debe olvidar que los r¨®tulos no bastan para calificar a las conductas, que el poder tiende a reproducirse con independencia de quienes sean sus titulares y que el compromiso de proteger los derechos fundamentales de los espa?oles tiene la doble cara de erradicar las amenazas del terrorismo y del golpismo y de garantizar el ejercicio de las libertades p¨²blicas.