Un concepto diferente de la defensa

EL PROGRAMA electoral del Partido Socialista Obrero Espa?ol en el cap¨ªtulo de defensa propugna entre sus objetivos: una estrecha coordinaci¨®n con la pol¨ªtica exterior, la reducci¨®n de los efectivos y el aumento de su eficacia operativa, el mantenimiento del servicio militar obligatorio y la prestaci¨®n preferente del mismo en la regi¨®n de origen del recluta, el cambio de la organizaci¨®n militar territorial en base al sistema de las grandes unidades y zonas de movilizaci¨®n, el aumento del grado de autoabastecimiento de las Fuerzas Armadas mediante el desarrollo planificado de la industria b¨¦lica nacional. Junto a esas metas se enuncian algunos criterios o principios generales como son la plena profesionalizaci¨®n de los militares, la reforma de la ense?anza de acuerdo con las exigencias de la t¨¦cnica y la adecuaci¨®n a los principios constitucionales, la reestructuraci¨®n de los cuerpos y escalas, la restricci¨®n del ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n castrense a los delitos cometidos por militares y que lesionen intereses militares y la adopci¨®n de medidas sociales para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las prestaciones sanitarias y educativas.Yendo a los fundamentos, la defensa ha de proyectarse en funci¨®n de las amenazas, y la estrategia, definirse en funci¨®n de los enemigos. Ha sido el propio Jefe del Estado, su majestad el rey Juan Carlos I, quien, el 27 de octubre, v¨ªspera de las elecciones generales, en audiencia a los l¨ªderes de los partidos pol¨ªticos, expuso con toda solemnidad que "en el proceso de consolidaci¨®n de la democracia en nuestro pa¨ªs estamos viviendo momentos en los cuales tropezamos con dos importantes amenazas: el terrorismo y el golpismo". El Rey, s¨ªmbolo de la unidad y permanencia del Estado, ¨¢rbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, se ha referido "a esa sangr¨ªa constante que el terrorismo significa y el sufrimiento permanente que origina en todos los espa?oles" y a la nueva trama de golpe militar que, "aunque afecte tan s¨®lo a un reducido n¨²mero de miembros de las Fuerzas Armadas, constituye tambi¨¦n un riesgo inadmisible de alarma constante". Es ineludible, dijo don Juan Carlos, luchar juntos contra esos dos enemigos comunes. La eficacia en el combate al terrorismo es responsabilidad primaria de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no dejar¨¢ de tener una significativa y muy directa influencia moral sobre los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al golpismo, "que pretende imponer por la violencia la voluntad de una minor¨ªa a los deseos mayoritarios del pueblo", hay que desactivarlo decididamente, sin consentir su permanencia y sin incitarlo a nuevas acciones. Sin alcanzar ese objetivo no ser¨ªa posible la identificaci¨®n del pueblo con sus Fuerzas Armadas, y desde el recelo y la sospecha no cabe articular la defensa de Espa?a. El Plan Estrat¨¦gico Conjunto (PEC), actualmente vigente, as¨ª lo reconoce cuando declara la pretensi¨®n de "conseguir un fortalecimiento de la conciencia nacional para lograr la mayor identidad posible entre el pueblo y las Fuerzas Armadas en la empresa com¨²n de la defensa". Como alcanz¨® a decir a los integrantes de su unidad, antes de su reciente cese, el coronel Juan S¨¢nchez-Oca?a, jefe del Tercio Duque de Alba, la Constituci¨®n debe ser obedecida "porque es el mandato legal de nuestros compatriotas, que nos han dado estas armas y este uniforme y con ello nos han entregado su confianza". Una pol¨ªtica de defensa no consiste s¨®lo ni principalmente en acumular armamentos; supone, sobre todo, consolidar la cohesi¨®n nacional. En consecuencia, la idea de un pacto nacional en la lucha contra el terrorismo y el golpismo y en defensa de los intereses exteriores de Espa?a, aceptada por Felipe Gonz¨¢lez durante la campa?a, debe instrumentarse diligentemente.

Dentro del cambio que se espera, la subordinaci¨®n de las Fuerzas Armadas al poder pol¨ªtico debe resplandecer en todo momento, conforme a lo prescrito en la Constituci¨®n, cuyo acatamiento es expresi¨®n colectiva de la disciplina seg¨²n las Reales Ordenanzas, y que desautoriza plenamente la insidiosa tendencia a preferir para la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) una imposible dependencia directa respecto del Rey, puenteando la autoridad que compete al Gobierno. La modernizaci¨®n org¨¢nica y t¨¦cnica de las Fuerzas Armadas debe corresponderse con una pol¨ªtica de nombramientos coherente. Los socialistas se cuentan entre los firmes convencidos de que "nada hay m¨¢s nocivo que compeler a los oficiales a la militancia pol¨ªtica o hacer de ¨¦sta un atajo de la carrera de las armas"; pero tampoco podr¨¢n ignorar que ning¨²n r¨¦gimen pol¨ªtico -y el democr¨¢tico no es una excepci¨®n- puede permitirse el lujo de mantener a oficiales que le son fundamentalmente hostiles y que se insubordinan a sus superiores jer¨¢rquicos.

De poco servir¨¢n adem¨¢s cuantas medidas acertadas para la defensa de Espa?a se adopten si el eco que de ellas se percibe en el seno de las Fuerzas Armadas llega tergiversado por los ¨®rganos permanentes de intoxicaci¨®n golpista dedicados a incitar a la rebeli¨®n, con audiencia tan crecida en las filas castrenses. Es inaplazable el planteamiento riguroso de la batalla por la informaci¨®n y la opini¨®n interior en el seno de los Ej¨¦rcitos. El Gobierno deber¨¢ invertir la situaci¨®n actual donde las meras convicciones o actitudes constitucionales, por muy privadamente que se hubieran mantenido, se han convertido para sus sustentadores en estigmas de postergaci¨®n, mientras la insolencia abierta contra la autoridad del Gobiemo y la Carta Constitucional no ha sido obst¨¢culo alguno para la promoci¨®n de ascensos y destinos.

Al nuevo Gobierno le aguarda la tarea de reunir en el Ministerio de Defensa muchas de las competencias hoy irracionalmente dispersas en los estados mayores. Para formarse una idea de la situaci¨®n actual, t¨¦ngase en cuenta que, por ejemplo, ahora existen 26 organismos diferentes para la compra de material b¨¦lico. Y que ni los aprovisionamientos, ni la sanidad, ni la intendencia, ni los servicios jur¨ªdicos tienen un tratamimto conjunto sino que permanecen aislados en cada uno de los cuarteles generales de los tres Ej¨¦rcitos. Otros renglones morales deber¨¢n ser atendidos. As¨ª, el de terminar con la discriminaci¨®n adoptada al conceder la amnist¨ªa a los antiguos miembros de la autodisuelta Uni¨®n Militar Democr¨¢tica, de forma que puedan reintegrarse, si lo desean, al servicio. As¨ª tambi¨¦n, sellar la reconciliaci¨®n y atender las postergadas reclamaciones de los oficiales que sirvieron en el Ej¨¦rcito de la Rep¨²blica.

El cambio que se espera sintoniza plenamente con las exigencias mantenidas por el partido socialista durante su etapa de oposici¨®n, en favor de abrir un aut¨¦ntico debate nacional sobre las cuestiones de la defensa sac¨¢ndolas del secretismo que las priva de la comprensi¨®n p¨²blica, y abre las pol¨¦micas despu¨¦s de adoptadas las decisiones, como ha sucedido en el programa para el Futuro Avi¨®n de Combate y Ataque (FACA). Los recursos asignados a la defensa deben ser capaces de asegurar una disuasi¨®n suficiente en los escenarios de conflicto que pesan sobre nosotros. Su determinaci¨®n deber¨¢ revisarse a tenor de las alternativas que el Gobierno establezca en cuanto a la permanencia en la OTAN y el futuro que se reserve al acuerdo defensivo con Washington. Pero la determinaci¨®n de los efectivos, su despliegue y la modernizaci¨®n del equipo deben liberarse del peso de otros factores y del deslumbramiento de la barroca tecnolog¨ªa armamentista.