Los momentos oportunos de un ministro ilocalizable

EN EL campo puramente especulativo de las hip¨®tesis, la muerte de Juan Mart¨ªn Luna, dirigente de los GRAPO condenado a 37 a?os de prisi¨®n por el asesinato del capit¨¢n Herguedas y huido de la prisi¨®n de Zamora en diciembre de 1979, ha podido ser causada tanto por el cruce fatal de disparos entre el fallecido y la fuerza p¨²blica encargada de su detenci¨®n como por la inaceptable aplicaci¨®n de la tristemente c¨¦lebre ley de fugas al sospechoso. Este ¨²ltimo procedimiento fue, si no inventado, al menos generalizado por Jos¨¦ Zugasti, que ocup¨® el Gobierno Civil de C¨®rdoba en 1870 con el objetivo de desarticular las cuadrillas de bandoleros que hab¨ªan abandonado las viejas pr¨¢cticas de los salteadores de caminos para sustituirlas por el crimen y el secuestro organizados. Zugasti dej¨® a la posteridad un libro famoso sobre el bandolerismo, pero tambi¨¦n el triste legado de haber normalizado, con la coartada protectora de las convicciones liberales de un activo participante en la Revoluci¨®n del 68, el asesinato legal o alegal de los delincuentes.Los cuerpos de seguridad pueden esgrimir el derecho -exclusivamente moral, por lo dem¨¢s- a la presunci¨®n iuris tantum de que el comportamiento de la fuerza p¨²blica el pasado domingo en Barcelona fue escrupulosamente respetuoso con las normas de nuestro ordenamiento constitucional y de que Juan Mart¨ªn Luna, completamente cercado e intimidado a rendirse, vendi¨® cara su vida en un enfrentamiento a muerte con la polic¨ªa que equival¨ªa a su suicidio. Otras hip¨®tesis, sin embargo, pueden esbozar la sospecha de que el grapo acorralado no tuvo ni siquiera la oportunidad de entregarse a sus perseguidores y que su muerte es la consecuencia de una aplicaci¨®n brutalmente desproporcionada y contraria a derecho de los procedimientos propios de un Estado democr¨¢tico para detener en la v¨ªa p¨²blica a un sospechoso. Varias podr¨ªan ser las eventuales razones que permitieran explicar esa pesimista interpretaci¨®n, improbable pero no imposible, de los hechos; entre ellas el deseo de cerrar la boca a quien conoc¨ªa secretos relativos a las oscuras conexiones del terrorismo.

Tan s¨®lo la reconstrucci¨®n sumarial de los hechos por el juez instructor, que lamentar¨¢ la falta de testigos presenciales del tiroteo, podr¨¢ confirmar o invalidar alguna de esas hip¨®tesis. Sin embargo, como tuvimos ya oportunidad de se?alar en nuestro comentario de ayer, el mutismo del portavoz del Gobierno y del ministro del Interior resulta sorprendente cuando se lo compara con las promesas de transparencia informativa de los socialistas durante su campa?a electoral y con las cr¨ªticas dirigidas por los diputados del PSOE durante la anterior legislatura contra los silencios del anterior Gobierno en situaciones semejantes. La sorpresa se transforma en preocupaci¨®n y alarma cuando Jos¨¦ Barrionuevo declara que habr¨¢ m¨¢s informaci¨®n sobre ese oscuro suceso "en el momento oportuno", que ese momento "no es ayer ni hoy" y que el pasado domingo "no estaba localizable para quienes no ten¨ªa que estarlo", esto es, para los informadores de Prensa. Muchos votantes del cambio se sentir¨¢n profundamente defraudados ante ese prodigioso monumento a la invariaci¨®n que significa que el ministro del Interior del nuevo Gobierno socialista se jacte p¨²blicamente de dar esquinazo a los informadores, de administrar a su entero arbitrio los silencios sobre asuntos de su departamento referentes a los derechos humanos (de los que tambi¨¦n son titulares los delincuentes) y de reservarse, sin plazo definido, el momento oportuno para recuperar el uso de la voz. En la primera ocasi¨®n que el se?or Barrionuevo ha tenido de demostrar que en algo es diferente un ministro de polic¨ªa de este gobiemo a otro del pasado no lo ha podido hacer peor.