El Gobierno estudia un decreto-ley para prorrogar los Presupuestos del Estado hasta mayo o junio

La elaboraci¨®n de los Presupuestos del Estado para 1983 empez¨® ayer, con el estudio de un decreto-ley que prorrogar¨¢ los de 1982 hasta que sean aprobados aqu¨¦llos, en mayo o junio. Est¨¢ previsto que la disposici¨®n eleve desde enero las pensiones, los sueldos de los funcionarios y el dinero disponible para inversiones p¨²blicas. Por tanto, durante casi un semestre tendr¨¢ los mismos efectos monetarios que unos Presupuestos. Pero su virtualidad puede ir m¨¢s all¨¢ de garantizar la actividad del sector p¨²blico y subir las rentas a cinco millones de pensionistas y mill¨®n y medio de funcionarios. Da al Gobierno la posibilidad de reservarse hasta su publicaci¨®n -la primera semana de enero- el marcar la pauta de la negociaci¨®n colectiva para 1983.

El estudio del decreto-ley se inici¨® en sesiones mantenidas en el Ministerio de Hacienda, Econom¨ªa y Comercio, y en la primera reuni¨®n de los secretarios de Estado, preparatoria del Consejo de Ministros de ma?ana mi¨¦rcoles. Ha servido de base el proyecto de presupuestos del anterior Gobierno, que inclu¨ªa diversas hip¨®tesis para subir las remuneraciones y pensiones: entre el 8% y el 14%, extremos luego cerrados entre el 9% y el 11%. Tambi¨¦n ha salido a relucir un dictamen sobre la pr¨®rroga encargado a la Direcci¨®n General de lo Contencioso.Aunque la Constituci¨®n y la Ley General Presupuestaria prev¨¦n la pr¨®rroga inmediata para el a?o en que no haya sido aprobado el Presupuesto el 1 de enero, los juristas debaten el alcance de la medida. Unos se inclinan por entender prorrogada casi toda la ley presupuestaria del ejercicio anterior y otros s¨®lo los estados num¨¦ricos. El debate no fue despejado por la pr¨®rroga de principios de 1979, reforzada tambi¨¦n por un decreto-ley y que hab¨ªa sido precedida por otras en los tres reg¨ªmenes anteriores: Restauraci¨®n, Rep¨²blica y 18 de Julio.

Ante este debate y los importantes efectos de la ¨²ltima pr¨®rroga, fue encargado el citado informe de la Direcci¨®n General de lo Contencioso. En s¨ªntesis, ¨¦sta ha considerado prorrogados autom¨¢ticamente los estados num¨¦ricos, las normas referidas a la administraci¨®n de gastos e ingresos y las normas de car¨¢cter general que no diga la ley de 1982 que se refieren s¨®lo a un a?o (entre ellas destacan las normas tributar¨ªas y las que fijan las emisiones de deuda p¨²blica).

Por el contrario, el dictamen considera que puede ser necesario el decreto-ley para subir las retribuciones, poner otro techo a las inversiones, modificar la cuant¨ªa de las emisiones de deuda, cambiar algunas normas de tipo tributario y fiscal, y aclarar, en todo caso, los puntos discutibles. Uno de los m¨¢s importantes es el de las modificaciones presupuestarias respecto a las previsiones iniciales, que en el cap¨ªtulo de gastos fueron de 366.000 millones en 1981, 279.000 en 1982 y 237.000 hasta septiembre de 1982.

Seg¨²n fuentes socialistas, el PSOE decidi¨® inmediatamente despu¨¦s de ganar las elecciones sacar el decreto-ley de pr¨®rroga y los primeros responsables de Hacienda han esbozado ya algo su contenido, pero el Gobierno ha dado prioridad hasta ahora a la devaluaci¨®n y la revisi¨®n de los precios energ¨¦ticos. Sin embargo, se considera necesario atajar cualquier incertidumbre, sobre todo a la vista de que el retraso en la aprobaci¨®n de cr¨¦ditos extraordinarios por la disoluci¨®n de las Cortes y el inminente agotamiento del ciclo presupuestario han coincidido con una nueva ca¨ªda de la inversi¨®n privada (para algunos especialistas, del 1,1% en 1981 y del 5% en 1982), pese a que la inversi¨®n p¨²blica ha crecido en t¨¦rminos nominales m¨¢s del 40%. y cerca del 30%, respectivamente.

Inversi¨®n p¨²blica

Junto a la necesidad de seguir cebando la bomba de la inversi¨®n desde el sector p¨²blico, reclamada en las ¨²ltimas semanas incluso por la patronal CEOE, los sindicatos CC OO y UGT han pedido al Gobierno que haga algunas indicaciones previas a la negociaci¨®n colectiva para 1983.En concreto, durante su primera reuni¨®n conjunta para fijar una plataforma, el pasado viernes, consideraron necesario que antes de fin de a?o el Gabinete despeje inc¨®gnitas sobre incrementos de pensiones, salarios de los funcionarios y salario m¨ªnimo interprofesional, adem¨¢s de otras sobre reducci¨®n de jornada a cuarenta horas, aumento de las vacaciones y jubilaciones anticipadas.

El Gobierno, a juzgar por las recientes declaraciones de su presidente a EL PAIS, "no querr¨ªa incidir en la voluntad de los negociadores" de rentas salariales y no salariales, aunque estima justa una distribuci¨®n de las cargas y entiende que tiene que proporcionar unos datos veraces previos.

No obstante, el deseo gubernamental de que se mantenga el poder adquisitivo del conjunto de la renta salarial, la fijaci¨®n del 12% como objetivo de inflaci¨®n para 1983, y el prop¨®sito de contener el d¨¦ficit p¨²blico y el crecimiento de la deuda p¨²blica, limitando a lo imprescindible el recurso al Banco de Espa?a para no generar inflaci¨®n, deja un margen poco superior al 20% en la financiaci¨®n al sector p¨²blico.