El descontrol de las recaudaciones de la Seguridad Social ayud¨® al fraude

, El fraude a la Seguridad Social, cuyas primeras investigaciones se iniciaron a principios del pasado oto?o por la Inspecci¨®n de Trabajo de Barcelona, ha sido posible gracias al enorme descontrol existente en las recaudaciones de las cuotas empresariales. La tesorer¨ªa territorial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona, por ejemplo, tiene pendientes de cobro por la v¨ªa de requerimiento alrededor de 50.000 millones de pesetas en el per¨ªodo comprendide entre julio de 1979 y diciembre de 1981.

Durante este tiempo, adem¨¢s de los inicios de 1982, se centr¨® la actividad fraudulenta de varios inspectores y funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspecci¨®n de Trabajo (ODIT), en connivencia con un n¨²mero todav¨ªa indeterminado de empresas y profesionales del sector. Todav¨ªa no se han,depurado inform¨¢ticamente las cuotas adeudadas durante 1982, per¨ªodo tambi¨¦n sujeto a investigaci¨®n.Lo m¨¢s sorprendente, seg¨²n datos elaborados por la tesorer¨ªa territorial del INSS de Barcelona, es que los 20.643 millones adeudados durante el segundo semestre de 1979, correspondientes a 24.024 requerimientos de pago con recargo, inexplicablemente todav¨ªa no han sido remitidos a las empresas. M¨¢s incre¨ªble todav¨ªa resulta el hecho de que la Administraci¨®n ignora en absoluto las deudas relativas al per¨ªodo comprendido entre enero y agosto de 1980, raz¨®n por la que ni siquiera se han hecho los correspondientes requerimientos de pago.

Sin embargo, la actual investigaci¨®n versa sobre los requerimientos efectuados a partir de septiembre de 1980, fecha en que se inici¨® la mecanizaci¨®n de las cuotas a trav¨¦s de ordenador. Un total de 90.175 requerimientos han sido efectuados por la ODIT desde aquella fecha hasta diciembre de 1981 por una cuant¨ªa global de 28.730 millones de pesetas. Los falsos requerimientos descubiertos hasta el momento y las actas complementarias enviadas la pasada semana alcanzan a un centenar de empresas, con un volumen defraudado pr¨®ximo a los 2.100 millones de pesetas. Fuentes solventes consideran, no obstante, que todav¨ªa es imposible determinar el alcance num¨¦rico del fraude.

La presunta estafa consist¨ªa en esencia en rebajar las cotizaciones pendientes que algunas empresas ten¨ªan con la Seguridad Social. Ello era posible gracias a una pr¨¢ctica de "autodenuncia" voluntaria de las propias empresas, cuyos gerentes -en unos casos- y gestores -en otros- acud¨ªan a inspectores de su confianza que les extend¨ªan requerimientos por valores inferiores a los reales. Los requerimientos tambi¨¦n pod¨ªan ser expedidos por interventores de la Seguridad Social que posteriormente eran ratificados por los Inspectores de Trabajo destinados a la ODIT.

Contrapartidas variables

Fuentes solventes declararon a este diario que la contrapartida recibida por los funcionarios variaba en funci¨®n de que el requerimiento fuera un hecho aislado, o bien que sirviera para poder obtener autorizaciones en expedientes de regulaci¨®n de empleo. La exigibilidad del requerimiento se da, por ejemplo, en los casos de suspensiones temporales de contratos, para cuya obtenci¨®n es necesario que las empresas se hallen al corriente de sus pagos a la Seguridad Social o bien hayan sido requeridas oficialmente a los m¨ªsmos. Sin este requisito los trabajadores afectados no podr¨ªan cobrar el subsidio de desempleo.El jefe de los inspectores de la ODIT, independiente en aquella ¨¦poca de la Delegaci¨®n de Trabajo, era Jaime Talens. En el departamento prestaban tambi¨¦n sus servicios los funcionarios Francisco Gilabert, actualmente en excedencia, y Jos¨¦ Luis Garc¨ªa. A ninguno de ellos le ha sido abierto expediente.

Las irregularidades fueron detectadas cuando una empresa solicit¨® rectificar su acta de requerimiento con la finalidad de corregir algunos datos que hubieran facilitado el descubrimiento del fraude. En ese momento el inspector jefe de la ODIT, nombrado recientemente en sustituci¨®n de Ram¨®n Ballesteros -a quien ha sido abierto expediente administrativo por estos hechos, junto al exdelegado en funciones de trabajo de Barcelona, Graciniano G¨®mez Cat¨®n- sospech¨® la existencia de irregularides en las actas.

En septiembre se inici¨® una investigaci¨®n a cargo de la Jefatura Central de la Inspecci¨®n de Trabajo y de la Subsecretar¨ªa de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, cuyo titular era Vidal Cuenca. Actualmente las investigaciones contin¨²an a cargo de dos instructores de la Jefatura Central de la Inspecci¨®n de Trabajo, as¨ª como de un fiscal designado por la Audiencia de Barcelona y de'un cuerpo especializado de la Guardia Civil.

Expedientes de crisis

Se da la circunstancia que algunas de las empresas implicadas en los requerimientos falsificados hab¨ªan presentado de forma paralela expedientes de regulaci¨®n de empleo ante la Delegaci¨®n de Trabajo, durante la ¨¦poca en que Graciniano G¨®mez Cat¨®n fue inspector, para pasar posteriormente a ostentar el cargo de subdelegado y de delegado en funciones y, finalmente, de inspector en la ODIT, destino que ten¨ªa adjudicado desde un a?o antes de ser cesado en su cargo. Curiosamente, la categor¨ªa de delegado de trabajo en funciones, que ¨¦ste desarroll¨® durante m¨¢s de un a?o, no est¨¢ prevista en la legislaci¨®n vigent, ni tiene asignada dotaci¨®n presupuestaria, hecho que fue utilizado por algunos abogados laboralistas para impugnar resoluciones firmadas por ¨¦l.La coincidencia entre el requerimiento de Seguridad Social fraudulento y un expediente de regulaci¨®n de empleo se da en las empresas Rocalla SA y Manufacturas Petronius. La primera tiene su principal factor¨ªa en Castelldefeis y se dedica a la fabricaci¨®n y comercializ aci¨®n de materiales de fibrocemento. En septiembre de 1980 esta empresa solicit¨® un expediente para rescindir 197 contratos de trabajo. A pesar de que el informe de los inspectores que intervinieron en el procedimiento fue denegatorio, G¨®mez Cat¨®n autoriz¨® la solicitud de la empresa, hecho que constituye una pr¨¢ctica excepcional. El sindicato de Comisiones Obreras, que asesoraba a los trabajadores de Rocalla, solicit¨® ya entonces su dimisi¨®n.

La extra?a actuaci¨®n de G¨®mez Cat¨®n durante la negociaci¨®n de varios expedientes de regulaci¨®n de empleo cuando era subdelegado y delegado en funciones ten¨ªa a precedentes conocidos desde varios a?os atr¨¢s. En 1979 una economista de CC OO comunic¨® al entonces delegado de Traba o, Joaqu¨ªn Borrell, al subdelegado Jorge Fern¨¢ndez -posteriormente delegado y gobernador civil de Asturias y Barcelona-, y al jefe de la Inspecci¨®n de Trabajo, en una reuni¨®n convocada al efecto, la existencia de una letra de cambio librada a G¨®mez Cat¨®n por la empresa Transportes Vilanova.

La economista protest¨® entonces de que G¨®mez Cat¨®n hubiera intervenido como inspector en un expediente de crisis de esta empresa, ubicada en Badalona, sin que le correspondiera, ya que no ten¨ªa adjudicada la competencia sobre aquella zona. Aunque los asistentes a la reuni¨®n corroboraron la existencia de relaciones comerciales entre G¨®mez Cat¨®n y Transportes Vilanova, fueron atribuidas a actuaciones privadas de aqu¨¦l, que se hallaba familiarmente vinculado al sector del transporte, y no dieron importancia al hecho.