Un acuerdo necesario

EL ACUERDO entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales para establecer las condiciones generales de la negociaci¨®n colectiva durante 1983 tiene hoy su ¨²ltima oportunidad de llegar a buen puerto. Si las conversaciones se rompen, es de temer que, a diferencia de a?os anteriores, patronos y trabajadores no puedan disponer de puntos de referencia para fijar las remuneraciones salariales de los m¨¢s de 3.000 mil convenios pendientes de discusi¨®n. Durante su entrevista con Ferrer Salat, presidente de la CEOE, y Nicol¨¢s Redondo, secretario general de UGT, Felipe Gonz¨¢lez reiter¨® la actitud del Gobierno de apoyar la pol¨ªtica de concertaci¨®n, y no de enfrentamiento, con los agentes econ¨®micos y sociales. Ahora bien, la postura de respetar la autonom¨ªa de las partes, totalmente coherente con los principios del pluralismo democr¨¢tico, no justifica el silencio del Poder Ejecutivo, a prop¨®sito de los salarios en las empresas p¨²blicas y de los sueldos de los funcionarios, que podr¨ªan haber servido de referencia a los negociadores del sector privado. El anuncio hecho ayer por el ministro de Econom¨ªa y Hacienda del cuadro macroecon¨®mico del Gobierno para 1983 remedia s¨®lo parcialmente esa omisi¨®n.Los primeros a?os de democracia habituaron a los espa?oles a un consenso en las relaciones laborales que permiti¨® acuerdos de guante blanco, en vez de peleas encarnizadas, en la negociaci¨®n de los convenios sectoriales o de empresa. Cabe temer que ese per¨ªodo de tranquilidad y buenas maneras haya malacostumbrado a empresarios y trabajadores hasta el punto de hacerles olvidar los inconvenientes comunes que pueden derivarse de una pugna frontal que se desarrollar¨ªa en circunstancias financieras sumamente delicadas para las empresas y nada favorables para la conflictividad de los trabajadores. La etapa en que la combatividad obrera se traduc¨ªa de forma casi autom¨¢tica en subidas salariales y ventajas contractuales lleg¨® temporalmente a su fin con la crisis de los setenta. La sobreacumulaci¨®n de stocks y la escasa presi¨®n de una demanda mortecina suelen permitir a muchos empresarios desear incluso la eventualidad de unas huelgas que, en los a?os anteriores a la crisis, se habr¨ªan traducido en seguras disminuciones de las ganancias. De otro lado, las empresas m¨¢s saneadas y competivas del horizonte espa?ol, en muchos casos con excelente posibilidades exportadoras, podr¨ªan ver amenazada su situaci¨®n si los conflictos en torno a cuestiones salariales volvieran a librarse sin reglas de juego.

El resultado podr¨ªa combinar lo peor de todos los mundos posibles. Mientras los sectores obreros m¨¢s desprotegidos se encontrar¨ªan incapacitados para defender su poder adquisitivo frente a una patronal dispuesta a dictar sus condiciones, la competitividad exterior de la econom¨ªa espa?ola quedar¨ªa seriamente amenazada en el indeseable supuesto de que las empresas de punta tuvieran que enfrentarse a severos conflictos laborales cuyo desenlace fuera la firma de convenios que implicaran subidas salariales excesivas para la actual situaci¨®n econ¨®mica de nuestro pa¨ªs. De a?adidura, esa crispada negociaci¨®n, carente de puntos de referencia globales y realizada por unas centrales debilitadas y unas empresas atemorizadas ante el espectro de la quiebra, tendr¨ªa lugar en la precampa?a de las elecciones municipales y podr¨ªa dar lugar a la politizaci¨®n de los conflictos, auspiciados en unos casos por empresarios deseosos de caldear el ambiente con huelgas de dif¨ªcil salida y en otros por los sindicatos -en especial por CC OO- con intereses distintos a los del partido en el Gobierno.

En cierto sentido se dir¨ªa que las organizaciones empresariales y las centrales sindicales est¨¢n sucumbiendo a ese v¨¦rtigo que, seg¨²n Roger Caillois, conduce a las naciones al abismo de la guerra despu¨¦s de un largo per¨ªodo de paz. Tras la aparente frialdad con la que sindicatos y patronal parecen contemplar la posibilidad de una ruptura de las negociaciones, cabe adivinar la actitud del jugador de p¨®ker que apuesta de farol para intimidar al adversario y convencerle de la debilidad de su posici¨®n. El riesgo, no obstante, es que la partida termine en una monumental pelea que rompa la baraja, ponga la mesa patas arriba y perjudique a pr¨¢cticamente todos los sectores. Tan s¨®lo las peque?as empresas en las que los trabajadores no sindicados se resignasen a su suerte o las compa?¨ªas mas competitivas y rentables capaces de pagar salarios altos podr¨ªan salir comparativamente bien libradas de ese naufragio colectivo, que abrir¨ªa una nueva etapa de deterioro en el proceso de ajuste de la econom¨ªa espa?ola a las nuevas condiciones internacionales.

La historia, desgraciadamente, tiene precedentes. La consecuencia del fracaso final de los Pactos de la Moncloa fue un grave retroceso para la reestructuraci¨®n de nuestra econom¨ªa frente a la crisis. Si ese mismo efecto perverso se volviera a producir en 1983, cuando el tiempo perdido es ya casi escandaloso y la lucha para tomar ventajas en la carrera hacia un nuevo esquema econ¨®mico internacional est¨¢ tomando visos de enorme dureza, no s¨®lo el proyecto de regeneraci¨®n del pa¨ªs anunciado por el gobierno socialista se ver¨ªa amenazado sino que, adem¨¢s, todas las partes involucradas en la negociaci¨®n padecer¨ªan las consecuencias. A la vista de los perjuicios que supondr¨ªa para toda la sociedad espa?ola la ruptura de las negociaciones en curso, ser¨ªa inadmisible que el acuerdo no llegara a firmarse por la discrepancia en un punto, por arriba o por abajo, en la banda salarial, ya que las empresas suelen aplicar, en la vida real, una flexibilidad para la negociaci¨®n que rara vez se ajusta milim¨¦tricamente a los extremos de las bandas acordadas. La experiencia del AMI y del ANE ense?a que los convenios pueden producir un deslizamiento al alza de los salarios all¨ª donde las condiciones lo permiten. Por el contrario, y con la consabida excepci¨®n de los sectores muy combativos o de las empresas muy saneadas, el incremento de salarios para 1983 se situar¨ªa probablemente, caso de no firmarse un acuerdo global, en la parte inferior de la banda que ahora se negocia, dada la necesidad de a?adir el resto de los costos laborales (Seguridad Social, reducci¨®n de la jornada, impuestos) que el empresario eval¨²a en su pr¨¢ctica diaria.

En estas delicadas circunstancias, s¨®lo cabe pedir responsabilidad a las partes negociadoras y confiar en que el sentido com¨²n, la conciencia de los propios l¨ªmites y la capacidad para ponerse en el lugar del contrincante termine sobreponi¨¦ndose al maximalismo doctrinario, a la prepotencia arrogante y al deseo de humillar al adversario. Porque nadie deber¨ªa olvidar, adem¨¢s, que la solidaridad pr¨¢ctica con los dos millones y pico de espa?oles parados y la defensa de los puestos de trabajo existentes constituyen, en este momento, el principal problema social de nuestra convivencia democr¨¢tica.