Regreso al Tribunal Constitucional
EL GRUPO del Congreso de Alianza Popular ha rechazado la propuesta socialista para ratificar en sus cargos a dos miembros del Tribunal Constitucional (Manuel D¨ªez de Velasco y Francisco Tom¨¢s y Valiente) y sustituir a los otros dos magistrados (Francisco Rubio Llorente y Antonio Truyol Serra), pendientes de renovaci¨®n reglamentaria. La f¨®rmula defendida por Manuel Fraga es que la convalidaci¨®n o el relevo debe afectar a los cuatro magistrados en bloque. Alianza Popular tiene, a nuestro juicio, toda la raz¨®n en este litigio. Recordemos que pertenece a la misma naturaleza del r¨¦gimen parlamentario que las buenas causas, desprotegidas en un sector de la C¨¢mara, puedan encontrar r¨¢pidamente refugio en otro rinc¨®n del hemiciclo, cualesquiera que sean las motivaciones profundas de una u otra decisi¨®n.Los socialistas, tras este fiasco, tratan de poner en marcha una estrategia alternativa que les permita cosechar en otros grupos parlamentarios esos votos que les niega Alianza Popular y que necesitan para alcanzar los tres quintos de la C¨¢mara preceptivos. Con independencia de que esa operaci¨®n logre su prop¨®sito, ser¨ªa sorprendente que el PSOE, despu¨¦s de ponerse de acuerdo con Manuel Fraga para nombrar por abrumadora mayor¨ªa al presidente del Congreso y el defensor del pueblo, optase por designar, mediante una mayor¨ªa escu¨¢lida, a los miembros de un ¨®rgano tan esencial para el funcionamiento de nuestro sistema - jur¨ªdico pol¨ªtico como es el Tribunal Constitucional.
La necesidad de proceder a la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional por terceras partes cada tres a?os explica que el mandato -improrrogable- de nueve a?os de los doce magistrados quede reducida a s¨®lo tres para aquellos de sus miembros cuyo relevo haya sido decidido por sorteo en 1982. Sin embargo, el art¨ªculo 16 de la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que esos cuatro magistrados -por azar los designados por el Congreso a finales de 1979- sean reelegidos excepcionalmente por otros nueve a?os. No resulta c¨®modo, en verdad, el dilema de tener que escoger entre la ratificaci¨®n de los miembros del Tribunal Constitucional (lo que significar¨ªa otorgarles un mandato de doce a?os) y su sustituci¨®n (que reducir¨ªa su actividad a menos de tres a?os, dado que el alto ¨®rgano jurisdiccional no se constituy¨® hasta mediados de 1980). Pero la caricaturesca f¨®rmula salom¨®nica de reelegir a dos magistrados y sustituir a otros dos resulta demasiado sospechosa, ya que parece destinada a contentar las demandas de clientes insatisfechos, a saldar cuentas pendientes o, lo que ser¨ªa todav¨ªa peor, a instalar lealtades partidistas en el seno del Tribunal Constitucional. Resulta dif¨ªcil creer que el presidente del Gobierno avale, aunque sea de manera mediata y lejana, esta emboscada tendida por el grupo parlamentario socialista al Tribunal Constitucional, inspirada en un miope sectarismo partidista lesivo para los intereses superiores del Estado. Porque el prestigio, la autoridad y la autonom¨ªa del Tribunal Constitucional, pieza fundamental de nuestro r¨¦gimen democr¨¢tico, quedar¨ªan gravemente da?ados si la independencia de sus miembros pudiera quedar en entredicho.
El portavoz socialista en el Congreso argumenta que la nueva mayor¨ªa parlamentaria debe reflejarse en una composici¨®n m¨¢s progresista del Tribunal Constitucional. Esa aberrante teor¨ªa, llevada hasta sus ¨²ltimas consecuencias l¨®gicas, implicar¨ªa que el consenso alcanzado hace tres a?os en el Congreso y en el Senado para designar a los actuales magistrados no se bas¨® en la idoneidad de los candidatos para desempe?ar sus cargos, en funci¨®n exclusivamente de su capacidad profesional, independencia pol¨ªtica y probidad moral, sino que fue el resultado de un cambalache entre UCD y PSOE para proveer las vacantes con hombres de su confianza ideol¨®gica. Aunque nos resistimos a admitir tal monstruosidad, resultar¨ªa, caso de dar por buena esa teor¨ªa, que habr¨ªa magistrados centristas -en este caso, Rubio y Truyol- y socialistas -D¨ªez de Velasco y Tom¨¢s y Valiente- con deberes vinculantes hacia los partidos que les patrocinaron y que les seguir¨ªan instruyendo desde fuera sobre el sentido de sus votos particulares.
El rechazo verbal por el portavoz socialistas de esta lamentable interpretaci¨®n, cuya misma formulaci¨®n produce bochorno, tampoco le salvar¨ªa, sin embargo, de apuros. En efecto, la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional por motivos gen¨¦ricamente progresistas, y no por lealtades partidistas, implicar¨ªa canonizar como avanzados a Manuel D¨ªez de Velasco y Angel Latorre y condenar como regresivos a Antonio Truyol y Francisco Rubio. Pero ?cu¨¢les son los criterios objetivos utilizados por el Grupo Parlamentario Socialista para bautizar de tal manera a las parejas enviadas como inquilinos a esas maniqueas categor¨ªas? El prestigio profesional y el talante democr¨¢tico de los dos magistrados puestos vergonzosamente en la picota convierten en pueril la tentativa de descalificarlos como ciudadanos cavernarios o juristas incompetentes. La biograf¨ªa personal y la obra cient¨ªfica de Antonio Truyol, eminente especialista en derecho internacional y filosof¨ªa del derecho, y de Francisco Rubio, prestigioso profesor de derecho pol¨ªtico y letrado de las Cortes, que trabaj¨® en la ponencia constitucional y en el anteproyecto de la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional, los sit¨²an por encima de toda sospecha. La ¨²nica explicaci¨®n a tanto desprop¨®sito ser¨ªa, en consecuencia, que algunos dirigentes del PSOE, a la vista de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a lo largo de los dos ¨²ltimos a?os, se disponen a premiar lealtades y a castigar independencias.
Al designar a Antonio Hem¨¢ndez Gil como presidente del Consejo de Estado y a Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez como defensor del pueblo, el Gobierno demostr¨® su voluntad de confiar cargos de elevada responsabilidad a personas honestas y prestigiosas, aunque su trayectoria pol¨ªtica arrancara del anterior r¨¦gimen y fueran conocidas por su mentalidad moderada y sus h¨¢bitos conservadores. Las comparaciones son odiosas, pero en ocasior¨ªes resultan necesarias. Resulta dif¨ªcil as¨ª encontrar justificaci¨®n para que, en el ¨¢mbito de las personalidades aut¨¦nticamente independientes, como es el caso de las cuatro que nos sirven de ejemplo, Antonio Truyol y Francisco Rubio sean arrojados a los infiernos de la involuci¨®n en tanto que el presidente del Consejo de Estado y el defensor del pueblo quedan inscritos en los cielos del progreso. La clave de la incongruencia tal vez radique en que, dentro del PSOE, exista una fuerte divisi¨®n de opiniones a la hora de definir los papeles. Porque nadie debe olvidar que tambi¨¦n ha recibido el nombre de independiente, a la vez mentiroso y de mentirijilla, el inenarrable e inveros¨ªmil Calvi?o.
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