Citados a declarar siete procuradores en relaci¨®n con un presunto cohecho

El expediente gubernativo abierto, hace algunas semanas, a un oficial del juzgado santanderino bajo la acusaci¨®n de percibir determinadas cantidades de dinero por la aceleraci¨®n de tr¨¢mites judiciales, ha sido devuelto a la fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Santander por la sala de lo gubernativo de la Audiencia Territorial de Burgos. Esta entiende que de las declaraciones realizadas por algunos procuradores c¨¢ntabros ante el magistrado instructor del expediente, pudieran desprenderse acciones constitutivas de delito. En los pr¨®ximos d¨ªas deber¨¢n declarar ante el magistrado instructor, en la fase de investigaci¨®n que pudiera dar lugar a la apertura de sumario por el presunto delito de cohecho, ocho procuradores del colegio de Santander.Los procuradores que deber¨¢n prestar declaraci¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas y a los que, seg¨²n fuentes consultadas por EL PA?S, podr¨ªa inco¨¢rseles sumario, son: Isidoro B¨¢scones de la Cuesta, Mar¨ªa Teresa Carny, Filiberto Cortigue?a, C¨¦sar Gonz¨¢lez Mart¨ªnez, Blanca Mart¨ªnez Garc¨ªa y Antonio Nu?o Palacios, sin que haya sido posible confirmar la identidad del otro procurador implicado. La investigaci¨®n ordenada por la fiscal¨ªa de la Audiencia de Santander, decisi¨®n que a¨²n no ha sido notificada al magistrado instructor, se produce tras el traslado por la sala de lo gubernativo de la Audiencia Territorial de Burgos del expediente incoado al oficial del juzgado n¨²mero 3 de Santander, Francisco Carmona. Este hab¨ªa sido denunciado por el decano del Colegio de Procuradores de Santander, Dionisio Mantilla, a instancias de un colegiado.

De las declaraciones efectuadas por los procuradores citados en el curso de la instrucci¨®n del expediente abierto al funcionario, y que fueron realizadas a instancias de Mantilla, podr¨ªa deducirse, a juicio del fiscal de Audiencia Territorial de Burgos, pr¨¢cticas constitutivas de posible delito, al haber reconocido la entrega de propinas al citado funcionario. Dado que la jurisdicci¨®n penal es preferente en relaci¨®n con los expedientes gubernativos, ¨¦ste ha sido paralizado hasta tanto se depuren las posibles responsabilidades penales existentes.

En medios cercanos a los procuradores implicados, que al no haber recibido notificaci¨®n oficial de la instrucci¨®n del expediente han declinado hacer cualquier tipo de declaraciones.