Ledesma y Barrionuevo llegaron a un acuerdo sobre el proyecto

El estudio conjunto, por parte de los Ministerios de Justicia e Interior, sobre la problem¨¢tica de la asistencia letrada al detenido, ha desembocado en una regulaci¨®n m¨¢s amplia que incluya tambi¨¦n el desarrollo del derecho de h¨¢beas corpus y obvie las objeciones puestas por el Ministerio del Interior al inicial anteproyecto elaborado por el departamento de Justicia a finales del pasado a?o.Los reparos iniciales del equipo del ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, afectaban a las dos novedades m¨¢s importantes de la regulaci¨®n que ya estaba preparada para su aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros: la irrenunciabilidad del derecho de asistencia al detenido, y su extensi¨®n a aquellos detenidos o procesados que se encontraran en situaci¨®n de incomunicaci¨®n.

El equipo del Ministerio del Interior hizo ver las dificultades que la asistencia letrada podr¨ªa significar en el actual momento de la lucha contra el terrorismo. La posibilidad de que abogados vinculados a la organizaci¨®n terrorista ETA asistieran a los interrogatorios de presuntos etarras y pudieran desbaratar alguna operaci¨®n policial, mediante la filtraci¨®n de datos en poder de la polic¨ªa, hicieron reflexionar a altos responsables gubernamentales y a los propios autores del anteproyecto inicial.

Aunque Barrionuevo neg¨® el pasado viernes que hayan existido diferencias entre su departamento y el de Justicia a prop¨®sito de esta materia, es seguro que, al menos, se produjeron reservas o reparos al anteproyecto. Estas objeciones exigieron una recomendaci¨®n de la c¨²spide del Gabinete a ambos ministros para que se pusieran de acuerdo.

Conflicto de intereses

Se trataba de una regulaci¨®n en cuya iniciativa se reconoc¨ªa la competencia de Justicia, pero que deber¨ªa ser aplicada por las fuerzas de seguridad, dependientes de Interior, lo que implicaba la necesidad de consenso entre ambos departamentos.Fuentes gubernamentales aseguraron a este peri¨®dico que en todo momento existi¨® acuerdo entre ambos ministerios sobre la conveniencia de regular adecuadamente la asistencia letrada al detenido, no s¨®lo por un imperativo del

art¨ªculo 17.3 de la Constituci¨®n, sino tambi¨¦n por convicci¨®n democr¨¢tica, e incluso para cumplir una de las promesas hechas por el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en la sesi¨®n de investidura.

El problema resid¨ªa en la f¨®rmula a utilizar, de modo que se asegurase la asistencia de abogado sin menoscabar otros intereses que el Estado est¨¢ obligado tambi¨¦n a defender.

En busca de ideas

Algunas organizaciones profesionales y humanitarias especialmente preocupadas por el tema -particularmente, los colegios de abogados y la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos fueron invitadas por la propia Administraci¨®n a buscar f¨®rmulas que hicieran compatibles ambos objetivos. La idea surgida en el equipo del Ministerio de Justicia de que pudieran ser los fiscales quienes asistieran a los interrogatorios policiales de los detenidos fue pronto descartada.El presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, manifest¨® que esta pr¨¢ctica "consagrar¨ªa una subordinaci¨®n inadmisible de los fiscales a la polic¨ªa".

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol Rius, ironiz¨® sobre esta propuesta con las siguientes palabras: "Y ya que se piensa en el fiscal, ?por qu¨¦ no hacerlo en el juez?".