Las incompatibilidades

EL ?LTIMO Consejo de Ministros no ha aprobado, contra lo que se hab¨ªa anunciado, el proyecto de ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Administraci¨®n p¨²blica, concebido como segundo tramo de las medidas de igual signo destinadas a diputados y senadores. Esta demora puede haber sido provocada por disensiones todav¨ªa no conciliadas dentro del Gobierno o por el simple deseo de asegurar la coherencia del texto, a fin de evitar que algunas implicaciones insuficientemente analizadas de su articulado concedieran a la oposici¨®n, en el debate en las Cortes Generales la oportunidad de descalificar el conjunto del proyecto mediante la cr¨ªtica parcial de algunas consecuencias imprevistas por escasamente reflexionadas. La discusi¨®n de la ley aprobada por UCD durante la anterior legislatura mostr¨®, a este respecto, la destreza de los adversarios de cualquier tipo de incompatibilidad para disfrazar su rechazo global y de fondo de esas medidas tras la defensa de casos particulares, extrapolados de manera caricaturesca a la totalidad de la propuesta.El r¨¦gimen de incompatibilidades de los parlamentarios y los altos cargos s¨®lo puede agraviar a quienes conciban la representaci¨®n de la soberan¨ªa popular y los puestos de responsabilidad en la Administraci¨®n p¨²blica como ventajosos muelles de atraque en la sociedad civil para su beneficio privado.

El Registro de Intereses para los parlamentarios no s¨®lo tiene precedentes en las democracias consolidadas, sino que constituye un m¨ªnimo indispensable de decoro para quienes, de manera voluntaria, han adquirido el compromiso de constituirse en representantes de la soberan¨ªa popular. As¨ª como hubiera significado un disparate transformar a los diputados y senadores en simples funcionarios de las Cortes Generales, incompatibilizando sus tareas no s¨®lo con el devengo de otros ingresos p¨²blicos (medida plenamente justificada), sino tambi¨¦n con el ejercicio rentable de profesiones privadas, parece obligada la transparencia de las conexiones de los, parlamentarios con la sociedad civil. En un debate celebrado durante la anterior legislatura, diputados del entonces partido del Gobierno y hoy quebrada formaci¨®n pol¨ªtica centrista arguyeron la estrafalaria excusa de que ese registro conculcar¨ªa "el sagrado derecho a la intimidad" de los parlamentarios. Ocurre, sin embargo, que la dimensi¨®n p¨²blica de un diputado o un senador no es una condici¨®n atribuida por sorteo, sino un estatuto voluntariamente adquirido. Resulta congruente con un sistema de democracia representativa que los ciudadanos puedan saber, mediante la consulta de un registro p¨²blico, hasta qu¨¦ punto la defensa por un parlamentario de un proyecto de ley o de una enmienda procede de una interpretaci¨®n del inter¨¦s general o es consecuencia del mandato de un grupo de presi¨®n, de un cliente o de la cuenta de resultados de una empresa en la que el diputado o senador en cuesti¨®n tenga un significativo paquete accionario.

El Gobierno, tras la regulaci¨®n de las incompatibilidades p¨²blicas y de la transparencia de las actividades privadas de los parlamentarios, es deudor de ese anunciado proyecto de ley para impedir las colusiones entre los altos cargos de la Administraci¨®n -desde los ministros hasta los gestores de las empresas estatales- y los negocios privados. El Gobierno socialista tiene a su favor, en l¨ªneas generales, la presunci¨®n iuris tantum de la honestidad individual de las personas que integran los diversos escalones de poder en los cargos de libre nombramiento. Sin embargo, y aunque resulte antip¨¢tico el recordatorio, los responsables socialistas de los fondos presupuestarios deben saber que algunos veteranos del poder, con amplia experiencia personal o corporativa sobre la forma de llevar a cabo vaciamientos y trasvases de caudales p¨²blicos, ejercer¨¢n una estrecha y saludable vigilancia para denunciar las tentativas de beneficiar no tanto las cuentas corrientes personales de los administradores como los intereses de grupos o empresas vinculadas de una u otra forma al partido que sostiene al Gobierno. Porque una de las. ventajas de la democracia representativa respecto a los sistemas cerrados de poder es que la desviaci¨®n de los fondos presupuestarios hacia la sociedad civil no admite como atenuante que los beneficiarios del trasvase apliquen los caudales detra¨ªdos a la financiaci¨®n de una campa?a electoral en vez de a la adquisici¨®n de una finca en la Costa del Sol o al engrosamiento de una cuenta numerada en un banco suizo.