El debate

EL DEBATE en el Congreso en torno a la convalidaci¨®n del decreto-ley de expropiaci¨®n de Rumasa ha permitido al ministro de Econom¨ªa y Hacienda informar a los diputados de las razones de fondo que justificaban la intervenci¨®n estatal de ese "grupo tambaleante" y ha ratificado que esa medida, orientada a evitar males mayores, no significa un viraje de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Los datos avanzados por Miguel Boyer han debilitado las resistencias de quienes pudieron desconfiar inicialmente de la "extrema y urgente necesidad" y la "causa justificada de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social" conectadas con esa dram¨¢tica decisi¨®n. La decepcionante r¨¦plica dada por Ruiz-Mateos, en sus recientes declaraciones, a las cifras aportadas por el ministro de Econom¨ªa han contribuido a volcar la balanza en favor del Gobierno en lo que se refiere a la necesidad de intervenir, aunque no necesariamente en lo que afecta al m¨¦todo y al camino jur¨ªdico elegidos.Parece claro que el contenido real de la medida ser¨ªa compatible con el programa de cualquier gobierno democr¨¢tico -de izquierda, de centro o de derecha- preocupado por la estabilidad del sistema financiero y deseoso de garantizar los ahorros o los puestos de trabajo dependientes del holding. Como tuvimos ocasi¨®n de se?alar en anterior comentario, el orden p¨²blico, m¨¢s que cualquier otra consideraci¨®n, se halla en la ra¨ªz del problema. El Gobierno socialista podr¨¢ hacer valer ante los ciudadanos su coraje para afrontar esa situaci¨®n y tal actitud es digna de elogio cuando se considera que las consecuencias no deseadas aparentemente por el Ejecutivo con la medida de expropiaci¨®n ha puesto en marcha un mecanismo de consecuencias a¨²n no previsibles y que sit¨²a al Gobierno en los cuernos de un p¨¦simo dilema. En estos momentos el patrimonio del Estado es titular de un abigarrado surtido de empresas: la mayor explotaci¨®n agraria de Andaluc¨ªa, un importante grupo bancario, grandes almacenes, tiendas de ultramarinos, boutiques de regalos, una cadena hotelera, bodegas de vinos y un largo etc¨¦tera detallado -de forma a¨²n incompleta- en el Bolet¨ªn Oficial. Si algunos de los bienes expropiados no fueran devueltos a la iniciativa privada, por ausencia de ofertas de compra, el Estado se encontrar¨ªa, condenado a administrar sociedades deficitarias para cuya gesti¨®n el sector p¨²blico se encuentra muy mal situado. Y si los bancos, industrias, compa?¨ªas de servicios y fincas rentables fueran adquiridos por el mundo empresarial, no faltar¨¢n las justas y razonables protestas de las fuerzas sindicales y de los trabajadores de esas sociedades, partidarios de su mantenimiento en el ¨¢rea estatal. Por eso la medida adoptada se inscribe: en el amplio margen de confianza moral otorgado por, la poblaci¨®n a los deseos de honestidad y eficacia demostrados por el Ejecutivo que preside Felipe Gonz¨¢lez, pero no le otorga un cheque en blanco para que la sociedad acepte con la fe del carbonero otras afirmaciones relacionadas con la expropiaci¨®n del holding. Desde el primer momento expresamos nuestras reservas sobre ellas creemos que es beneficioso, para la estabilidad del sistema democr¨¢tico, que los ciudadanos se permitan una vez m¨¢s el beneficio de la duda en torno a cuestiones fundamentales que enlazan con este caso.

Miguel Boyer se?al¨® ayer que el Consejo de Ministros estudi¨® otros procedimientos alternativos, especialmente la intervenci¨®n de los bancos y las empresas, pero consider¨® inviable su aplicaci¨®n. No hay motivo para negar autoridad al Gobierno a este respecto, ya que juega a su favor el conocimiento desde dentro de los inconvenientes asociados a otras soluciones posibles. Tambi¨¦n insisti¨® el Ministro en la improcedencia de establecer cualquier analog¨ªa entre el caso Rumasa y la salida dada a otras crisis bancarias e industriales en el inmediato pasado, de lo que se inferir¨ªa la ausencia de eventuales agravios comparativos basados en tratamientos discriminatorios. En este punto el Gobierno tambi¨¦n puede tener raz¨®n, pero debe a las Cortes Generales y a la sociedad espa?ola una informaci¨®n exhaustiva en este terreno, a fin de que los parlamentarios y ciudadanos puedan juzgar, con datos exactos en su mano, la correcci¨®n de las f¨®rmulas aplicadas a Banca Catalana, Explosivos R¨ªo Tinto y Banco Urquijo. La pregunta sobre las responsabilidades penales imbricadas en la irregular gesti¨®n administrativa del holding expropiado no puede tener otra contestaci¨®n que el requerimiento del Gobierno para que el ministerio fiscal promueva la acci¨®n de la justici¨¢ en defensa de la legalidad.

Queda, finalmente, la pol¨¦mica cuesti¨®n de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto-ley, que centr¨® el debate de ayer gracias a la estrategia dise?ada por Alianza Popular y su portavoz Miguel Herrero. Los argumentos en apoyo de la inconstitucionalidad del decreto-ley, basados en una interpretaci¨®n literal del art¨ªculo 86 de nuestra norma fundamental mantienen su peso y consistencia despu¨¦s del debate, aunque la defensa llevada a cabo por el ministro de Justicia, que utiliz¨® en su favor opiniones doctrinales de Oscar Alzaga y Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa y sentencias del Tribunal Constitucional, deja abierta la pol¨¦mica. En. cualquier caso parece que el Gobierno estaba sinceramente convencido de que la forma de nacionalizar el holding no conculcaba nuestra ley de leyes, y que ha huido de un comportamiento c¨ªnico. Pero se puede no ser c¨ªnico y estar equivocado.

Contra lo que pudiera traslucirse de las otra vez fr¨ªvolas expresiones del ministro de Hacienda respecto a las formas jur¨ªdicas, el debate tuvo el m¨¦rito de situar a la Constituci¨®n, como centro de referencia tanto de las intervenciones del portavoz de Alianza Popular, como de la r¨¦plica de Fernando Ledesma. Una de las mejores noticias imaginables para la consolidaci¨®n de nuestro sistema democr¨¢tico ser¨ªa precisamente que Alianza Popular, cuyo programa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte y modificar el art¨ªculo 2 del T¨ªtulo preliminar ha sido suspendido pero no abandonado, aceptara hasta sus ¨²ltimas consecuencias y de forma absolutamente sincera la supremac¨ªa de la Constituci¨®n.

En cualquier caso el debate de ayer no hizo sino abrir un debate m¨¢s amplio sobre el futuro de la acci¨®n del Gobierno en la econom¨ªa y los m¨¦todos de gobernar del PSOE que el Ejecutivo se hubiera podido ahorrar si hubiera operado con mayor reflexi¨®n y menor precipitaci¨®n. Esto es exigible al Gobierno del cambio: que no acepte ninguna clase de reto personal ni institucional a la hora de tomar decisiones de la categor¨ªa de la que comentamos. Porque ya casi nadie tiene dudas de que Rumasa era un caos que exig¨ªa una intervenci¨®n adecuada del poder pol¨ªtico -?cu¨¢ntos otros caos de este g¨¦nero quedan*b este pa¨ªs?-. Y es una verdad que esta acci¨®n tiene un efecto moralizador a?adido muy de valorar en el momento presente. Por eso mismo era exigible desde un principio mayor r¨ªgor jur¨ªdico por parte del Ejecutivo del que hasta el momento ha podido demostrar.

Por lo dem¨¢s, el debate de ayer mostr¨® que las Cortes sirven para algo, y que es a las Cortes prioritariamente a quienes debe dirigirse el Gobierno en estas ocasiones, recabar su opini¨®n y su apoyo, y debatir ante la representaci¨®n de los ciudadanos cuestiones que a todos afectan y que son de trascendental importancia. Nunca es tarde si la dicha es buena.