Clima dif¨ªcil entre el PSOE y el Grupo Popular para la renovac¨ªon del Tribunal Constitucional

Los recientes conflictos jur¨ªdicos entre el Gobierno y la oposici¨®n -en particular, el decreto-ley sobre expropiaci¨®n de Rumasa y el recurso previo contra la modificaci¨®n de la ley de Elecciones Locales- han creado un clima dif¨ªcil para la negociaci¨®n entre el PSOE y el Grupo Popular sobre la elecci¨®n parlamentaria de un total de diecisiete altos cargos, pendiente desde el comienzo de la legislatura. Sin embargo, fuentes socialistas manifestaron a este peri¨®dico que, aunque es "mal momento para negociar", es muy probable que el Pleno del Congreso que empieza ma?ana cubrir¨¢ la vacante del Consejo General del Poder Judicial mediante la elecci¨®n de Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez.

Una serie de importantes decisiones adoptadas durante las ¨²ltimas semanas han forzado un funcionamiento intensivo de destacadas instituciones del Estado tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, y han llevado al primer plano de la actualidad a estos y otros organismos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, cuya actividad esencialmente jur¨ªdica les aleja habitualmente de la pol¨¦mica pol¨ªtica. Entre otras resoluciones, el Consejo de Estado ha entregado ya al Gobierno el dictamen que le solicit¨® sobre el decreto-ley por el que se expropia Rumasa. Seg¨²n supo EL PA?S de fuentes solventes, el alto ¨®rgano consultivo se ha pronunciado a favor de la formulaci¨®n jur¨ªdica de la medida gubernamental. La ¨²ltima palabra ser¨¢, en todo caso, del Tribunal Constitucional.La seguridad jur¨ªdica, en peligro

El Tribunal Constitucional ha tenido que mediar ante la situaci¨®n planteada por la presentaci¨®n de un recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley org¨¢nica que modifica la de Elecciones Locales, despu¨¦s de que se hubiera producido la publicaci¨®n de la ley en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Aunque el tribunal no ha tenido dudas al resolver en favor de la Constituci¨®n el conflicto planteado entre el plazo de quince d¨ªas, sin limitaciones, establecido por ¨¦sta para la sanci¨®n de las leyes, y el de tres d¨ªas previsto por la ley del Tribunal Constitucional, desde la conclusi¨®n del proyecto de ley, para la formulaci¨®n del recurso -no parece que vaya a tenerlas en la casi segura denegaci¨®n del recurso de s¨²plica planteado por el Grupo Popular-, ha quedado en evidencia que la convivencia de ambos plazos puede plantear inseguridad jur¨ªdica.

Para obviar en lo posible este problema, el presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Gregorio Peces-Barba, tiene previsto, seg¨²n manifest¨® a este peri¨®dico, preguntar a los diputados, al t¨¦rmino de la tramitaci¨®n de un proyecto de ley, si alg¨²n grupo parlamentario tiene el prop¨®sito de plantear el recurso previo.

En cualquier caso, el hecho de que los insignes juristas que forman parte. de los altos ¨®rganos del Estado hayan tenido que manifestarse, desde la neutralidad de las instituciones constitucionales, sobre asuntos de alcance pol¨ªtico, contrasta con el retraso de los protagonistas de la acci¨®n pol¨ªtica -Gobierno y Parlamento- para resolver cuestiones que les afectan. As¨ª, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al Tribunal Constitucional, la tardanza del Congreso de los Diputados en decidir sobre la ratificaci¨®n o renovaci¨®n de cuatro de sus magistrados est¨¢ produciendo un aut¨¦ntico atasco en sus trabajos, ya que la falta de seguridad sobre la continuidad o no de un tercio del tribunal plantea una situaci¨®n de provisionalidad a la hora de encomendar las ponencias y participar en el estudio de los numerosos recursos planteados.

Un primer paso hacia la elecci¨®n parlamentaria de los diecisiete cargos institucionales pendientes -cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, un vocal del Consejo General del Poder Judicial y doce consejeros de administraci¨®n de RTVE- puede producirse ma?ana si la Junta de Portavoces del Congreso mantiene en el orden del d¨ªa del Pleno que se inicia por la tarde la elecci¨®n de un vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El candidato socialista para la cobertura de la vacante existente en el citado consejo es Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, juez de primera instancia e instrucci¨®n de Logro?o. Por el momento, el Grupo Popular ha reconocido que el mantenimiento del equilibrio establecido en la anterior legislatura pasa por la sustituci¨®n de Fernando Ledesma, que ces¨® a causa de su designaci¨®n como ministro de Justicia, por una personalidad igualmente progresista.

El Consejo General del Poder Judicial cuenta con veinte miembros adem¨¢s del presidente, doce de los cuales son elegidos por el estamento judicial entre jueces y magistrados, y los ocho restantes por el Parlamento. La actual estructura del importante ¨®rgano de gobierno del poder judicial, en el que predominan los vocales de origen conservador, ha impulsado al Gobierno a plantear la necesidad de que no se modifique su composici¨®n de modo que resulte potenciada la tendencia de los miembros que representan a la profesi¨®n judicial. El Grupo Popular ha aceptado este criterio, siempre que no se extienda al resto de la negociaci¨®n pendiente.