La despenalizaci¨®n del aborto, la medida m¨¢s pol¨¦mica de Ledesma

El camino recorrido por el Gobierno durante sus cien primeros d¨ªas hacia la sociedad m¨¢s libre enunciada en el programa electoral del PSOE puede resumirse en los pasos dados para la reforma de la administraci¨®n de Justicia, la soluci¨®n del acuciante problema de las c¨¢rceles, la regulaci¨®n de derechos y libertades y la modificaci¨®n de la filosof¨ªa jur¨ªdica en materia penal. En concreto, destaca el incremento sustancial del presupuesto de Justicia, el env¨ªo a las Cortes de proyectos de leyes como el que regula el derecho de reuni¨®n, la reforma parcial del C¨®digo Penal, la despenalizaci¨®n del aborto y la preparaci¨®n de otros textos que desarrollan la Constituci¨®n.

El PSOE hab¨ªa planteado en su programa electoral que, para la reforma de la administraci¨®n de Justicia -"una cuesti¨®n de Estado; una cuesti¨®n, incluso, de supervivencia del propio Estado de derecho consagrado en nuestra Constituci¨®n"-, el Gobierno otorgar¨ªa prioridad al proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial, que, seg¨²n Felipe Gonz¨¢lez, ser¨ªa "condici¨®n previa para acometer la reforma del sistema". El portavoz del Grupo Centrista, Landelino Lavilla, en ,el debate de investidura de Felipe Gonz¨¢lez, invocando su experiencia en la materia, asegur¨® que "el problema no es el de la nueva ley org¨¢nica del Poder Judicial". "El problema real, al final, es un problema de prioridad pol¨ªtica".Sea en atenci¨®n a esta sugerencia o por cambio del inicial criterio socialista, el hecho es que este proyecto, bastante negociado por UCI) y PSOE en la anterior legislatura, ha quedado para el pr¨®ximo mes de mayo y, en cambio, el Ministerio de Justicia ha propuesto al Gobierno un incremento de sus presupuestos que globalmente significa el 25%, y que, en cuanto a su incidencia sobre la administraci¨®n de Justicia propiamente dicha, puede suponer entre un 35% y un 50%, frente a la tendencia decreciente de los ¨²ltimos a?os.

Las c¨¢rceles, objetivo inmediato

El exhaustivo estudio -realizado por la oficina presupuestaria de Justicia para 1983 conduce a propuestas de gastos corrientes en torno a los 1.500 millones de pesetas; nuevas inversiones, por importe de 3.385 millones; Consejo Superior de Protecci¨®n de Menores, 200 millones, y administraci¨®n penitenciaria, 4.289 millones de pesetas. Esta ¨²ltima cantidad se distribuye-as¨ª: inversiones, 2.975,3 millones; personal, 726,7 millones, y medios materiales, 587 millones de pesetas. En todo caso, las previsiones del Ministerio de Hacienda son menores, y habr¨¢ de ser el Consejo de Ministros el que ajuste las cifras definitivas.En materia penitenciaria, adem¨¢s del aumento presupuestario -que permitir¨¢, entre otras cosas, la construcci¨®n de nueve centros, la remodelaci¨®n de 42 y la resoluci¨®n de problemas especialmente urgentes, como el del hacinamiento de la c¨¢rcel Modelo de Barcelona-, Justicia ha preparado la ley que crea el cuerpo de asistentes sociales en las c¨¢rceles y la dir¨¦cci¨®n, general correspondiente ha emitido una serie de circulares encaminadas al cumplimiento en las c¨¢rceles de la Constituci¨®n y de la ley General Penitenciaria.

A nivel legislativo, la ley org¨¢nica de reforma de los art¨ªculos 503 y 504.de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre regulaci¨®n de la prisi¨®n provisional -en tramitaci¨®n en las Cortes-, contribuir¨¢, junto con la reforma urgente del C¨®digo Penal -tambi¨¦n est¨¢ ya en el Congreso -, a conseguir, entre otros objetivos, el que figura en el programa electoral socialista: poner "los medios necesarios para evitar la sangrante injusticia de miles de presos preventivos en espera de ser juzgados".

La reforma citada del C¨®digo Penal y el proyecto de ley sobre el derecho de reuni¨®n son los dos textos de m¨¢s trascendencia pol¨ªtica para el desarrollo de los -derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constituci¨®n remitidos por el Gobierno a las Cortes. En cambio, ha quedado para m¨¢s adelante la reglamentaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia -considerada,urgente por el programa electoral-, la ley de asociaciones, la de asilo y la regulaci¨®n de derechos de participaci¨®n ciudadana como los de petici¨®n, iniciativa legislativa popular y ley del Jurado.

Mientras tanto, la despenalizaci¨®n del aborto, prevista inicialmente en- la reforma global del- C¨®digo Penal programada para despu¨¦s de junio, ha sido incorporada a la reforma parcial y urgente de dicho cuerpo legal, y finalmente, a petici¨®n de la oposici¨®n, desglosa-, da de ella y tramitada por el procedimiento ordinario. El Gobierno ha justificado la despenalizaci¨®n del aborto terap¨¦utico, por taras en el feto o en los casos de embarazo producido por violaci¨®n como acorde con la Constituci¨®n y los convenios internacionales, y respaldada por la voluntad-mayoritaria de los espa?oles. La derecha ha manifestado con dureza su rechazo a esta iniciativa, al tiempo que, desde la izquierda del PSOE, se ha considerado insuficiente.

El Gobierno ha dedicado gran atenci¨®n a la regulaci¨®n del h¨¢beas corpus y de la asistencia letrada al detenido, cuyos respectivos proyectos de ley no han logrado el acuerdo del Consejo de Ministros en sus cien primeros d¨ªas. Especial dificultad ha presentado la asistencia letrada, que ha suscitado enfrentamientos entre los departamentos de Jusficia e Interior y que, en su ¨²ltima redacci¨®n, no garantiza la irrenunciab¨ªlidad ni la libertad de elecci¨®n de ahogado, ya que establece que, en caso de delitos de tr¨¢fico, la asistencia ser¨¢ renunciable, y para los detenidos incomunicados, el abogado ser¨¢ designado de oficio.

El Gobierno ha impulsado la "inmediata elecci¨®n" de una de las instituciones que el programa del PSOE estimaba importante para la protecci¨®n de las libertades: el Defensor del Pueblo. Sin embargo, al final de los cien d¨ªas, no estaban todav¨ªa elegidos sus dos adjuntos. Tambi¨¦n, a trav¨¦s del Ministerio de Justicia, se han establecida buenas relaciones con el Consejo General del Poder Judicial.