Movilizaciones y empleo comunitario

COMO UNA plaga end¨¦mica que aparece y desaparece, han vuelto a surgir estos d¨ªas las movilizaciones de los jornaleros andaluces que reclaman una reforma del empleo comunitario, que formaba parte sustancial del pro grama electoral con el que los socialistas tuvieron acceso al Gobierno. Habitualmente, se reproducen tambi¨¦n las mismas cr¨ªticas sobre esta f¨®rmula de repartir limosna entre los parados del sector agrario: se trata, en casi todos los casos, de distribuir dinero de los Presupuestos Generales del Estado para paliar la inexistencia de puestos de trabajo en el sector primario y, de paso, evitar que esa ausencia de actividad exacerbe las protestas y genere una tensi¨®n entre los asalariados agr¨ªcolas dif¨ªcilmente controlable. En definitiva, con los fondos del empleo comunitario se financi¨® durante muchos a?os el orden p¨²blico de zonas como la andaluza y, en algunos casos, como la extreme?a. Los receptores de esta caridad, como ellos mismos la han definido en muchas ocasiones, han dicho que el empleo comunitario era pan para hoy y hambre para ma?ana. La experiencia hist¨®rica ha colmado de raz¨®n estas afirmaciones.Los sucesivos Gobiernos de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico declararon una y otra vez su voluntad de rectificar esta experiencia dignificando la situaci¨®n de los jornaleros, muchas veces presionados para ello por las aparatosas protestas de los trabajadores, destacando entre ellas la huelga general del pueblo de Marinaleda, en pleno mes de agosto de 1980. Sin embargo, esta voluntad nunca pas¨® del terreno de los deseos.

Con motivo de la firma del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), el Gobierno intent¨®, de acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales, clarificar y racionalizar el sistema de empleo comunitario. Como primer paso se abord¨® la tarea urgente de elaborar un censo agrario que permitiera establecer, aunque de forma aproximada, el n¨²mero de posibles beneficiarios. L¨ªderes jornaleros, gobernadores civiles y empresarios coincid¨ªan en denunciar las posibilidades de fraude y picaresca que permit¨ªa el sistema vigente. El censo fue un rotundo fracaso y fue boicoteado por buena parte de los afectados.

El Partido Socialista Obrero Espa?ol incorpor¨® la re forma del sistema en su programa electoral transcurridos cien d¨ªas de su llegada al poder, algunas organizaciones agrarias han convenido en la necesidad de recordar al Ejecutivo sus promesas de reforma. ?ste ha sido el origen de las actuales movilizaciones, promovidas principalmente por Comisiones Obreras del campo. Lo sustancial del sistema persiste, y parece de justicia acelerar un cambio en el campo, que todos reconocen como urgente. Sin embargo, la proximidad de las elecciones municipales introduce la duda sobre las razones de estas movilizaciones en este preciso momento preelectoral. La direcci¨®n por parte de CC OO de las protestas, la auto marginaci¨®n de la Federaci¨®n de Trabajadores de la Tierra-UGT y la exquisita neutralidad del Sindicato de Obreros del Campo -sin duda, la organizaci¨®n sindical agraria m¨¢s combativa en el campo andaluz hasta el momento- inducen a pensar que no todas las intenciones son puramente reivindicativas y que los elementos pol¨ªticos pueden ser sustantivos en esta ocasi¨®n.

La rapidez con que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaqu¨ªn Almunia, ha respondido a las protestas de los jornaleros, recibiendo a representantes de la Junta de Andaluc¨ªa y de los tres sindicatos agrarios, introduce un elemento de esperanza en cuanto a que la sensibilidad del actual Gabinete ante el empleo comunitario no sea puramente ret¨®rica, como pas¨® una y otra vez con UCD. Aunque de esta impresi¨®n tampoco se escapa el temor del Gobierno al crecimiento de la protesta en una zona que, en condiciones normales, votar¨¢ mayoritariamente socialista en los comicios municipales. Sin embargo, tampoco en esta ocasi¨®n se ha sustra¨ªdo el nuevo Gobierno a frenar la conflictividad por la v¨ªa del dinero, su biendo el jornal diario de 1.033 pesetas a 1.270 y ampliando, globalmente la dotaci¨®n presupuestaria hasta los 30.000 millones.

Almunia ha dado fecha de muerte al empleo comunitario -enero de 1984-, ha anunciado su sustituci¨®n por un Fondo de Empleo Rural (consistente, en- lo esencial, en la adjudicaci¨®n de dinero para obras p¨²blicas en todas las regiones necesitadas de ellas, cuya mano de obra ser¨ªan precisamente los asalariados del campo) y la creaci¨®n de un subsidio de desempleo para los trabajadores eventuales del campo que no entrasen en el presupuesto del nuevo fondo. El ministro tambi¨¦n ha convocado formalmente a todas las partes para iniciar la negociaci¨®n del nuevo sistema a finales de este mes.

Del resultado de esta negociaci¨®n puede depender en lo sucesivo la credibilidad del Ejecutivo en los sectores agrarios asalariados de toda Espa?a.