Secuestros, recompensas y colaboraci¨®n ciudadana

EL SECUESTRO de Diego de Prado por un comando de ETA Militar ha suscitado alg¨²n desconcierto a la hora de valorar los efectos indirectos que este nuevo acto criminal pretenda producir, m¨¢s all¨¢ de la desnuda y brutal agresi¨®n directa contra la v¨ªctima. El secuestrado, un hombre de negocios en dificultades, es hermano de Manuel de Prado, ex presidente de Iberia y del Instituto de Cooperaci¨®n Iberoamericana y amigo personal del Rey. No obstante, la tentativa de alcanzar con este delito a la Corona parece tan insensata como incongruente; en cualquier caso, los esfuerzos para buscar significaciones racionales a los comportamientos terroristas suelen ser una manera de perder el tiempo.En estas circunstancias, salvar a Diego de Prado es lo ¨²nico que debe importar a quienes se resistan a sacrificar la vida de los ciudadanos -desigualmente protegidos por los aparatos de seguridad- en el altar de los abstractos mandamientos de una raz¨®n de Estado cuya precisa definici¨®n nadie ha logrado formular nunca. Es presumible que los familiares y amigos de Diego de Prado inicien la habitual peregrinaci¨®n para dar con intermediarios seguros que les faciliten la negociaci¨®n con los secuestradores y el pago final del rescate -mal que le pese al embajador Guidoni- en territorio franc¨¦s. La polic¨ªa, por su lado, habr¨¢ iniciado el rastreo de las pistas que pudieran llevar al lugar donde los secuestradores han encarcelado a su v¨ªctima. Dos secuestrados -el doctor Iglesias y Saturnino Orbegozo- fueron liberados gracias a la eficacia del trabajo policial y a la colaboraci¨®n ciudadana. En ambos casos, los responsables del secuestro fueron los octavos, rama competidora de los milis en el siniestro negocio de los pagos por rescate.

Despu¨¦s de la operaci¨®n que culmin¨® con el rescate de Orbegozo, nadie puede infravalorar el enorme papel que puede desempe?ar en casos de secuestro -y, en general, en la desarticulaci¨®n de comandos terroristas- la colaboraci¨®n ciudadana, reclamada ahora en el Pa¨ªs Vasco por el Gobierno de Vitoria para conseguir la liberaci¨®n de Jes¨²s Guibert, industrial de Azpeitia secuestrado por la tercera rama -los Comandos Aut¨®nomos- de ETA. Sobran los motivos para que los dem¨®cratas consideren un deber de conciencia la tarea de facilitar a los servicios de seguridad informaci¨®n cierta sobre las actividades de las bandas armadas. La Constituci¨®n ha abolido la pena de muerte y ha prohibido la tortura, y es un mandato constitucional, adem¨¢s de un deber moral, impedir que las cuadrillas terroristas atenten contra los derechos humanos de los espa?oles.

Ahora bien, el anuncio publicado por la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado para ofrecer una recompensa de 20 millones de pesetas a quien suministre "la informaci¨®n que conduzca, eficaz y r¨¢pidamente", a la liberaci¨®n de Diego de Prado y a la detenci¨®n de sus secuestradores se despega por completo de la actividad normal de los cuerpos de seguridad y pone de relieve que algunos responsables del Ministerio del Interior prestan o¨ªdos sordos a los llamamientos al rearme moral hechos por Felipe Gonz¨¢lez. La cultura pol¨ªtica y la sensibilidad moral de los responsables de la lucha antiterrorista no pueden beber en las pel¨ªculas del Oeste que ofrecen recompensas monetarias por la entrega -vivos o muertos- de los atracadores o los cuatreros. Es probable que muchos votantes del PSOE consideren un agravio personal y una vejaci¨®n a las instituciones que el Gobierno ofrezca a los espa?oles el equivalente monetario de una buena quiniela de 14 aciertos por cumplir con sus deberes c¨ªvicos. No cabe exhortar, primero, a los espa?oles para que eleven su tensi¨®n moral y act¨²en seg¨²n los dictados de su conciencia y ensuciar, a rengl¨®n seguido, la eventual colaboraci¨®n ciudadana con los servicios de seguridad mediante el procedimiento de asignar un precio en met¨¢lico a la observancia de ese deber. Junto a la dudosa eficacia del sistema -que generar¨¢ un sinf¨ªn de denuncias falsas y de pistas inventadas, provocando quiz¨¢ una mayor dificultad en el rescate del secuestrado-, es preciso se?alar "la nula moralidad que lo ampara. Y resulta irritante que un Gobierno que pretende impedir, contra todo derecho y toda justicia, las negociaciones llevadas a cabo por familiares o pr¨®jimos de las v¨ªctimas del terrorismo, ponga en cambio a la sociedad entera a la caza del hombre.

Todo ello hace sospechar que los patrocinadores del proyecto de ley que se propone recuperar para la convivencia democr¨¢tica a antiguos terroristas apartados voluntariamente de la senda de la violencia parecen inclinados a condicionar esa reinserci¨®n a la pr¨¢ctica de la delaci¨®n. Los 20 millones ofrecidos por la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado caminan por esa misma senda, al plantear como un negocio privado, exclusivamente animado por la codicia, una colaboraci¨®n con los servicios de seguridad cuya ¨²nica motivaci¨®n debe ser el clumplimiento de un deber ciudadano. El recuerdo de la insensata denuncia que, indirectamente, dio lugar al crimen m¨²ltiple perpetrado por los guardias civiles en Almer¨ªa (mayo de 1981) deber¨ªa hacer meditar al Gobierno sobre las incalculables y perversas consecuencias que para la defensa de las libertades puede tener que el Ministerio del Interior incite a una parte de la poblaci¨®n espa?ola a jugar a la loter¨ªa de la delaci¨®n.