La huelga de Vigo

UNA HUELGA general paraliz¨® ayer Vigo para protestar contra la destrucci¨®n de puestos de trabajo en la zona y para pedir la creaci¨®n de nuevos empleos. La respuesta popular al llamamiento de los organizadores fue impresionante y la manifestaci¨®n cubri¨® las calles de la ciudad gallega. De esta forma, la experiencia huelgu¨ªstica de Gij¨®n se ha vuelto a repetir, tanto en lo que respecta al ¨¦xito de la movilizaci¨®n como a las peculiares caracter¨ªsticas de su origen y desarrollo. ?l tono ordenado y pac¨ªfico de la protesta, en la que ha participado UGT, se ha combinado con la vaguedad de sus objetivos y la difuminaci¨®n de su destinatario final.La paradoja de que la poblaci¨®n empleada utilice la huelga general para exigir la creaci¨®n de empleo queda disipada por el aspecto defensivo que reviste esa manifestaci¨®n para los trabajadores cuyos puestos est¨¦n amenazados por el cierre empresarial o el expediente de crisis. En cambio, la falta de un claro destinatario de las exigencias no resulta tan explicable. Las empresas del sector privado no s¨®lo no se sentir¨¢n aludidas por unas reclamaciones de naturaleza macroecon¨®mica, sino que se sentir¨¢n inclinadas a aumentar sus recelos a la hora de localizar sus instalaciones en zonas de alta combatividad obrera. Las empresas del sector p¨²blico dependen de la pol¨ªtica del Gobierno y de las decisiones adoptadas por el poder ejecutivo. Pero la punta antigubernamental de las huelgas de Gij¨®n y de Vigo -punta bastante roma de por s¨ª- queda adem¨¢s mellada por la participaci¨®n del sindicato socialista, e incluso de las autoridades locales del PSOE, en esas movilizaciones.

El forcejeo de pasadas d¨¦cadas por atraer a unas ciudades o regiones la inversi¨®n p¨²blica no s¨®lo se prolonga en el presente (baste recordar el asunto de Presur), sino que se complementa con la resistencia de las poblaciones afectadas por la racionalizaci¨®n econ¨®mica de los sectores en crisis, en los que las empresas estatales o subvencionadas tienen una poderosa presencia. Quiz¨¢ es posible criticar estas manifestaciones particularistas, que endosan al resto de los espa?oles una carga proporcionalmente mayor ole la crisis y tienden a una especie de industrializaci¨®n mediante el plebiscito; pero a ning¨²n Gobierno le resultar¨¢ f¨¢cil aplicar medidas de saneamiento que pueden incrementar dram¨¢ticamente y a corto plazo el paro en las regiones afectadas y debilitar o arruinar, as¨ª, la popularidad de las autoridades.

En cualquier caso, el Gobierno tendr¨¢ que afrontar, antes o despu¨¦s, los problemas de unos conflictos que no pueden ser resueltos con los llamamientos a la buena voluntad o con exhortaciones ¨¦ticas a la primac¨ªa de los intereses generales. En una crisis econ¨®mica de la magnitud y gravedad que reviste la actual, la divergencia de intereses entre la poblaci¨®n empleada, preocupada por el mantenimiento de su capacidad adquisitiva, y la poblaci¨®n en paro puede proyectarse en una pugna entre las regiones que logran mantener en pie industrias ruinosas financiadas con fondos presupuestarios y el resto del pa¨ªs. La situaci¨®n que viven ciudades o zonas al borde de la quiebra colectiva impide que las razones econ¨®micas y los argumentos del inter¨¦s general puedan abrirse paso y convencer a los parados de que su sacrificio es inevitable. Pero, por otra parte, el doblegamiento del Gobierno a las presiones locales puede crear una escalada de reivindicaciones en la que las zonas mejor organizadas o dispuestas a alzar la voz ganen la batalla a los territorios m¨¢s d¨¦biles y se beneficien privilegiadamente de los fondos presupuestarios pagados por todos los contribuyentes.

En esta situaci¨®n, el Gobierno no puede confiar ni en la mano invisible de la racionalidad econ¨®mica ni en la buena disposici¨®n, de los grupos amenazados por la crisis. La magnitud del d¨¦ficit p¨²blico y la quiebra sin remedio de muchas empresas estatales o subvencionadas impedir¨¢n, a la larga, ir apagando las hogueras de los conflictos mediante la utilizaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Antes o despu¨¦s, por consiguiente, el Ejecutivo tendr¨¢ que exponer las l¨ªneas generales de su pol¨ªtica industrial ante la crisis y proceder a aplicarla d¨¦ forma coherente y firme. La ilusi¨®n de que la intervenci¨®n estatal puede salvar a los espa?oles del desempleo no es f¨¢cil de disipar -cuando desde el Gobierno, y de forma electoralista, se insiste en mantenerla- Pero el presidente Gonz¨¢lez dispone de la autoridad pol¨ªtica y el cr¨¦dito moral suficientes para explicar a sus compatriotas los perfiles reales de una situaci¨®n que s¨®lo puede agravarse si los fondos p¨²blicos siguen siendo aplicados a mantener artificialmente en pie empresas en ruina. La huelga de Vigo es, en este sentido, una hermosa demostraci¨®n de solidaridad humana y de la capacidad de combate de los ciudadanos. Si el Gobierno sabe canalizar esa solidaridad, y el capital pol¨ªtico de sus 10 millones de votos, hacia la ejecuci¨®n de una pol¨ªtica econ¨®mica racional puede estar seguro de que no le ha de faltar la colaboraci¨®n y el sacrificio de los espa?oles, colaboraci¨®n que no debe desperdiciar en el corto plazo ni en las peque?as soluciones sectoriales y que le permitir¨¢ enfrentarse airosamente, y con grandes probabilidades de ¨¦xito, a la crisis.