Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos presentar¨¢ una nueva demanda contra el Gobierno por el despojo de sus bienes

El ex presidente de Rumasa, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, presentar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, ante el Juzgado de Guardia de Madrid, una nueva demanda interdictal contra el Gobierno por el despojo de sus bienes. Esta segunda demanda, de mayor contenido que la primera, responde, seg¨²n los abogados de Ruiz-Mateos, a la petici¨®n del propio juez, expresada cuando no admiti¨® a tr¨¢mite el primer interdicto la semana pasada. El juez lo rechaz¨® porque no quedaba probado el despojo de tales bienes, al no demostrar suficientemente la posesi¨®n anterior de las acciones del grupo Rumasa por los seis hermanos Ruiz-Mateos.

La nueva demanda, de semejante extensi¨®n aunque de mayor contenido que la primera, a?ade informaci¨®n sobre la posesi¨®n de acciones y sobre el despojo, realizado por el Gobierno mediante la expropiaci¨®n, e incluye los nombres de varios testigos a los que el juez puede citar para que digan si les consta que la familia Ruiz-Mateos era propietaria o no de Rumasa.Fuentes de la defensa de Ruiz-Mateos, que ultiman algunos detalles de esta segunda demanda por despojo, consideran que el Gobierno deja indefenso a su cliente por no facilitarle los documentos que precisamente pide el juez para demostrar la posesi¨®n anterior de las acciones de Rumasa. Con los documentos pedidos sin ¨¦xito al director general del Patrimonio del Estado, Javier del Moral, mediante dos requerimientos notariales, los abogados consideran que el juez no habr¨ªa podido rechazar el primer interdicto.

Por otra parte, la defensa de Ruiz-Mateos estima que la querella presentada por el fiscal y admitida por el nuevo juez especial de delitos monetarios, que tom¨® posesi¨®n precisamente el mismo d¨ªa de la citada querella, "no parece suficientemente fundamentada". Los representantes de fundador de Rumasa insisten en la segunda demanda, al igual que en la primera, en que la intervenci¨®n del Estado no ha tenido por objeto evitar la quiebra o suspensi¨®n de pagos del grupo y que de los datos aportados por el Gobierno no se desprende ninguna raz¨®n para expropiar Rumasa

La demanda de juicio interdictal contra el Estado espa?ol, para recobrar la posesi¨®n de Rumasa, se?ala que el decreto del 24 de febrero pasado, por el que se expropiaron las propiedades de Ruiz-Mateos viola el art¨ªculo 86.1 de la Constituci¨®n, al no haber existido la necesidad para proceder a la expropiaci¨®n. De todos los datos que el Gobierno ha dado desde el d¨ªa de la expropiaci¨®n de Rumasa, SA y su grupo de empresas, hasta la fecha (6 de abril pasado), "todav¨ªa no se conoce cu¨¢l es la raz¨®n que le llev¨® a tomar la medida que se combate".

La expropiaci¨®n, lo mismo que cualquier otra medidal hubiera estado justificada, desde los planteamientos del ministro, como sanci¨®n contra una conducta del presunto incumplidor. Pero hasta ahora era desconocida en el ordenamiento jur¨ªdico una medida de tan grav¨ªsimas consecuencias, fundamentada en una sanci¨®n que se ha impuesto sin o¨ªr ni siquiera al interesado.

El Consejo de Estado

La prueba de que no hab¨ªa ninguna necesidad de aplicar esta medida, es que el Gobierno, al pedir dictamen al Consejo de Estado para la tramitaci¨®n por v¨ªa del real decreto ley, ha recibido la siguiente respuesta del mismo: "En una estimaci¨®n previa que no prejuzga la cuesti¨®n, cabe decir que no hay en el expediente suficientes el¨¦mentos de juicio para que el Consejo de Estado se pronuncie de un modo concluyente sobre si est¨¢ justificada o no la expropiaci¨®n".

Para los autores del interdicto, del expediente enviado al Consejo de Estado no se deducen las razones de necesidad o utilidad para la expropiaci¨®n. "P¨²dicamente, el Consejo de Estado dice que no se puede pronunciar de modo concluyente, actitud que no significa m¨¢s que una velada confesi¨®n de su inexistencia".

Otra demostraci¨®n palpable de la inexistencia de causa expropiandi es la propia declaraci¨®n de Boyer en el Congreso: "A¨²n se est¨¢ investigando", dice el ministro, "pero no corresponde a las cifras que se han dicho. Les puedo decir que el coste es muy peque?o". "Si el coste de la operaci¨®n es muy peque?o", dice el documento, "es que la situaci¨®n patrimonial del grupo expropiado no era ni tan desesperada ni tan necesitada de urgente cambio de titularidad como se aleg¨® para expropiar". ?Qu¨¦ otro sentido puede tener la frase del ministro?

La demanda afirma, por otro lado, que los hermanos Ruiz- Mateos son los ¨²nicos propietarios de las acciones al portador representativas del capital social de Rumasa, SA, aunque ninguno de ellos tiene en su poder justificante alguno demostrativo de esas propiedades en pleno dominio; en la ocupaci¨®n que ha acompa?ado a la expropiaci¨®n, la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado tiene en su poder los documentos necesarios para probar la posesi¨®n de los Ruiz-Mateos sobre sus acciones. Sin embargo, los Ruiz-Mateos tienen en su poder la hoja registral en donde se recogen nominalmente algunos desembolsos pasivos posteriores a las ampliaciones de capital que se han producido en Rumasa. De esta hoja se deduce que Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos suscribe desde un incierto momento el 50% de las acciones emitidas y que los cinco hermanos de Jos¨¦ Mar¨ªa suscriben cada uno de ellos el 10%, lo que completa el 100% del capital emitido.

El despojo

Adem¨¢s, los Ruiz-Mateos pose¨ªan a t¨ªtulo particular el 2,5% del capital social de Ballestero y C¨ªa. (lsidoro Ruiz-Mateos), el 2,5% de Ballestero y C¨ªa., el 2,64% del Banco Comercial de Catalu?a, el 10,64% del Banco de Jerez y el 5,39% de Vi?edos Espa?oles (Zoilo Ruiz-Mateos).

Por otra parte, Rumasa es propietaria, directa o indirectamente, del 100% de las entidades relacionadas en el anexo del decreto de expropiaci¨®n, exceptuando las peque?as participaciones que est¨¢n en manos de terceros en las sociedades que a continuaci¨®n se detallan: Ballestero y C¨ªa., SL, 5% del capital social en manos de terceros, Banco Atl¨¢ntico, SA, 44%, Banco Comercial de Catalu?a, SA, 19,82%, Banco Condal, SA, 42,36%, Banco Industrial del Sur, SA, 3,16%, Banco General, SA, 29,66%, Banco Latino, SA, 0,64%, Banco del Norte, SA, 0,01%, Banco del Noroeste, SA, 9,34%, Banco Peninsular, SA, 0,13%, Bodegas Franco Espa?olas, SA, 0,06%, Bodegas Internacionales, SA, 5,74%, Calmante Vitaminado, SA, 50%, F¨¦nix Peninsular, SA, 50%, Fontecelta, SA, 0,01%, Galer¨ªas Preciados, SA, 21,38%, Internacional de Alimentos, SA, 30%, Instituto Espa?ol, SA, 0,09%, Leasing Internacional, SA, 2,88%, Loewe, SA, 33,45%, Minerva, SA, 1,26%, Rumasina, SA, 9,83%, Rumasinver, SA, 1,97%, Viajes Internacional Expresso, SA, 0,17%, Vi?edos Espa?oles, SA, 7,7%. Por ¨²ltimo, la participaci¨®n directa de Rumasa, SA, en el capital social de las entidades relacionadas en el anexo del real decreto ley de expropiaci¨®n de 24 de febrero pasado (en tantos por 100) y n¨²mero de acciones, es la que se detalla en el cuadro adjunto.