Los precios agrarios

LAS LLUVIAS de abril y la concentraci¨®n de 10.000 "j¨®venes" agricultores en Madrid para pedir la destituci¨®n del ministro de Agricultura han tra¨ªdo al primer plano de la actualidad el tema del campo, sometido desde hace casi tres a?os a los desoladores efectos de una interminable sequ¨ªa. El cuadro descrito por los j¨®venes agricultores -un endeudamiento masivo del sector agrario a punto de caer en las manos de los eternos usureros, ante s¨®lo privados pero ahora tambi¨¦n p¨²blicos- resulta desolador y contrasta con las ideas de algunos expertos acerca de la verdadera situaci¨®n agropecuaria. Los estudios econ¨®micos solventes suelen describir una agricultura muy heterog¨¦nea, acosada por muchas dificultades pero con excelentes resultados en algunos sectores; las relaciones entre cajas, rurales y cooperativas agrarias, por otro lado, muestran una tolerancia crediticia que est¨¢ poniendo en peligro la supervivencia de estas instituciones de cr¨¦dito, antes que demostrando la existencia de unas pr¨¢cticas de usura escandalosas. Naturalmente, la sequ¨ªa oprime, y tambi¨¦n aprietan los resultados de las ¨²ltimas negociaciones de precios con el Ministerio de Agricultura.Este a?o las autoridades socialistas han aprobrado un alza de precios agrarios en torno al 9%, inferior al nivel del 12% de la inflaci¨®n prevista para el a?o. Adem¨¢s, el Gobierno se ha limitado a o¨ªr a los agricultores, sin preocuparse por firmar un acuerdo previo con las organizaciones campesinas. Esta pr¨¢ctica, semejante a la que se sigue en el Mercado Com¨²n, ha mostrado la firmeza para adoptar decisiones del Gobierno socialista, l¨®gicamente interesado en que los incrementos de precios de los alimentos se sit¨²en por debajo del nivel general de aumento de los convenios salariales.

El Gobierno, por lo dem¨¢s, ha maniobrado con habilidad frente a las cinco organizaciones agrarias. Dado lo intrincado del mundo agrario, conviene describir esas organizaciones como paso previo para entender mejor el juego de las negociaciones. La Confederaci¨®n Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) es una organizaci¨®n bien trabada y bastante arraigada en Andaluc¨ªa, que representa en el campo, aunque comparativamente con menor implantaci¨®n, lo que la CEOE en la industria y los servicios. La Uni¨®n de Federaciones Agrarias de Espa?a (UFADE), cuya formaci¨®n ha sido m¨¢s artificiosa, busca acomodo para sectores espec¨ªficos (remolacha, arroz, etc¨¦tera). El Centro Nacional de J¨®venes Agricultores (CNJA), ahora Federaci¨®n Nacional de Sindicatos Agrarios (FNSA), cuyas s¨ªglas originales recuerdan a la organizaci¨®n francesa, fue, en gran medida, obra del exministro centrista Jaime Lamo de Espinosa. Pese a su escasa implantaci¨®n inicial, la organizaci¨®n ha ido creciendo gracias al apoyo dado por la extinta UCD a trav¨¦s de la utilizaci¨®n de las c¨¢maras sindicales agrarias y a los desvelos de algunas personalidades vinculadas al Opus. Por el lado de la izquierda, la Federaci¨®n de Trabajadores de la Tierra (FTT) es la versi¨®n agraria de la UGT. Su implantaci¨®n todav¨ªa es precaria y lucha con la competencia de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos del Estado (COAG), dirigida en sus comienzos por Comisiones Obreras y el partido comunista.

En las negociaciones sobre precios agrarios con los sucesivos Gobiernos de UCD, el mayor protagonismo y los mayores niveles de exigencia correspondieron siempre a las organizaciones de derechas, en especial a la Confederaci¨®n. En la confrontaci¨®n con el PSOE, sin embargo, la derecha agraria, despu¨¦s de un globo sonda con alzas de precios desorbitados, ha optado por la moderaci¨®n y apenas ha mostrado inter¨¦s por las negociaciones con la Administraci¨®n. El Ministerio de Agricultura, consciente de la necesidad de una contenci¨®n de precios para evitar fuertes repercusiones en los presupuestos y en el ¨ªndice de precios al consumo, se ha limitado a forcejear con las organizaciones de izquierdas y a tratar de disminuir el papel de la COAG como defensora de los intereses del campo.

El resultado final registra un alza de precios del 91%9,5%, muy inferior a las inciales peticiones de las organizaciones de derecha. De a?adidura, el Gobierno se ha limitado a o¨ªr a los agricultores, es decir, no ha hecho suyas sus propuestas, tal y como ocurri¨® en los pactos de la Moncloa. Pese al indiscutible ¨¦xito conseguido en la negociaci¨®n por el Ministro Carlos Romero, el Gobierno ha desaprovechado tal vez una buena ocasi¨®n para poner los cimientos de una pol¨ªtica agraria viable y racional. El precio de garant¨ªa para el vino y el aceite se elevan un 3,70% y un 8,28% y se incentiva de nuevo el aumento de unas existencias invendidas que pesan en la carga financiera del campo con el Banco de Espa?a (la p¨®liza del FORPPA se sit¨²a ya en 200.000 millones de pesetas). Esta pol¨ªtica de precios favorece la plantaci¨®n de vi?edos con un alto rendimiento en alcohol y escasa calidad para el consumo humano. La consecuencia es que se prod¨²ce aceite a bajo precio, cuya compra garantiza el FORPPA-SENPA, ovino destinado a su transformaci¨®n en alcohol a costa del contribuyente. En un pa¨ªs con graves problemas de balanza de pagos y un fuerte d¨¦ficit presupuestario, lo razonable, sin embargo, ser¨ªa lo contrario: disminuir el precio del aceite de oliva, a fin de recuperar el consumo interior, y penalizar a los malos productores de vino, pag¨¢ndoles a precio de saldo los excedentes que deben transformarse en alcohol. Francia, por ejemplo, ha seguido esta pr¨¢ctica, tanto con gobiernos conservadores como bajo la presidencia de Mitterrand. Esa inercial pol¨ªtica agraria juega, en definitiva, contra el mercado y financia actividades improductivas, con el agravante de que no cuida debidamente aquellos cultivos -ma¨ªz y otros cereales pienso- de los que somos defic¨ªtarios y cuyo desarrollo descargar¨ªa la balanza de pagos y acoplar¨ªa la producci¨®n con las necesidades.