La derecha rechaza la despenalizaci¨®n del aborto y la izquierda la considera insuficiente

La despenalizaci¨®n del aborto, junto a los Presupuestos Generales del Estado, ser¨¢ la cuesti¨®n m¨¢s debatida en el Parlamento tras las elecciones del 8 de mayo. El proyecto de ley ha sido objeto de 20 enmiendas, siete de las cuales se oponen globalmente al texto gubernamental. Los grupos Popular y Centrista piden su devoluci¨®n al Gobierno por innecesario, mientras que los diputados del PCE y el de Euskadiko Ezkerra lo consideran insuficiente

La Minor¨ªa Catalana ha sido el ¨²nico grupo de la oposici¨®n que no ha presentado enmiendas como tal grupo y, al igual que el PNV, conceder¨¢ libertad de voto a sus miembros.El primer debate sobre el aborto se producir¨¢ en uno de los pr¨®ximos plenos del Congreso, que deber¨¢ pronunciarse sobre las enmiendas a la totalidad presentadas, y, en caso de que sean rechazadas, la Comisi¨®n de Justicia e Interior proceder¨¢ al estudio de las restantes. Adem¨¢s de las enmiendas a la totalidad de los grupos Popular y Centrista, tres diputados de la Minor¨ªa Catalana -Joaquim Xicoy, Josep Antoni Dur¨¢n y Llibert Cuatrecases- piden tambi¨¦n la devoluci¨®n del proyecto de ley al Gobierno.

Las razones que esgrime eI Grupo Popular para solicitar la devoluci¨®n del proyecto de ley al Gobierno son, en esencia, que es contrario al derecho a la vida que establece la Constituci¨®n, a nuestra tradici¨®n moral y jur¨ªdica -y a las creencias y sentir probado de la mayor¨ªa del pueblo espa?ol, "que deber¨ªa ser precisamente consultado al. respecto". Asimismo, declara "demostrado" que la despenalizaci¨®n del aborto no termina con su clandestinidad.

UCD reivindica educaci¨®n sexual

?l Grupo Centrista justifica su propuesta de devoluci¨®n al Gobierno en su creencia de que el aborto no es un medio l¨ªcito d¨¦ resolver los embarazos no deseados, sino que significa, dice, "un fracaso de la planificaci¨®n familiar" y es consecuencia de "falta de informaci¨®n y educaci¨®n sexual adecuada". Como soluci¨®n para evitar que muchas mujeres "acudan a la decisi¨®n l¨ªmite y desgarradora de la interrupci¨®n de su embarazo", los centristas proponen la creaci¨®n de una red de centros de orientaci¨®n familiar "insertos en la Seguridad Social, bien dotados y accesibles a todos los ciudadanos, en los que sea posible encontrar informaci¨®n cient¨ªfica y clara sobre sexualidad y asesoramiento sobre m¨¦todos anticonceptivos".

Tambi¨¦n piden la supresi¨®n o sustituci¨®n completa del texto gubernamental los diputados del Grupo Popular Juan Ram¨®n Calero y Manuel D¨ªaz-Pin¨¦s. Calero justifica la supresi¨®n en "razones de ¨¦tica cristiana, cient¨ªficas, b¨ªol¨®gicas, embriol¨®gicas, gen¨¦ticas y humanitarias". D¨ªaz-Pin¨¦s, por su parte, frente a la despenalizaci¨®n proyectada, solicita repenalizar la figura delictiva del aborto, al castigarlo con la pena de reclusi¨®n mayor -de 20 a 30 a?os de c¨¢rcel-, al equiparar al concebido y no nacido con el descendiente objeto del delito de parricidio. "Sin el respeto a la vida de los inocentes carecer¨ªa de sentido, incluso, hablar de convivencia social", explica D¨ªaz-Pin¨¦s.

El derecho al propio cuerpo

Bandr¨¦s se opone al proyecto del Gobierno, al que acusa de t¨ªmido y limitado, y propone un texto que reconoce el derecho de la mujer a su propio cuerpo y a su intimidad, y establece mecanismos de resoluci¨®n de la colisi¨®n entre este derecho y una posible vida en formaci¨®n. Establece la plena libertad de la mujer para abortar en las primeras 18 semanas -durante las que est¨¢ acreditado cient¨ªficamente "la imposibilidad de vida independiente del cuerpo de la mujer"-, y en cualquier otro plazo cuando exista grave peligro para ella o se diagnostiquen posibles, anomal¨ªas en el feto.

Los diputados comunistas consideran que el proyecto gubernamental "es de todo punto in¨²til para resolver los dos problemas fundamentales que se han de abordar en una despenalizaci¨®n: poner t¨¦rmino a la lacra social del aborto clandestino y acomodar la legislaci¨®n penal al respeto de los derechos fundamentales de la mujer y de la pareja, en particular el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia". El PCE estima que el sistema de los plazos es el que mejor respeta la propia responsabilidad de la mujer, as¨ª como, al prohibir como regla general el aborto despu¨¦s de los tres primeros meses, "sirve tambi¨¦n a la protecci¨®n de la vida en formaci¨®n, inter¨¦s que antropol¨®gicamente no se puede desconocer".

Mediante otra enmienda, el PCE propone que a las tres circunstancias previstas por el Gobierno para que el aborto no sea punible se a?ada la siguiente: "Si la continuaci¨®n del embarazo crea o incrementa una grave situaci¨®n de necesidad para la mujer, de car¨¢cter personal, familiar o social, y la intervenci¨®n se realiza en los tres primeros meses de la gestaci¨®n". A la justificaci¨®n general de la llamada indicaci¨®n social, el PCE a?ade que en la actual situaci¨®n de desempleo y subempleo masivo que el Estado imponga coactiva mente una maternidad no deseada "resulta ¨¦ti camente inmoral y so cialmente inaceptable".

Objeci¨®n de conciencia

Tanto Bandr¨¦s como los comunistas, a la vez que proponen una despenalizaci¨®n del aborto m¨¢s generosa, contemplan el establecimiento de la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos y personal sanitario, "siempre que dicha objeci¨®n", explica Bandr¨¦s, "sea sincera y completa, es decir, en la medicina p¨²blica y en la privada". En el texto de Bandr¨¦s, la formulaci¨®n de la reserva "conlleva la prohibici¨®n de practicar esta clase de intervenciones f¨²era de las instituciones sanitarias p¨²blicas, entendi¨¦ndose revocada si se toma parte en las interrupciones de embarazo tanto en centros sanitarios p¨²blicos como privados".

En igual l¨ªnea, la enmienda del PCE establece en casi los misipos t¨¦rminos la objeci¨®n de conciencia del m¨¦dico y.personal facultativo ante la autoridad sanitaria y a?ade ' que la reserva se entender¨¢ revocada cuando quien la present¨® participe en otros procedimientos o intervenciones para interrumpir el embarazo fuera de la indicaci¨®n m¨¦dica y eugen¨¦sica.

Entre las enmiendas parciales del Grupo Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n pide que en el aborto eugen¨¦sico intervenga el m¨¦dico forense y que, en los tres supuestos contemplados por el proyecto de ley, el m¨¦dico que practique el aborto comunique al juez la intervenci¨®n realizada, por si procede abrir un sumario. La diputada del mismo grupo, Carmen Llorca, propone, por su parte, que sea el forense quien acredite el tiempo de duraci¨®n del embarazo en el supuesto de violaci¨®n. Solicita asimismo que se haga constar documentalmente que la embarazada "ha sido asesorada sobre las ayudas econ¨®micas y sociales p¨²blicas y privadas que existan a disposici¨®n de las embarazadas singularmente la futura adopci¨®n del ni?o".

Enmienda 'progresista' del Grupo Popular

Manuel Cantarero, tambi¨¦n del Grupo Popular, enmienda el n¨²mero 12 del proyecto de art¨ªculo 417 bis, en el sentido de establecer que la mujer "obre impulsada por un estado de necesidad". En el texto que propone, sin duda el m¨¢s progresista de cuantos plantea el Grupo Popular, se dice que "a tal efecto, se considerar¨¢ que el aborto es un mal de naturaleza inferior a la vida de la embarazada y ¨¦sta resulta exenta penalmente del deber de sacrificarse por el futuro hijo". Cantarero recuerda que el ministro de Justicia fundament¨® este supuesto de despenalizaci¨®n del aborto en la eximente de estado de necesidad prevista con car¨¢cter general en el art¨ªculo 8 del C¨®digo Penal.

En direcci¨®n similar, aunque con un alcance mayor, ya que afecta a todo el art¨ªculo, se orienta la unica enmienda del PNV, que pretende sustituir las cinco palabras iniciales -"el aborto no ser¨¢ punible..."- por las siguientes: "Est¨¢n exentos de responsabilidad criminal quienes causaren o consintier¨¦n el aborto...". El PNV justifica su propuesta "en la conversi¨®n de las circunstancias de despenalizaci¨®n que el proyecto contempla en circunstancias de exenci¨®n de responsabilidad criminal".

Nuevos casos de despenalizaci¨®n

Joaquim Molins, de la Minor¨ªa Catal¨¢na, propone que la despenalizaci¨®n del aborto por embarazo consecuencia de violaci¨®n se ampl¨ªe a los embarazos derivados "de una inseminaci¨®n artificial no consentida". Molins estima que este supuesto, por infrecuente, no debe dejar de ser contemplado en una legislaci¨®n hacia el futuro, en el que es de esperar, dice, "una mayor utilizaci¨®n de los m¨¦todos artificiales de inseminaci¨®n y, en consecuencia, tambi¨¦n un mal uso de ellos".

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Vicens, plantea, en relaci¨®n con el n¨²mero 19 del art¨ªculo 417 bis, que en el requisito de "evitar un grave peligro para la vida o la salud de la tmbarazada" se contemple que di Dho peligro lo sea para su vida o su salud "f¨ªsica o ps¨ªquica". Vicens pretende con esta enmienda ade mar el t¨¦rmino salud al sentido que le da la Organizaci¨®n Mundial de la Salud.