M¨¢s all¨¢ del contrabando

LA FALTA de celo de las autoridades -cuando no su complicidad- y el desarrollo masivo de formas de econom¨ªa sumergida han producido en Galicia redes mafiosas de considerable importancia. Hasta la aprobaci¨®n de la ley anticontrabando de 1982, el comercio clandestino no tuvo la consideraci¨®n de delito y, por tanto, nadie fue a la c¨¢rcel; las sanciones eran meramente pecuniarias y los infractores pod¨ªan burlarlas por el procedimiento de declararse insolventes. Al amparo de otras condiciones favorables -costas muy recortadas y disponibilidad de marineros a causa de la crisis pesquera-, el sur de Galicia lleg¨® as¨ª a convertirse en una puerta de entrada de mercanc¨ªas de forma ilegal, principalmente tabaco.La corrupci¨®n administrativa ha campado, mientras tanto, por sus respetos. Favorecida por la despreocupaci¨®n de los responsables pol¨ªticos, miembros de la Guardia Civil y otros funcionarios aceptaron sobornos e incluso participaron activamente en el tr¨¢fico. La depuraci¨®n de la Guardia Civil s¨®lo se produjo despu¨¦s de un relevo en la jefatura de la Comandancia de Pontevedra y de la llegada a la provincia del primer gobernador socialista. Sorprende que los cambios de autoridades sean s¨®lo una mera coincidencia con los arrestos de miembros de las fuerzas de seguridad y las primeras detenciones de civiles. Cuando menos, el Gobierno anterior y sus representantes en Galicia pueden ser acusados de,falta de celo, aunque la destrucci¨®n de UCD como partido hace que ni siquiera el PSOE se moleste ahora en investigar a fondo tales responsabilidades.

Por el contrario, los dirigentes del Partido Socialista en Galicia denuncian conexiones entre caciquismo y contrabando. Hasta ahora los caciques ten¨ªan la protecci¨®n de la Administraci¨®n y se apoyaban en la ignorancia del pueblo, sometido a la acci¨®n de personas que "dan de favor lo que es de justicia". Ahora que las autoridades tratan de cortar los lazos con el caciquismo, ¨¦ste encuentra nuevos apoyos en la mafia del contrabando. Pero no por eso ha abandonado su actividad pol¨ªtica. La cuesti¨®n reside en que ning¨²n partido pol¨ªtico que se precie puede captar sus electores utilizando redes de apoyo caciquiles, cuyas conexiones con el submundo de la realidad a veces se desconocen. Por eso, tras la puesta en marcha de la operaci¨®n anticontrabando, cabe exigir que todo ello no quede en una simple campa?a o en un intento de disminuir el volumen del fraude a la Hacienda p¨²blica. Cuesta creer que simples guardias civiles o jefes de puesto de menor rango puedan haber ca¨ªdo en las redes de la mafia sin m¨¢s altas complicidades. Hay que investigar los patrimonios de personas sin ingresos legales y a las entidades financieras que hayan apoyado una gesti¨®n comercial tan importante como la que el volumen de contrabando requiere, realizada en condiciones que exigen inmediata liquidez.

El contrabandista no est¨¢ socialmente mal visto del todo en Galicia, porque, legal o no, la fuente de ingresos de decenas de miles de personas procede del comercio ilegal. El Gobierno est¨¢ obligado a buscar soluciones para evitar la depresi¨®n econ¨®mica de las r¨ªas y a conducirse con prudencia para atajar el peligro de estallidos de orden p¨²blico. Pero ello no debe ser obst¨¢culo para proseguir activamente la investigaci¨®n abierta, que seg¨²n medios oficiales afecta a 500 personas, as¨ª como a difundir los nombres de los principales responsables. El ruidoso silencio del Gobierno aut¨®nomo gallego en todo este tema es cuando menos una falta de tacto pol¨ªtico. El se?or Fern¨¢ndez Albor preside su ejecutivo para algo m¨¢s que los actos protocolarios: est¨¢ sentado sobre una regi¨®n minada por la econom¨ªa paralela, el fraude y la corrupci¨®n de sectores tan adulados y supuestamente apoyados por su partido como las Fuerzas de Orden P¨²blico. Pero lo que los gallegos se preguntan y los espa?oles todos tienen derecho a saber es qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de todo esto.