Cambiar algo para que todo siga igual
El Gobierno ha puesto en marcha el desmantelamiento del monopolio comercial en la distribuci¨®n de productos de petr¨®leo
El 27 de junio de 1927, un real decreto del rey Alfonso XIII daba a luz a la Compa?¨ªa Arrendataria del Monopolio de Petr¨®leos, SA (Campsa), una compa?¨ªa encargada por ley de gestionar, en regimen de monopolio estatal, la distribuci¨®n, venta y recaudaci¨®n fiscal de los productos carburantes derivados del petr¨®leo. Calificada como la ¨²nica decisi¨®n acertada de la dictadura de Primo de Rivera por algunos estudiosos, la creaci¨®n de Campsa fue obra personal de Jos¨¦ Calvo Sotelo, a la saz¨®n ministro de Hacienda del general Primo de Rivera, y durante los 56 a?os que ha durado su andadura hasta nuestros d¨ªas ha sabido cumplir fielmente su papel y resistir a todo tipo de avatares y cambios pol¨ªticos, econ¨®micos y estructurales de la historia espa?ola.
La incorporaci¨®n de Espa?a a la Comunidad Econ¨®mica Europea, prevista desde hace a?os y solicitada formalmente durante la transici¨®n pol¨ªtica, abri¨® en 1977 un serio interrogante en el futuro de esta compa?¨ªa, que, pensada originalmente para cumplir una funci¨®n mucho m¨¢s ambiciosa que la meramente recaudadora de impuestos, se qued¨® reducida, por imposiciones pol¨ªticas, en una extensi¨®n del Ministerio de Hacienda.El hecho de que Campsa supusiera m¨¢s del 10% de los ingresos fiscales del Estado y que en su seno se sucedieran una serie de batallas superpuestas entre defensores de la situaci¨®n y los m¨¢s avispados (es decir, los que pretend¨ªan una r¨¢pida y urgente adaptaci¨®n desde dentro, y no impuesta, a las normas comunitarias) hizo que durante los ¨²ltimos Gobiernos de UCD poco se hiciera en direcci¨®n de una modificaci¨®n de la anquilosada situaci¨®n jur¨ªdica del monopolio, con la excepci¨®n hecha de unos t¨ªmidos cambios epid¨¦rmicos en cuanto a la separaci¨®n de la mera funci¨®n recaudatoria y el dominio minero y determinados activos de la compa?¨ªa.
En algunos medios se cuenta la an¨¦cdota de que Leopoldo Calvo Sotelo, ¨²ltimo presidente del Gobierno con UCD, ten¨ªa una especial animadversi¨®n a deshacer lo que cre¨® su t¨ªo Jos¨¦. Lo cierto es que, pese a la urgencia y presiones de la Comunidad Europea para que se comenzara a pensar en ello, nada se hizo, y en eso lleg¨® el PSOE. Con el nuevo Gobierno las cosas adquirieron un planteamiento diferente y, pese a unos t¨ªmidos escarceos de retrasar el problema, la evidencia y la raz¨®n se impusieron.
M¨¢s presiones comunitarias
El dato determinante pudo ser la ronda negociadora hispano-comunitaria del pasado 17 de mayo. Pese a que dentro del Instituto Nacional de Hidrocarburos, de la propia Campsa y del Gobierno exist¨ªa una conciencia clara de la urgencia del problema, y se trabaja en su soluci¨®n, la comisi¨®n europea sorprendi¨® a la delegaci¨®n negociadora espa?ola con un duro documento, en el que, en aras del Tratado de Roma, se urg¨ªa a Espa?a a desmantelar en cinco a?os, a partir de la fecha de la adhesi¨®n, el. monopolio de Campsa y dar entrada, en r¨¦gimen de igualdad, a las compa?¨ªas de petr¨®leo procedentes de los pa¨ªses miembros. La Comunidad exig¨ªa tambi¨¦n el desarme gradual, por medio de contingentes anuales, de las trabas a la importaci¨®n, comercializaci¨®n y venta de productos carburantes procedentes de los pa¨ªses comunitarios.Las presiones comunitarias coincid¨ªan con el impacto en Espa?a, detenido en parte por el paraguas del monopolio, de la aguda crisis que atraviesa el sector del refino en todo el mundo y -con la adopci¨®n por las compa?¨ªas multinacionales y los pa¨ªses producto res de una nueva estrategia para paliar dicha crisis. Seg¨²n una reciente exposici¨®n de Roberto Centeno, consejero delegado de Campsa y experto en el tema, la situaci¨®n del refino en Espa?a estaba abocada a un suicida estrangulamiento a corto plazo, del que dif¨ªcilmente podr¨ªa sobrevivir, a me nos que se articularan soluciones urgentes.
Seg¨²n Centeno, la supervivencia de las compa?¨ªa! de refino, sin una base productora de crudo y sin una experiencia en solitario en la distribuci¨®n, estaba m¨¢s que en entredicho. Las refiner¨ªas alemanas, por ejemplo, perdieron en 1982 una cifra equivalente a la suma del capital m¨¢s las reservas Las francesas, a su vez, tuvieron un agujero de m¨¢s de 157.000 millones de pesetas en el mismo per¨ªodo. La sociedad Agip, de Italia, perdi¨®, a su vez, 120.000 millones en su actividad refinadora.
Todas estas compa?¨ªas pudieron salvar sus ejercicios gracias a una actividad integradora, bien por la actividad de producci¨®n de hidrocarburos, bien porque todas ellas contaban con el apoyo encubierto de sus Gobiernos. Para Espa?a, pues, la desaparici¨®n del monopolio, con la entrada en la CEE, supondr¨ªa un reto insostenible, del que s¨®lo se podr¨ªan salvar si se articulaba un mecanismo apropiado que mantuviera, por lo menos, una situaci¨®n similar a la que les protegi¨® durante cinco decenios. Razones de seguridad nacional y de estrategia justificaban por s¨ª solo el esfuerzo.
La puesta en marcha, esta misma semana, por parte del Gobierno del proceso de desmonopolizaci¨®n formal de Campsa es, explicado did¨¢cticamente, el primer intento serio, y eventualmente definitivo, para zanjar la cuesti¨®n.
En palabras sencillas, el plan consiste en unir bajo una misma organizaci¨®n a las seis refiner¨ªas espa?olas, p¨²blicas y privadas, en las actividades de distribuci¨®n, antes reservadas a Campsa, aprovechando al mismo tiempo la infraestructura de transporte y almacenamiento existente y la experiencia de la propia compa?¨ªa arrendataria del monopolio.
Para alcanzar este fin, que permitir¨ªa una mejor defensa de los intereses nacionales frente a la libre competencia de las multinacionales, los estudiosos de Campsa, del INH y del Gobierno necesitaban primero articular una modificaci¨®n jur¨ªdica y patrimonial de la actual Campsa, ahora en manos del Estado (60%), intereses financieros privados (10%) y particulares (30%) y en r¨¦gimen de monopolio, y convertirla en una sociedad mixta participada, en la que estuvieran representados el Estado (60%) y las seis refiner¨ªas (EMP, Petroliber, Petromed, Cepsa, Petronor y ERT.
Negocios en Bolsa
El Gobierno present¨® formalmente el dise?o de este plan el pasado 23 de junio a los presidentes de las seis refiner¨ªas y a los responsables m¨¢ximos del INH y de la propia Campsa. Tras el acuerdo, el Consejo de Administraci¨®n de Campsa adopt¨® la decisi¨®n, el lunes 27, de suspender las cotizaciones de la sociedad en Bolsa, con el prop¨®sito de evitar una especulaci¨®n molesta y muy rentable sobre la compa?¨ªa. Pese a esta medida cautelar, pudo existir un momento de incertidumbre (se habla de que alguien rompi¨® el pacto de silencio e intent¨® un negocio r¨¢pido en Bolsa), ya que la cotizaci¨®n de las acciones de Campsa se suspendi¨® el pasado mi¨¦rcoles, dos d¨ªas despu¨¦s de adoptada la decisi¨®n por el consejo de Campsa y una vez que se hubiera celebrado el corrillo temprano de los monopolios. Horas despu¨¦s, el Ministerio de Industria anunci¨® la puesta en marcha del proceso.La medida cautelar se justificaba, adem¨¢s, por el aplazamiento de la ampliaci¨®n de capital de Campsa que deb¨ªa comenzar el pasado 30 de junio. El consejo de administraci¨®n de la sociedad aplazaba esta ampliaci¨®n en espera de que se anunciase y terminase una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) de las acciones privadas (en manos del p¨²blico y de la mayor parte de los grandes bancos), que se realizar¨¢ muy posiblemente esta misma semana a un precio superior al 200%. del nominal. La OPA permitir¨¢ al INH controlar, el 100%. de las acciones e incluir en su patrimonio, mediante un pago al Patrimonio del Estado de unos 80.000 millones de pesetas, el activo fijo del monopolio, es decir, la red primaria de distribuci¨®n, transporte y almacenamiento de productos derivados del petr¨®leo.
La nueva sociedad vender¨¢ entonces el 40% de su accionariado a las refiner¨ªas mediante el pago por parte de ¨¦stas de un porcentaje de acuerdo a su cuota autorizada de producci¨®n. Las refiner¨ªas quedar¨¢n englobadas, as¨ª en la distribuci¨®n al por mayor y al detalle. Quedar¨¢ despu¨¦s por determinar el precio de estas acciones y la posterior inclusi¨®n en la compa?¨ªa nueva del activo circulante, que algunos estiman puede superar los 140.000 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que esta nueva compa?¨ªa continuar¨¢ arrendando el monopolio comercial y fiscal de la distribuci¨®n hasta que el ingreso en la CEE fuerce a lo contrario.
Compa?¨ªa General de Distribuci¨®n
La compa?¨ªa nueva se llamar¨¢, seg¨²n estiman algunos expertos, Compa?¨ªa General de Distribuci¨®n, aunque es muy posible que conserve la marca comercial Campsa. Esta compa?¨ªa puede tambi¨¦n ostentar la distribuci¨®n al detalle y abanderar la mayor¨ªa de las estaciones de servicio, que pueden conservar su r¨¦gimen jur¨ªdico y, eventualmente, el de distancias. Esto dificultar¨¢ la penetraci¨®n de las multinacionales a la venta al detalle e incluso de las compa?¨ªas independientes que deseen tener acceso ocasional al mercado espa?ol.En cualquier caso, la nueva situaci¨®n jur¨ªdica (se necesitar¨¢ una ley para modificar el monopolio y otras cuestiones con ¨¦l relacionadas posibilitar¨¢ la entrada de las multinacionales, de acuerdo a la legislaci¨®n de la CEE y al Tratado de Roma. Aquellas compa?¨ªas podr¨¢n pagar un canon, aunque ele vado, por utilizar la red de distribuci¨®n, pero siempre existir¨¢ el argumento de que las empresas refinadoras compraron y construyeron su red para su uso exclusivo. Una situaci¨®n muy similar a la francesa, que ha permitido a las compa?¨ªas galas mantener su monopolio de hecho en su mercado interno, como dicen algunos, durante 19 a?os.
Hasta la fecha ninguna empresa extranjera ha mostrado grandes deseos de instalarse en Espa?a, con excepci¨®n de las europeas Shell y British Petroleum. En medios comunitarios de Bruselas ambas compa?¨ªas se han mostrado muy activas, e incluso la Shell ha mostrado su disconformidad p¨²blica en Espa?a con los planteamientos oficiales. La tesis de la Shell es que la red de distribuci¨®n debe convertirse en una especie de Renle por la que puedan circular todos, incluso los extranjeros, mediante el pago de un billete o canon.
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