Ante la nueva ley de asilo / 1

Ante el proyecto de ley de Asilo que ha redactado el Gobierno, los autores de este art¨ªculo hacen una cr¨ªtica de su contenido, censurando sobre todo las grandes atribuciones que se conceden al Ministerio del Interior y denunciando en general la incoherencia de los socialistas sobre esta normativa, antes y despu¨¦s de formar Gobierno.

El exilio es una lacra y un crimen de nuestro tiempo, fruto fundamentalmente de las dictaduras y las guerras modernas. Despu¨¦s de la guerra civil, tambi¨¦n Espa?a ha padecido en su propia carne este drama de miles de espa?oles que tuvieron que pasarse gran parte de su vida fuera, por tierras de Europa y Am¨¦rica Latina, donde, por lo general, fueron bien acogidos. M¨¢s tarde, Espa?a se ha convertido en lugar de asilo para numerosos exiliados pol¨ªticos, unos 50.000 aproximadamente, la mayor¨ªa de ellos latinoamericanos. Todav¨ªa siguen llegando, aunque en menor proporci¨®n y ahora procedentes principalmente de Asia y Oriente Pr¨®ximo.La verdad es que como pa¨ªs de asilo no podemos sentirnos orgullosos de haber escrito p¨¢ginas muy brillantes, como puede hacerlo, por ejemplo, el M¨¦xico de C¨¢rdenas, por el magn¨ªfico trato que. dio a los espa?oles all¨ª exiliados. Aqu¨ª hay quienes han tenido un exilio, si no dorado, llevadero; pero otros, los m¨¢s, lo han pasado mal. Han vivido en una situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica, sin un estatuto de refugiados, bajo unas leyes y unas pr¨¢cticas predominantemente ambiguas, arbitrarias y regidas por criterios policiales. Han debido enfrentarse a graves dificultades econ¨®micas, por falta de trabajo, y la ayuda econ¨®mica oficial que se les ha dispensado ha sido escasa y ha estado encauzada casi exclusivamente en favor de los refugiados reconocidos por el Gobierno espa?ol, que suman 3.200 en la actualidad. Los latinoamericanos, en particular, han debido soportar en ocasiones campa?as de desprestigio orquestadas por ciertos sectores sociales y of¨ªciales que, con el apodo de sudacas, los vinculaban autom¨¢ticamente con cualquier acto de terrorismo o delito com¨²n que se produc¨ªa y los presentaban como usurpadores del trabajo de los espa?oles.

Somos el pa¨ªs europeo que cuenta con menos n¨²mero de refugiados. La pol¨ªtica de admisi¨®n de nuevos refugiados se hace cada vez m¨¢s cerrada, la m¨¢s restrictiva de Europa. Hay datos que son elocuentes. Si tomamos el ejemplo del sur de Europa, la parte m¨¢s pr¨®xima a nosotros por razones geogr¨¢ficas, econ¨®micas y pol¨ªticas, constatamos que durante el a?o 1982 Espa?a s¨®lo concedi¨® el estatuto de refugiados a 256 personas, un 10% aproximadamente de las 2.600 personas que lo solicitaron, mientras que Francia reconoci¨® a 17.174, que supone el 72% de las 22.741 peticiones presentadas. Respecto a Portugal, Italia y Grecia baste se?alar que sus ¨ªndices de admisi¨®n son muy superiores a los de Espa?a. Por el contrario, Espa?a obtuvo en ese mismo a?o del ACNUR 2.700.000 d¨®lares, la mayor cantidad recibida, con bastante diferencia, por cualquiera de los pa¨ªses citados.

Vemos, pues, que entre los pa¨ªses europeos ocupamos el furg¨®n de cola de la solidaridad y de la protecci¨®n jur¨ªdica de los asilados. El argumento de la crisis y el paro -aparte de que en s¨ª mismo tiene un valor relativo, puesto que la incidencia laboral de los exiliados en el mercado total de trabajo es irrelevante, y, por otra parte, no se puede prescindir de su aportaci¨®n positiva en su serie de actividades- se estrella contra el ejemplo de solidaridad que en muchos aspectos nos dan otros pa¨ªses europeos que tambi¨¦n sufren los golpes de la crisis y se sit¨²an en un nivel econ¨®mico -e incluso democr¨¢tico- parecido y hasta por debajo del nuestro. Algo fundamental, pues, falla en nuestra conciencia colectiva solidaria y en nuestra vida democr¨¢tica referida a los exiliados.

No todo, sin embargo, ha sido negativo. Se han conseguido algunos logros en estos a?os pasados: el reconocimiento del derecho constitucional de asilo; la adhesi¨®n espa?ola a la Convenci¨®n de Ginebra y al Protocolo de Nueva York sobre refugiados, que autom¨¢ticamente se convirtieron, por lo menos a nivel formal, en ley interna del Estado espa?ol, y la promulgaci¨®n de una normativa espec¨ªfica, en 1979, aunque peque de los mismos defectos jur¨ªdicos antes imputados a la legislaci¨®n general. Tambi¨¦n hay que mencionar, por una parte, la destacada labor realizada por la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR), presidida desde su fundaci¨®n por Justino de Azc¨¢rate, exiliado durante 38 a?os en Venezuela, y en la que est¨¢n representados pr¨¢cticamente todos los sectores sociales, sindicales, pol¨ªticos y religiosos del pa¨ªs, por la Cruz Roja y otros organismos espa?oles; por la otra, en el plano de la comunidad internacional, la importante tarea y ayuda que han llevado a cabo ACNUR y diversas instituciones europeas no gubernamentales.

?Esperanzas de cambio?

Con el acceso de los socialistas al poder crecieron las esperanzas del cambio en este campo. As¨ª lo presagiaba la trayectoria solidaria del PSOE, que tanto ha hecho por los exiliados, entre otras cosas, contribuir, con otros partidos y organizaciones, a la creaci¨®n de CEAR, de la que es miembro y hoy presidida por el senador socialista Alfonso Cuc¨®; la presentaci¨®n de dos proposiciones de ley de asilo en la anterior legislatura -elaboradas precisamente por uno de sus representantes en CEAR, hoy ministro del actual Gobierno- y su defensa en el Parlamento, dentro de una l¨ªnea abierta y europea, y los anteproyectos presentados por el actual Ministerio de Justicia, inspirados en dichas proposiciones. Sin embargo, el proyecto salido recientemente del Consejo de Ministros, actualmente en poder de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso, ha causado sorpresa, asombro y decepci¨®n entre quienes alimentamos tales esperanzas, desde los propios exiliados, pasando por las organizaciones que se ocupan de ellos y la defensa de los derechos del hombre, hasta los mismos socialistas. Las causas no pueden ser m¨¢s claras. El proyecto, por una parte, entiende el asilo como una cuesti¨®n de seguridad del Estado, y de ah¨ª que vincule la pol¨ªtica en esta materia al Ministerio del Interior y, por otra, deja a los que buscan asilo en nuestro pa¨ªs en una situaci¨®n de desprotecci¨®n jur¨ªdica y administrativa ante la imposibilidad de recurso alguno cuando el Gobierno deniegue la solicitud del mismo. Quede claro, en primer lugar, que lo que aqu¨ª est¨¢ en juego primordialmente es la concepci¨®n de lo que es y debe ser una pol¨ªtica de asilo, no una disputa sobre si el Ministerio del Interior -y menos a¨²n las personas que lo representan- es el bueno o el malo de la pel¨ªcula, ni sobre la necesidad de que este ministerio ejerza sus responsabilidades espec¨ªficas en esta cuesti¨®n. No se trata de un proceso a determinadas instituciones o personas, ni de poner en entredicho sus funciones propias. Lo que aqu¨ª se ventila en el fondo es una visi¨®n humana, una filosof¨ªa ¨¦tica y pol¨ªtica sobre el asilo y los asilados y hasta una manera de concebir la democracia. Porque el asilo es, ante todo, por su misma naturaleza, un problema humano de personas sin patria y sin casa, por causa de las dictaduras, que llaman a las puertas de nuestro pa¨ªs pidiendo ayuda y protecci¨®n; un problema de derechos del ser humano; un problema de solidaridad y de convivencia democr¨¢tica entre los hombres y los pueblos. Algo adem¨¢s que afecta al ¨¢mbito de las relaciones exteriores, laborales, jur¨ªdicas, educativas, al campo de la seguridad del Estado, de la seguridad social, etc¨¦tera. Y todo ello reclama una pol¨ªtica global, inspirada en el respeto a los derechos de la persona y en la solidaridad, debidamente planificada y coordinada, donde la seguridad del Estado y, por tanto, el Ministerio del Interior han de cumplir un papel muy espec¨ªfico, pero de ning¨²n modo pueden asumir el protagonismo principal, y mucho menos a¨²n el ¨²nico, como en la pr¨¢ctica pretende el proyecto.Precisamente sobre estos fundamentos se basaron las referidas proposiciones de ley del PSOE y el anteproyecto del Ministerio de Justicia, que se apoy¨® en ellas, defendiendo ambos, en coherencia con ellos, la creaci¨®n del Servicio para la Protecci¨®n de los Asilados (SEPRA), como el organismo aut¨®nomo y responsable de la pol¨ªtica de asilo en nuestro pa¨ªs, integrado por todos los ministerios afectados y en el que se contaba con la presencia y la colaboraci¨®n de ACNUR y CEAR, as¨ª como enclavado en el Ministerio de la Presidencia. Igual que lo han concebido los pa¨ªses democr¨¢ticos europeos como Noruega, Dinamarca, Holanda y Portugal, Alemania, B¨¦lgica, Francia e Italia, donde en la mayor¨ªa de ellos la pol¨ªtica de asilo depende de los ministerios de Justicia; en otros, de organismos como el SEPRA u otros semejantes, y en el caso de B¨¦lgica, de ACNUR, cuya organizaci¨®n y otras agencias no gubernamentales, por otra parte, participan o colaboran estrechamente con estos organismos responsables.