?Para qu¨¦ sirven los jueces?

LA AUDIENCIA Provincial de Madrid ha condenado a Rafael Escobedo a 53 a?os de c¨¢rcel por considerarle autor del asesinato de sus suegros, los marqueses de Urquijo. Dada la alta probabilidad de que ese fallo sea recurrido ante el Tribunal Supremo, el caso, sin embargo, no ha quedado cerrado. Mientras no exista sentencia firme, el proceso seguir¨¢ abierto, y tanto la acusaci¨®n como la defensa podr¨¢n argumentar en favor de sus tesis y aportar, en caso de prosperar los recursos, nuevos testigos y pruebas acusatorios o exculpatorios.La enorme expectaci¨®n popular despertada por el juicio de los marqueses de Urquijo ha creado una demanda informativa cuya insaciabilidad puede dar lugar a formas degeneradas de oferta period¨ªstica. Ahora bien, tan rechazable ser¨ªa transformar conjeturas en afirmaciones, convicciones morales en hechos ciertos o intuiciones en dogmas como ocultar pruebas, que deber¨ªan ser entregadas a los tribunales, a fin de utilizarlas en una especie de juicio paralelo para dejar en rid¨ªculo a los jueces. Cualquiera de los dos supuestos ser¨ªa inadmisible, sin que la libertad de expresi¨®n pueda ser esgrimida como coartada de la flagrante violaci¨®n de otros bienes igualmente amparados por la Constituci¨®n. Tal ha ocurrido, sin embargo, con el reportaje publicado por un semanario de gran difusi¨®n, que ha sentado en el banquillo y condenado por su cuenta, como autores, c¨®mplices o encubridores del asesinato de los marqueses de Urquijo, no s¨®lo a Rafael Escobedo, sino tambi¨¦n a otras cinco personas que ni siquiera han sido procesadas. Para mayor perplejidad, los supuestos hechos son oficiosamente atribuidos a un funcionario del Cuerpo Superior de Polic¨ªa que investig¨® el caso. Y para mayor audacia, el reportaje fue publicado en v¨ªsperas de que la Audiencia Provincial dictase sentencia.

Una de dos: o bien el reportaje descansa sobre pruebas ciertas, en cuyo caso sus autores deber¨ªan haberlas entregado a la justicia en lugar de secuestrarlas hasta que la vista oral concluyera, o bien esa reconstrucci¨®n hipot¨¦tica de los hechos no tiene otro soporte que la imaginaci¨®n fabuladora y una azarosa l¨®gica, en cuyo caso carece de todo valor procesal y entrar¨ªa de lleno en el campo de la calumnia. No se puede defender, en cualquier caso, que la informaci¨®n aparecida en ese semanario ayude en lo mas m¨ªnimo a que la justicia resplandezca, las instituciones del Estado sean respetadas, la Prensa gane en credibilidad y la sociedad espa?ola progrese por el dif¨ªcil camino del aprendizaje de los valores democr¨¢ticos. Frecuentemente se pasa en este pa¨ªs de una ciega adoraci¨®n por las instituciones, r¨¦mora de un pasado en el que aparec¨ªan como becerros de oro, a estos desafueros particulares que, pretendiendo operar como supuestas instancias paralelas, desprecian con bochornosa arrogancia los elementos constitutivos de un Estado.

Desconocemos cu¨¢l pueda ser la cobertura probatoria de esas afirmaciones que implican en el doble crimen no s¨®lo al condenado, sino tambi¨¦n a su padre, al hijo de las v¨ªctimas y a otras tres personas. Pero parece evidente que, de existir tales evidencias acusatorias, deber¨ªan haber sido aportadas al sumario y no utilizadas al margen y como ingredientes para nutrir un sensacionalismo period¨ªstico que con su misma alharaca parece querer atribuirse la voz m¨¢s rotunda y justiciera en este pleito. Porque, efectivamente, si esa historia truculenta fuera s¨®lo fruto de la mente de un lector de novelas policiacas o de un polic¨ªa deseoso de ser le¨ªdo como protagonista de una novela, el perjuicio causado al prestigio del poder judicial con la difusi¨®n de esa explicaci¨®n alternativa ser¨ªa tan dif¨ªcil de reparar como el da?o inferido a las cinco personas mencionadas en el reportaje. Lo que finalmente ha quedado demostrado en el juicio de Escobedo es la falta de profesionalidad de unos polic¨ªas acostumbrados a trabajar a base de h¨¢biles interrogatorios e incapaces las m¨¢s de las veces de presentar pruebas. Pruebas, y no conjeturas, es lo que los jueces de un Estado de Derecho necesitan para condenar a los culpables. Pero habr¨¢ que volver sobre un caso como este, que ha puesto en evidencia, todo a un tiempo, la endeblez de una gran cantidad de instituciones: polic¨ªa, judicatura y Prensa, entre ellas.