Aprobada la ley que convalida los primeros pasos administrativos del Gobierno socialista
Unas declaraciones del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, a los periodistas en los pasillos del Congreso dieron motivo ayer al grupo Popular para alterar el orden de trabajo del Pleno de la C¨¢mara. Cuando se discut¨ªa precisamente el proyecto de ley sobre la organizaci¨®n de la administraci¨®n central del Estado, que convalida el decreto ley con arreglo al cual se constituy¨® el Gobierno socialista, as¨ª como sus primeros pasos administrativos, Modesto Fraile plante¨® la conveniencia de que el presidente del Gobierno explicara a la C¨¢mara el plan econ¨®mico cuatrienal del que estaba informando a los periodistas. El presidente de la C¨¢mara le retir¨® la palabra y numerosos diputados del Grupo Popular abandonaron sus esca?os.
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Modesto Fraile, pidi¨® la palabra para plantear como cuesti¨®n de orden la presencia de Felipe Gonz¨¢lez en un sal¨®n anexo "con focos y c¨¢maras" para informar sobre el plan cuatrienal citado, mientras que no se explicaba a la c¨¢mara. Cuando intentaba solicitar la- comparecencia del presidente del Gobierno en el hemiciclo o la interrupci¨®n de la sesi¨®n, el presidente de la C¨¢mara, Gregorio Peces-Barba asegur¨® que la cuesti¨®n planteada no era de orden, "sino de desorden" y le retir¨® la palabra. La gran mayor¨ªa de los diputados del Grupo Popular que abandonaron el esca?o regresaron al mismo cuando, poco despu¨¦s, volvi¨® el presidente del Gobierno a la cabecera del banco azul.El punto central de la discusi¨®n del proyecto de ley sobre la administraci¨®n central del Estado, fueron las disposiciones transitorias en las que se establece que todas las normas dictadas en desarrollo y ejecuci¨®n del decreto ley del siete de diciembre de 1982, "se entender¨¢n v¨¢lidas y subsistentes mientras no se disponga lo contrario" y que asimismo "ser¨¢n v¨¢lidos y surtir¨¢n todos sus efectos con arreglo a la ley los actos administrativos dictados por los ¨®rganos establecidos al amparo del referido decreto ley".
En nombre del Grupo Popular, Juan Luis de la Vallina asegur¨¦ que mediante estas normas "se pretende salir al paso del posible pronunciamiento de inconstitucionalidad del decreto ley, recurrido ante el Tribunal Constitucional por cincuenta diputados".
C¨¢maras 'domesticadas'
Denunci¨® el intento socialista de impedir el pronunciamiento del alto tribunal mediante un proyecto de ley que no respeta los principios esenciales del estado de derecho al distorsionar, seg¨²n dijo, el sistema de poderes y no permitir que el tribunal constitucional llegue claramente hasta el final.Juan Luis de la Vallina se?al¨® que el proyecto de ley a debate domestica al poder legislativo, "ya que en lugar de que sean las c¨¢maras las que controlen al poder ejecutivo, se ponen ¨¦stas al servicio del mismo". Record¨® que, en su momento, la oposici¨®n pidi¨® la tramitaci¨®n del decreto ley como proyecto de ley y el PSOE se opuso. A?adi¨® que no es correcto decir, como hacen las disposiciones citadas, que los actos administrativos "son v¨¢lidos" ya que, aunque gozan de la presunci¨®n de legitimidad, estimarlos v¨¢lidos equivale a invadir la funci¨®n de control jurisdiccional que corresponde a los tribunales de justicia.
El socialista Joan Marcet neg¨® que el proyecto de ley suplante a ning¨²n ¨®rgano de justicia, pero reconoci¨® que trata de convertir en ley el decreto ley inicial para "evitar su inconstitucional sobrevenida", al desaparecer la urgencia que lo justific¨® en su momento".
Otras enmiendas del Grupo Popular, entre ellas varias defendidas por Jos¨¦ Manuel Romay, fueron igualmente rechazadas. Romay pidi¨® que la ley se limite a decir el n¨²mero de ministros del Gobierno, sin enumerarlos, para dejar al presidente del Gabinete la facultad de reordenar su estructura. Tambi¨¦n propuso que del actual n¨²mero de quince ministros se pase a principio de 1984 a doce, y en 1985 a diez. Justific¨® estas enmiendas en la transformaci¨®n del estado centralizado en estado auton¨®mico y en el vaciamiento de competencias ministeriales como consecuencia del proceso de transferencias. Asimismo estim¨® que el Gobierno dar¨ªa ejemplo de austeridad.
Por la minor¨ªa catalana, Llibert Cuatrecases defendi¨® que en los casos de ausencia y enfermedad del presidente del Gobierno, la sustituci¨®n se realice por delegaci¨®n, en lugar del automatismo establecido en favor de la sustituci¨®n por el vicepresidente del Gobierno. Tambi¨¦n propuso que la creaci¨®n, modificaci¨®n refundici¨®n o supresi¨®n de ¨®rganos administrativos que podr¨¢ hacerse por orden ministerial del departamento afectado, se produzca "siempre que globalmente no suponga un incremento del gasto p¨²blico".
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