El Tribunal Constitucional pone fin, a dos a?os de pol¨¦mica
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA se produce un a?o y seis d¨ªas despu¨¦s de que aceptara a tr¨¢mite la presentaci¨®n de cinco recursos previos de inconstitucionalidad de los parlamentos y Gobiernos aut¨®nomos de Euskadi y Catalu?a y 50 diputados nacionalistas y comunistas, respectivamente, y al cumplirse dos a?os de la firma por parte de UCD y del PSOE de los pactos auton¨®micos, cuyo principal fruto fue la ley.El origen de los pactos auton¨®micos y de la LOAPA puede situarse en la segunda mitad del a?o 1980, cuando Rodolfo Mart¨ªn Villa empez¨® la llamada reconducci¨®n de las autonom¨ªas desde el Ministerio de Administraci¨®n Territorial. En septiembre de ese mismo a?o, Mart¨ªn Villa ya anunci¨® en el Senado la intenci¨®n del Gobierno Su¨¢rez de igualar los techos auton¨®micos de todas las comunidades aut¨®nomas "sean cuales fueren las v¨ªas de actuaci¨®n" y de generalizar el proceso auton¨®mico, "que debe concluir", afirmaba, "a principio de 198Y. Dos meses despu¨¦s, en Valencia, el, ex ministro anunci¨® el deseo del Gobierno de alcanzar unos "pactos de la Moncloa de car¨¢cter auton¨®mico" capaces de lograr una homogeneizaci¨®n del proceso de las autonom¨ªas. En aquella ocasi¨®n Mart¨ªn Villa calific¨® de "muy aceptable" la idea que en aquellos d¨ªas aireaba Felipe Gonz¨¢lez de elaborar una ley org¨¢nica para desarrollar el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n.
Tras la dimisi¨®n de Adolfo Su¨¢rez como presidente del Gobierno, y con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero como trasfondo, el Gobierno de UCD y el PSOE, el 3 de abril de 1981, obsesionados por la necesidad de una concertaci¨®n pol¨ªtica, crean una comisi¨®n negociadora para pactar una reconducci¨®n del desarrollo auton¨®mico, que recibir¨ªa el asesoramiento t¨¦cnico de un equipo de expertos en derecho administrativo, presidido por el catedr¨¢tico Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa. Integraban el equipo Tom¨¢s Ram¨®n Fem¨¢ndez, Santiago Mu?oz Machado, Miguel S¨¢nchez Mor¨®n, Luis Cosculluela Montaner -¨²ltimo ministro de Administraci¨®n Territorial del Gabinete de Calvo Sotelo-, Tom¨¢s de la Quadra Salcedo y Francisco Sosa Wagner, actuales titular y secretario general t¨¦cnico del mismo departamento.
En el informe de este equipo se inclu¨ªa el contenido de una "posible ley org¨¢nica de Ordenaci¨®n del Proceso Auton¨®mico" (LOOPA), sin articular. A partir de esa doctrina, el equipo de t¨¦cnicos con que contaba Rodolfo Mart¨ªn Villa en el Ministerio de Administraci¨®n Territorial ten¨ªa ya preparado para los primeros d¨ªas de junio un borrador articulado de la LOOPA. El 24 de junio se iniciaron formalmente las conversaciones para la concertaci¨®n auton¨®mica entre representantes del Gobierno, PSOE, AP y PCE. Los partidos PNV y CiU no fueron oficialmente invitados a participar en las mismas. Dicha comisi¨®n empez¨® a estudiar el 22 de julio el borrador de la LOOPA, que d¨ªas antes hab¨ªa sido retocado en una reuni¨®n en Castellana, 3, sede del Ministerio de Administraci¨®n Territorial, a la que asistieron Mart¨ªn Villa, el catedr¨¢tico Garc¨ªa de Enterr¨ªa y Gregorio Peces-Barba. Se introdujeron algunas variaciones y pas¨® a denominarse ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA).
UCD y PSOE se quedan solos
El proyecto de ley recibir¨ªa finalmente s¨®lo el apoyo de centristas y socialistas, cuyos m¨¢s cualificados defensores en la.negociaci¨®n fueron Alfonso Guerra, hoy vicepresidente del Gobierno, y Mar¨ªa Izquierdo, actual secretaria de Estado para las Autonom¨ªas. Aliancistas y comunistas se retiraron de la cumbre auton¨®mica en la tarde del d¨ªa 31 de julio, fecha en la que se firmaron los pactos auton¨®micos, que inclu¨ªan la ley. Los primeros adujeron su disconformidad con los acuerdos econ¨®micos incluidos en los pactos -cuyo principal texto era el proyecto de Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial- y diferencias con algunos planteamientos de la pol¨ªtica auton¨®mica pactada que, en su opini¨®n, deb¨ªa pasar por soluciones como la reforma del art¨ªculo 22 y el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n.
Con respecto a la LOAPA, Alianza Popular pretendi¨®, sin ¨¦xito, el reforzamiento del papel de las diputaciones en detrimento de las instituciones auton¨®micas. El PCE no aceptaba el car¨¢cter org¨¢nico y de armonizaci¨®n de la LOAPA, que consideraba inconstitucional y atentatoria contra los estatutos de autonom¨ªa vasco y catal¨¢n.
El presidente Leopoldo Calvo Sotelo manifest¨® el mismo d¨ªa de la firma de los pactos auton¨®micos a los informadores: "La LOAPA no puede ser calificada por nadie de inconstitucional, y darle ese car¨¢cter corresponde ¨²nicamente a los tribunales que hay en este pa¨ªs".
La respuesta de los nacionalistas
Nada m¨¢s conocer el contenido de la ley, los nacionalistas vascos y catalanes pusieron el grito en el cielo, calificando la LOAPA como un "atentado" a sus estatutos, a los que, afirmaban, vaciaba de competencias, y una reforma encubierta y restrictiva del contenido del t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n. El 29 de septiembre de 1981 el Pleno del Congreso de los Diputados, con los votos ampliamente mayoritarios de UCD, PSOE y Coalici¨®n Democr¨¢tica, apreci¨® la necesidad de que la ley pactada se tramitara en la C¨¢mara. PNV, CiU, PSA, comunistas y Ram¨®n Tamames y Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, del Grupo Mixto, votaron en contra. Adem¨¢s de Mart¨ªn Villa, Felipe Gonz¨¢lez y Ernest Lluch -portavoz del grupo socialista catal¨¢n y hoy ministro de Sanidad y Consumo- defendieron la necesidad de la,armonizaci¨®n auton¨®mica recogida en la LOAPA.
Pasa a la p¨¢gina 10
El Tribunal Constitucional pone fin, a dos a?os de pol¨¦mica
Viene de la p¨¢gina 9
En s¨ªntesis, los nacionalistas consideraban inconstitucional la ley, ya que ni el art¨ªculo 81 de la Constitucion ni ning¨²n otro amparaban el car¨¢cter de org¨¢nica -consideraci¨®n que tienen los estatutos- de la norma. Consideraban asimismo del constitucional la LOAPA porque permit¨ªa armonizar la legislaci¨®n de las comunidades -aut¨®nomas antes de que ¨¦sta existiera, en contra de lo previsto en el art¨ªculo 150/2 de la Constituci¨®n, en el que se habla de la posibilidad de armonizar "disposiciones normativas de las comunidades aut¨®nomas"; es decir, a partir de la existencia de producci¨®n legislativa.
En los art¨ªculos 1?, 2? y 4? del t¨ªtulo I de la LOAPA, los nacionalistas vieron desde el comienzo una legal para, a trav¨¦s de un principio de preeminencia de la legislaci¨®n del Estado, negar el car¨¢cter de exclusivas a competencias de las comunidades aut¨®nomas, que se convertir¨ªan, en el mejor de los casos, en competencias compartidas.
Pese a las presiones de los Gobiernos catal¨¢n y vasco, el Consejo de Ministros celebrado el 16 de octubre de 1981 acord¨® remitir al Congreso- la LOAPA. Diez d¨ªas despu¨¦s, alrededor de 100.000 personas se manifestaron en Bilbao contra la ley. Era la primera acci¨®n p¨²blica de contestaci¨®n a la ley, a la que seguir¨ªan las resoluciones de los parlamentos catal¨¢n y vasco para que la norma fuera retirada. El inic¨ªo del a?o 1982 marca una fase de intentos negociadores de los partidos mayoritarios con el PNV y CiU a fin de aproximar criterios en tomo a la LOAPA, que resultaron fallidos. Contactos unilaterales secretos celebrados entre representantes del Gobierno con el PNV y Convergencia fueron denunciados por el PSOE, que trataba as¨ª de impedir que los centristas Regaran, mediante un arreglo de la LOAPA, a un pacto para poder concluir la legislatura -objetivo que no lograron- con los nacionalistas. Los socialistas manifestaron que las negociaciones para mejorar la ley deb¨ªan de producirse en el curso de la discusi¨®n de la ley en el Congreso.
Modificaciones de ¨²ltima hora
El 25 de marzo de 1982 la Comisi¨®n Constitucional de la C¨¢mara baja rechaz¨® las enmiendas a la totalidad presentadas por los nacionalistas y comunistas a la LOAPA. Fechas antes, el d¨ªa 14, en torno a 100.000 personas se hab¨ªan manifestado tambi¨¦n en Barcelona contra la ley, y un equipo de catedr¨¢ticos constitucionalistas, presididos por Guermensindo Trujillo, emitieron un dictamen encargado por el Gobierno vasco calificando la LOAPA como inconstitucional. Despu¨¦s de un per¨ªodo de negociaciones entre UCD y PSOE y PNV y CiU, se produjeron modificaciones en una veintena de art¨ªculos que fueron calificadas por los primeros de "sustanciales" e "insuficientes" por los nacionalistas. El 28 de mayo de 1982 la Comisi¨®n Constitucional del Congreso aprob¨® los art¨ªculos m¨¢s conflictivos de la LOAPA con una redacci¨®n similar a la actual.
Tras medio a?o de tramitaci¨®n parlarnentaria y de negociaciones pr¨¢cticamente infructuosas, la LOAPA se empez¨® a debatir en el Pleno del Congreso el 21 de junio. Los diputados socialistas Gregorio Peces Barba, Alfonso Guerra y Virgilio Zapatero, que conoc¨ªan bien el contenido y el alcance de la ley, curiosamente no subieron al estrado del Congreso para defenderla, dejando la ingrata labor en manos de la tambi¨¦n diputada del PSOE Mar¨ªa Izquierdo, que hab¨ªa participado de manera activa junto a Guerra en la negociaci¨®n de los pactos auton¨®micos de los que sali¨® la LOAPA.
Al d¨ªa siguiente, el PNV paraliz¨® 130 ayuntamientos presididos por militantes nacionalistas. En los pasillos del Congreso, en hoteles y hasta en la sede del PSOE de Santa Engracia se produjeron aceleradas negociaciones de ¨²ltima hora de los dos partidos mayoritarios con los nacionalistas a fin de intentar aproximaciones en las posturas, que segu¨ªan siendo encontradas. Fruto de ellas es la suavizaci¨®n del art¨ªculo 2? de la ley, que resulta m¨¢s aceptable para los nacionalistas, y la eliminaci¨®n en el art¨ªculo 4? de la expresi¨®n "en todo caso", al referirse a la prevalencia de las normas del Estado sobre las de las comunidades aut¨®nomas cuando aqu¨¦l las dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el art¨ªculo 149/1 de la Constituci¨®n.
Asimismo los vascos lograron que en el t¨ªtulo referido a las relaciones entre el Estado y las instituciones aut¨®nomas con las diputaciones provinciales se hiciera una salvedad en el caso vasco a trav¨¦s de un un art¨ªculo bis en el que se afirma de manera expresa "que lo dispuesto en el presente t¨ªtulo se entender¨¢ siempre sin perjuicio del r¨¦gimen propio de las Diputaciones Forales".
Sin embargo, el Congreso aprob¨® casi sin modificaciones sustanciales, con respecto a los puntos de vista nacionalistas, los art¨ªculos m¨¢s conflictivos la ley el ¨²ltimo d¨ªa de julio. Adolfo Su¨¢rez no estaba en su esca?o cuando el Congreso aprob¨® la ley con 206 votos a favor (de centristas socialistas), 36 en contra (de CiU, PNV, PSA, PCE y Ram¨®n Tamames y Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, del Grupo Mixto). La ausencia del ex presidente se interpret¨® como una actitud de rechazo a la ley y a los pactos auton¨®micos, en general, que ven¨ªan a enmendarle la plana en lo que a su pol¨ªtica auton¨®mica se refiere.
Felipe Gonz¨¢lez congela la ley
La iniciativa de Felipe Gonz¨¢lez de someter la LOAPA al Tribunal Constitucional antes de su entrada en vigor, que recibi¨® el visto bueno del Gobierno centrista, se transform¨® en una cl¨¢usula adicional en la que se afirma que "la ley entrar¨¢ en vigor a los cinco meses de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado", sin referencias concretas al alto tribunal. La propuesta del hoy presidente del Gobierno supon¨ªa, de hecho, poner plazo de cinco meses al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la ley antes de que concluyera la legislatura y se celebrasen nuevas elecciones. Sin embargo, la disoluci¨®n anticipada de las c¨¢maras y, sobre todo, la presentaci¨®n por parte de los nacionalistas de recursos previos de inconstitucionalidad contra la LOAPA abortaron la iniciativa.
El d¨ªa 23 de julio, coincidiendo con el inicio del debate de la LOAPA en el Pleno del Senado, cerca de 100.000 personas volvieron a manifestarse en Bilbao contra la ley, que sin modificaci¨®n alguna con respecto al texto remitido por el Congreso se aprob¨® en la C¨¢mara alta el 29 de julio. Tres d¨ªas despu¨¦s los parlamentos y Gobiernos de Euskadi y Catalu?a y un grupo de 50 diputados presentaron cinco recursos previos de inconstitucionalidad contra la LOAPA, que fueron aceptados a tr¨¢mite por el Tribunal Constitucional el 3 de agosto, por lo que, de acuerdo con la ley org¨¢nica de dicho tribunal, desde entonces qued¨® sin efecto su aplicaci¨®n.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- BOE
- II Legislatura Espa?a
- Recurso inconstitucionalidad
- Rodolfo Mart¨ªn Villa
- UCD
- Relaciones Gobierno central
- Pol¨ªtica nacional
- MAT
- Opini¨®n
- Prensa regional
- Tribunal Constitucional
- Recursos judiciales
- Gobierno de Espa?a
- Publicaciones oficiales
- Nacionalismo
- Organismos judiciales
- Leyes Org¨¢nicas
- Parlamentos auton¨®micos
- PSOE
- Legislaci¨®n auton¨®mica
- Catalu?a
- Tribunales
- Pa¨ªs Vasco
- Legislaturas pol¨ªticas
- Ministerios