Lo que queda en pie de la ley

Gran parte de los 24 art¨ªculos de la LOAPA cuya redacci¨®n concreta no ha sido declarada inconstitucional han perdido, a pesar de que te¨®ricamente pueden ser aplicados, su capacidad efectiva, al tratarse ya de preceptos correspondientes a una ley ordinaria que no puede prevalecer ante los estatutos de autonom¨ªa, que tienen rango superior.No obstante, el Tribunal Constitucional ha respetado pr¨¢cticamente ¨ªntegro el t¨ªtulo VI, relativo a la funci¨®n p¨²blica, donde de sus 42 p¨¢rrafos s¨®lo cuatro han sido afectados por la sentencia. El contenido de esos apartados de la LOAPA que no contradicen la Constituci¨®n puede ser utilizado en la futura Ley de Bases de la Funci¨®n P¨²blica, seg¨²n se?alaron ayer fuentes gubernamentales. Precisamente la sentencia reconoce al Estado la posibilidad de acudir a las leyes de bases como camino ordenador de determinadas normas auton¨®micas. Las fuentes citadas argumentaron que el art¨ªculo 149.1.18 de la Constituci¨®n atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre "las bases del r¨¦gimen jur¨ªdico de las Administraciones p¨²blicas y del r¨¦gimen estatutario de sus funcionarios".

Entre los art¨ªculos v¨¢lidos y aparentemente reconvertibles, figuran preceptos como la determinaci¨®n de que los funcionarios estatales transferidos contin¨²en perteneciendo a sus cuerpos o escalas de origen; la obligaci¨®n de que los ministerios formen las relaciones de funcionarios que voluntariamente quieran ser transferidos; y la necesidad de que el Ejecutivo apruebe criterios objetivos sobre la preferencia en la provisi¨®n de puestos. Asimismo, entre los art¨ªculos v¨¢lidos se incluye el precepto seg¨²n el cual el Gobierno debe establecer indemnizaciones para los funcionarios cuyo traspaso implique cambio de residencia. Igualmente, es constitucional, entre otros de importancia, el apartado que crea "el Consejo Superior de la Funci¨®n P¨²blica, que estar¨¢ integrado por representantes de la Administraci¨®n del Estado, de las comunidades aut¨®nomas y del personal. (...)".

Aunque la imposibilidad de considerar a la LOAPA como norma org¨¢nica y armonizadora plantea problemas jur¨ªdicos respecto de la aplicaci¨®n real de muchos de sus art¨ªculos, en fuentes de la Administraci¨®n se conced¨ªa ayer importancia, por ejemplo, al hecho de que el Tribunal Constitucional haya respetado el contenido del art¨ªculo 26, donde se establece que la valoraci¨®n del coste de un servicio a traspasar debe determinarse conforme a una metodolog¨ªa com¨²n a todas las autonom¨ªas. El m¨¦todo debe ser elaborado por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut¨®nomas y aprobado por el Gobierno, seg¨²n la LOAPA. La validez de esa metodolog¨ªa, que ya fue redactada en el citado consejo, es una de las razones de discrepancia en la negociaci¨®n del cupo vasco de este quinquenio. Asimismo, del hecho de que no fuera aplicada parecen desprenderse las supuestas sobrevaloraciones econ¨®micas en los traspasos a Catalu?a.

El resto de los art¨ªculos v¨¢lidos apenas tiene virtualidad puesto que, o bien ya estaban recogidos en normas de rango igual o inferior, o son dif¨ªcilmente aplicables.