Lealtad constitucional

?Por qu¨¦ un test? Porque de nuevo las palabras, los r¨ªos de palabras, amenazan con llevar por delante, con desdibujar el fondo de la cuesti¨®n. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y saber qu¨¦ actitud se adopta ante ellos. Y los hechos son que la sentencia ha proclamado siete art¨ªculos afectados de inconstitucionalidad total y otros siete parcialmente inconstitucionales. Simult¨¢neamente ha proclamado que 24 art¨ªculos y cuatro disposiciones transitorias y finales son totalmente constitucionales y otros siete art¨ªculos parcialmente constitucionales, aunque no tenga la ley car¨¢cter de org¨¢nica ni de armonizaci¨®n.Sin entrar ahora en la valoraci¨®n de la declaraci¨®n de inconstitucional (si es formal o de fondo), lo que resulta evidente hasta para el m¨¢s profano es que cumplir la sentencia es suprimir lo inconstitucional y publicar en el Bolet¨ªn Oficial del Estado lo que el Tribunal ha declarado que es constitucional. Eso es cumplir estrictamente la sentencia y esa es la postura del Gobierno.

Los Gobiernos del PNV y de CiU quieren que se suprima todo, que se retire la ley y, por tanto, tambi¨¦n esos art¨ªculos declarados constitucionales; el hombre de la calle puede preguntarse qu¨¦ respeto a la sentencia supone el empe?arse, contra la sentencia, en que lo que ¨¦sta ha dicho que es v¨¢lido se suprima a pesar de todo.

Este es un primer dato a tener en cuenta en el enjuiciamiento de las posturas de los distintos partidos relacionados con la LOAPA.

Otro puede ser la actitud general ante las decisiones del Tribunal Constitucional. El Gobierno de la naci¨®n las ha acatado y las acatar¨¢ siempre de antemano. Algunos partidos nacionalistas anunciaron que s¨®lo acatar¨ªan la sentencia si les favorec¨ªa, y por lo que respecta a sentencias anteriores, como la reciente de secretarios de Ayuntamiento, no se hace cumplir por el Gobierno vasco.

Con estas precisiones preliminares, lo que hace falta ahora es afrontar el futuro. El Gobierno de la naci¨®n lo hace con tranquilidad, como he tenido ocasi¨®n de expresar recientemente. Los aparentes vac¨ªos derivados de la supresi¨®n de los art¨ªculos afectados por la sentencia ser¨¢n cubiertos por la propia jurisprudencia del Tribunal; esto es justamente lo que ¨¦ste acaba de decir: que s¨®lo ¨¦l puede hacer la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n en las materias a que estos preceptos se refer¨ªan.

Los partidos nacionalistas ofrecen dialogar con el Gobierno despu¨¦s de la sentencia y esa actitud debe ser valorada positivamente. El presidente del Gobierno ofreci¨® tambi¨¦n el di¨¢logo para encontrar acuerdos en varias materias del art¨ªculo 149.1. Por tanto, ah¨ª tenemos un amplio campo de encuentro.

Uno tiene la sospecha, sin embargo, de que la oferta de di¨¢logo y negociaci¨®n, unida a la petici¨®n de retirada de la totalidad de la ley (incluso la parte constitucional) lo que persigue es elaborar una especie de nueva LOAPA (en forma de ley o en forma de pactos) con otro modelo de articulaci¨®n del Estado. Aparte de la inoportunidad pol¨ªtica de esa negociaci¨®n, ?es que tiene sentido que se negocie con car¨¢cter general un nuevo modelo de articulaci¨®n del Estado en las comunidades aut¨®nomas cuando precisamente el Tribunal Constitucional acaba de decirnos que nadie, salvo ¨¦l, puede interpretar de forma gen¨¦rica y global el t¨ªtulo VIII? ?Tiene sentido negociar sobre la prevalencia o el alcance de la legislaci¨®n b¨¢sica cuando el Tribunal ha anulado esos art¨ªculos, no por razones de fondo, sino por inadecuaci¨®n de la ley para hacer interpretacions gen¨¦ricas?

Negociaci¨®n, por tanto, sobre todo, pero no para una especie de nueva LOAPA; negociaci¨®n especialmente sobre la oferta hecha en el discurso de investidura, es decir, en relaci¨®n con las distintas materias y leyes de bases de desarrollo del art¨ªculo 149 a que el discurso se refer¨ªa, aparte, naturalmente, de la negociaci¨®n sobre transferencias. De otro lado, abrir un debate general, aparte'de su improcedencia constitucional, nos deja en el mismo punto en el que est¨¢bamos en la discusi¨®n parlamentaria sobre la LOAPA, ya que el Tribunal no ha aportado ning¨²n criterio sobre el fondo de las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas.

Adem¨¢s, parad¨®jicamente, lo que supondr¨ªa es abrir a los enen¨²gos de los Estatutos y de la Constituci¨®n un terreno de juego tan propicio a la tensi¨®n y a los malentendidos como fue el de la LOAPA, en lugar del terreno jurisdiccional en que nos ha colocado a todos la sentencia.

Negociaci¨®n, pues, centrada fundamentalmente, y entre otras cosas, en las leyes de desarrollo del art¨ªculo 149, arriba mencionado, y en las transferencias hechas con total lealtad y cumplimiento por parte de todos, de forma estricta y leal, de las obligaciones asumidas en la Constituci¨®n y en los Estatutos: desde las banderas hasta el respeto a todas las instituciones de resoluci¨®n de conflictos. Querr¨ªa indicar que ese camino de di¨¢logo hay que profundizarlo con intensidad y que ya hab¨ªamos iniciado el mismo. El esp¨ªritu de di¨¢logo y negociaci¨®n que est¨¢ ahora en el ambiente no podemos permitirnog desaprovecharlo, sino, muy al contrario, esforzarnos todos, a pesar de las dificultades, en clarificar y normalizar las relaciones. Para ello tal vez lo primero sea cumplir estrictamente la sentencia sin pretender nadie obtener ni m¨¢s ni menos de lo que ella dice.