Seguridad, con reparos
La falta de meticulosidad de algunas empresas de seguridad da?a la imagen de los vigilantes jurados
s.
En Espa?a hay m¨¢s de 400 empresas de seguridad (vigilancia, transporte de fondos y fabricaci¨®n, instalaci¨®n y mantenimiento de sistemas de alarma), que en muchos casos no est¨¢n registradas ni controladas, como es preceptivo, por el Ministerio del Interior. Diversas denuncias de los sindicatos abundan sobre este punto y acusan a estas empresas de incumplir la normativa vigente, en detrimento precisamente de esa seguridad que pretenden dar al cliente. No faltan incluso sospechas de que algunas de ellas act¨²an como tapadera para contrabando de divisas y armas. Los vigilantes jurados de que disponen estas empresas -alrededor de 15.000- son ocasionalmente destinados por ¨¦stas a cumplir funciones de guardaespaldas, lo que es absolutamente ilegal dado que es una de sus fuentes m¨¢s lucrativas.El despertar de estas empresas se produjo a ra¨ªz del decreto de marzo de 1974 por el que se obligaba a las entidades bancarias a adoptar una serie. de medidas de autoprotecci¨®n (incorporaci¨®n de vigilantes jurados, instalaci¨®n de sistemas. de alarma y protecci¨®n para el transporte de fondos, etc¨¦tera). La ley s¨®lo contempla la existencia del vigilante jurado, no la del guardaespaldas. El vigilante jurado, que siempre ha de actuar uniformado y armado, no puede dedicarse a la custodia de personas, salvo que ¨¦stas se encuentren en el interior de el edificio que debe oficialmente vigilar. Incurrir¨¢ en grave falta, de la que es responsable la empresa a la que pertenezca, si act¨²a como tal, vaya o no provisto de arma y uniforme, si act¨²a fuera de dicho ¨¢mbito espec¨ªfico o fuera de su jornada. Una vez concluida su jornada tiene, igualmente prohibido ir vestido de uniforme y con pistola. La pistola, que es propiedad de la empresa de seguridad, debe ser dejada en la misma cuando el vigilante haya cumplido su horario.
No parece que los controles para impedir portar el arma fuera de la jornada sean muy estrictos, cuando menos en la empresa Sociedad An¨®nima de Servicios de Seguridad (SASS), filial de Prosegur. Si bien las hojas de autorizaci¨®n para desplazarse provisto del arma deben ser obligatoriamente expedidas y firmadas. por el jefe de seguridad, SASS entrega hojas no s¨®lo sin la firma del mismo, sino en blanco, con lo que el vigilante puede rellenar a su placer la hora o el itinerario a recorrer (uno de estos impresos obra en poder de EL PAIS). No ha sido infrecuente que algunos vigilantes conserven su arma concluida su jornada e intenten obnubilar con su exhibici¨®n a la muchacha con quien intentan flirtear en cualquier discoteca.
En Euskadi, los guardaespaldas son legi¨®n
La normativa vigente proh¨ªbe rigurosamente tanto que un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado act¨²e como vigilante jurado como que ¨¦ste act¨²e de guardaespaldas. Sin embargo, algunas empresas, particularmente durante el pasado campeonato mundial de f¨²tbol, no han dejado de destinar a este cometido a algunos de sus vigilantes, si bien a unos precios desorbitados, conscientes de las sanciones a que se expon¨ªan (desde una multa de un mill¨®n de pesetas hasta la posible suspensi¨®n o cancelaci¨®n de la empresa). La polic¨ªa, no obstante, es consciente de que son legi¨®n, particularmente en Euskadi, los ciudadanos que tienen guardaespaldas.
El departamento policial de Seguridad e Instalaciones, encargado de controlar estas empresas, est¨¢ elaborando un decreto precisamente para regular la figura del guardaespaldas. Ante el vac¨ªo normativo, aparece la picaresca.
Menudean las infracciones de estas empresas, replicadas por las pertinentes sanciones administrativas, por motivos variados: que los guardas jurados porten su arma fuera del servicio, que la empresa no entregue una memoria, anual de actividades o no comunique una variaci¨®n en la composici¨®n de su consejo de administraci¨®n, etc¨¦tera (la policia. siempre debe conocer la relaci¨®n exhaustiva de los titulares, directivos y empleados).
El intrusismo es frecuente
Tambi¨¦n abunda, a decir de Ia polic¨ªa, la falta de seriedad y meticulosidad en las empresas instaladoras de sistemas de seguridad, terreno en el que suele ser muy frecuente el intrusismo. Miembros de una de estas casas aseguran que aunque Interior tiene registradas 400 empresas, en la realidad funcionan cerca de 1.000, como se comprueba por el n¨²mero de las que se inscriben para las ferias del sector.
Por otro lado, le quejan de la falta de calidad de los sistemas de seguridad, en su mayor¨ªa obsoletos, que instalan a desorbitaaos precios, cr¨ªticas que extienden a los par¨¢metros de calidad de Interior. Al no estar supervisada en muchos casos la labor de estas empresas, "pueden instalar un receptor de radio y decir que es un detector de infrarrojos".
La abundante presencia en estas empresas de ex miembros del Ej¨¦rcito, polic¨ªa o Guardia Civil (general Manuel Prieto en Prosesa o el coronel Carlos Carbonell en SASS) se explica por la mayor farmiliaridad y contactos de que disponen a la hora de intentar conseguir contratas con Interior (instalaci¨®n de sistemas de control en los accesos, blindaje de garitas o veh¨ªculos, etc¨¦tera) o por la facilidad de resoluci¨®n de cualquier problema en relaci¨®n con las armas. Tambi¨¦n algunos pol¨ªticos han estado vinculados a empresas de seguridad, con importantes cargos en ellas, como los ex ministros Rodolfo Mart¨ªn Villa a Prosesa o Jos¨¦ Mar¨ªa L¨®pez de Letona y el argentino Jos¨¦ L¨®pez Rega a SASS, seg¨²n afirman empleados de ¨¦sta. Las jefaturas de seguridad de muchos bancos y empresas hayan sido ocupadas por destacados polic¨ªas del antiguo r¨¦gimen. Este camino han seguido, entre, otros muchos, Genuino Novales, Jos¨¦ Luis Fen¨¢ndez Dopico, Juan Antonio Gonz¨¢lez Pacheco, alias Billy el Ni?o), ex responsable, de Seguridad Ciudadana, ex director de la polic¨ªa y destacado miembro de la brigada pol¨ªtico-social durante el franquismo, respectivamente.
Contrabando de armas y divisas
Abundan las sospechas de que algunas empresas pueden ser cauce para operaciones de contrabando. La polic¨ªa realiz¨® en junio de 1982 una investigaci¨®n sobre la empresa Prosegur, a ra¨ªz de la denuncia presentada por Diego Hurtado, presidente de la Federaci¨®n de Vigilantes Jurados del sindicato USO, quien acusaba a dicha multinacional argentina de realizar evasiones de divisas a Suiza desde el aeropuerto de Palma de Mallorca. Hurtado aseguraba que entre el control de aduana y la salida del vuelo a Suiza las sacas que conten¨ªan las divisas pod¨ªan ser manipuladas por Prosegur. Un directivo de la empresa calific¨® tal acusaci¨®n de "sucia maniobra". Sin embargo, miembros de algunas empresas no ocultan que los furgones que, ocasionalmente se dirigen desde Catalu?a a Andorra no tendr¨ªan excesivas dificultades para evadir divisas a trav¨¦s de esta v¨ªa.
No falta tampoco quien involucra a algunas de estas empresas en operaciones m¨¢s serias: contrabando de armas. Cabe recordar que, a ra¨ªz de interceptarse el carguero Allul (repleto de armas y proveniente de B¨¦lgica con destino a Bilbao), si el 3 de octubre de 1978 era asesinado el comandante de Marina Francisco Liesa, considerado como juez instructor del caso el 15 de octubre era asesinado en la puerta de su casa el director de la empresa Proasa, a quien diversos medios period¨ªsticos vinculaban al contrabando die armas y a prestaci¨®n de servicios de guardaespaldas, extremos que la familia del asesinado siempre han negado.
En la localidad de Burriana (Castell¨®n), seg¨²n un testigo presencial, son desembarcadas una vez por mes armas de contrabando que luego son transportadas en camiones de cerveza a un restaurante situado en las afueras de la localidad. All¨ª, las armas son recogidas en furgones blindados de una empresa de seguridad que los transportan hasta el departamento de Las Landas, en el suroeste del pa¨ªs galo, que se extiende hasta las poblaciones consideradas dormitorios de etarras: Biarritz, Rayona, etc¨¦tera.
En cualquier caso, las empresas tienen unos rendimientos muy elevados: si la empresa cobra por el mantenimiento de un vigilante jurado, 42 horas semanales durante un a?o 1.632.000 pesetas, el vigilante en cuesti¨®n cobrar¨¢ al cabo de igual per¨ªodo 828.855 pesetas, aproximadamente. Si el precio de un vigilante acompa?ante parece caro, el cliente siempre tiene opci¨®n a que la empresa de seguridad le alquile los servicios de un perro por poco m¨¢s de 30.000 pesetas mensuales, sin problemas de festivos ni nocturnidad.
Los empleados consideran arriesgado que en las dependencias de ¨¦stas se lleguen a almacenar hasta 5.000 millones de pesetas para su reparto total o parcial al d¨ªa siguiente. Y juzgan temerario que los bancos ambulantes (furgones que circulan continuamente en previsi¨®n de socorrer una emergencia de falta de fondos de un banco) transporten hasta 80 millones de pesetas custodiados por el conductor y dos vigilantes jurados, con un armamento consistente en tres pistolas y una escopeta.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.