Los municipios en los Presupuestos para 1984
Todo parece indicar que a la vuelta de las vacaciones uno de los temas de mayor envergadura que va a afrontar sin dilaci¨®n el Gobierno es la confecci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado para 1984. Sin ir m¨¢s lejos la prensa se ha hecho eco del contenido del Consejo que con car¨¢cter deliberante se celebrar¨¢ el pr¨®ximo 24 de agosto: en ¨¦l el Gobierno, abordar¨¢ criterios y enfoques para dichos Presupuestos.Esta cuesti¨®n reviste singular importancia porque por primera vez estamos ante un horizonte electoral suficientemente despeja do como para acabar definitiva mente con el bochornoso espect¨¢culo de unas corporaciones p¨²blicas funcionando con presupuestos cojos -prorrogados- hasta julio o incluso septiembre del ejercicio que los presupuestos pretenden cubrir. Es de vital importancia para la normalidad absoluta del gasto p¨²blico que a primeros de 1984 el Estado, las comunidades aut¨®nomas y los municipios tengan sus presupuestos aprobados. A nadie se le escapa, por otra parte, que la piedra de toque para conseguir dicho objetivo son los Presupuestos Generales del Estado y su r¨¢pida tramitaci¨®n parlamentaria. En ellos se contienen de terminaciones sobre la cuant¨ªa de las transferencias o los incrementos salariales fundamentales para que las comunidades aut¨®nomas y los municipios elaboren, su propia estrategia presupuestaria.
En el conjunto de los Presupuestos del Estado existe, un tema de singular relieve, para las haciendas locales: la cuant¨ªa de las transferencias a los ayuntamientos de los impuestos no cedibles a las comunidades aut¨®nomas, a trav¨¦s del Fondo Nacional de Cooperaci¨®n Municipal. Dicha cuant¨ªa se ha elevado en un punto, del 7% al 8%, en los Presupuestos Generales de 1983, aportando nuevos recursos a los muncipios pero defraudando en parte las peticiones de ¨¦stos en el sentido que la cuant¨ªa del Fondo deb¨ªa elevarse en dos puntos, alcanzando el 9%. As¨ª se pronunci¨® el comit¨¦ ejecutivo, el consejo nacional y la asamblea de Barcelona (3-XII-1982) de la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a, y en el mismo sentido se pronunci¨® la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias. Ante la nueva campa?a presupuestaria, ?qu¨¦ opini¨®n sustentan los ayuntamientos en relaci¨®n a las transferencias del Estado? Sin duda, los ayuntamientos seguimos con el firme convencimiento que sea cual, sea el modelo financiero que s¨¦ propugne en Espa?a las aportaciones del Estado a los municipios distan mucho de acercarse a los niveles de cualquier pa¨ªs avanzado de Europa, y evidentemente no se corresponden con el nivel de competencias asumidas por los municipios sin que en realidad por ley les correspondan.
Tal es la distancia que nos separa de Europa: que los municipios seguimos aspirando a un aumento en la participaci¨®n de los impuestos no cedibles, que para 1984 ver¨ªamos razonable pasando del 8% actual a un 10%.
Nuestra aspiraci¨®n se justifica en m¨²ltiples razones algur¨ªas de ellas de car¨¢cter general muy importantes y otras decar¨¢cter m¨¢s coyuntural. Entre estas ¨²ltimas cabe citar el retraso con que se va a producir la aprobaci¨®n de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulaci¨®n de las haciendas locales y su entrada en vigor, y la prespectiva de que la futura Ley de Financiaci¨®n de las Entidades Locales no entre en vigor hasta los Presupuestos Municipales de 1985. El saneamiento de las haciendas locales es, sin duda, una condici¨®n previa para abordar cualquier fortalecimiento de los municipios, y no parece por el momento que su tramitaci¨®n se produzca con la diligencia y rapidez que la claridad y contundencia pol¨ªtica de este objetivo requerir¨ªan.
As¨ª las cosas, los ayuntamientos deberemos afrontar el ejercicio de 1984 sin un marco econ¨®mico y fiscal claro, y a lo sumo con algunas indicaciones derivadas de la Ley de Presupuestos de 1983 y de la Ley de Saneamiento, que formulan una contenci¨®n de las transferencias y abren la espita de las iniciativas fiscales municipales a base de recargos sobre determinados impuestos. Incluso esto habr¨¢ que aprovechar, pero a nadie se le esconde que la propuesta latente en la Ley de Saneamiento y la idea de los t¨¦cnicos del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda en su voluntad de pasar a un inodelo de financiaci¨®n m¨²ltiple descentralizada -idea que comparto- pasa por, en la forma que se plantea, agravar la desigualdad fiscal (geogr¨¢ficamente hablando) y enfocar equivocadamente la transici¨®n referida de un modelo centralizado a otro descentralizado. Se pretende una transici¨®n por la v¨ªa, acumulativa y de complementaci¨®n del paquete fiscal, en lugar de plantearlo por la v¨ªa sustitutiva. No olvidamos que el origen de la aportaci¨®n fiscal es ¨²nico: el ciudadano contribuyente, y que ¨¦ste no puede entender que la mejora de los servicios que m¨¢s directamente recibe, los municipales, sea a costa de una mayor presi¨®n fiscal, porque los recursos que ¨¦l mismo aporta a la Hacienda Estatal no son transferibles a las Haciendas Locales, si no es a costa de incrementar el d¨¦ficit p¨²blico.
No hay duda, pues, de que para 1984 las participaciones mun¨ªcipales de los Presupuestos del Estado deben incrementarse. Por m¨²ltiples razones. Porque los ayuntamientos hemos decidido crecer y seguir creciendo. Crecer para invertir y para colaborar desde la agilidad municipal a que la eficacia de la inversi¨®n p¨²blica aumente y contribuya a la creaci¨®n de empleo. Crecer para seguir prestando servicios que no nos corresponden y que el Estado y la comunidad aut¨®noma o no prestan o prestan insuficientemente, aunque por competencias les corresponden. Crecer, en, suma porque los d¨¦ficit de infraestructura de nuestros pueblos y ciudades siguen siendo graves y dif¨ªcilmente abordables con nuestros recursos. Crecer para que el ciudadano sea capaz de percibir tangiblemente que su esfuerzo fiscal le repercute. Es seguramente una cuesti¨®n de sensibilidad pol¨ªtica que las magnitudes macroecon¨®micas de la Hacienda Estatal no deb¨¦rian hacer olvidar. Es comprensible que, desde la pol¨ªtica global del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se valore la situaci¨®n econ¨®mica general y se plantee la necesidad de contener y limitar los d¨¦ficit.
Y es tambi¨¦n posible que desde estos planteamientos se haya creido que un camino para frenar el incremento de los d¨¦ficit sea frenar tambi¨¦n o incluso reducir las transferencias a los municipios.
Optar por la v¨ªa de la contenci¨®n o el recorte es optar por un modelo social regresivo, que repercute inmediatamente sobre el conjunto de la poblaci¨®n y pone en ebullici¨®n la ya muy comprimida olla a presi¨®n de la tensi¨®n social. El recorte y la contenci¨®n habr¨ªa que buscarlos por otros caminos.
El incremento de la participaci¨®n municipal en los Ptesupuestos Generales del Estado es un camino, una parte de una pol¨ªtica, para satisfacer plenamente las aspiraciones de los ciudadanos espa?oles, a los que tenemos el compromiso firme de no defraudar.
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