El Ayuntamiento de Sevilla, decidido a esclarecer las irregularidades financieras en los Reales Alc¨¢zares

El director-conservador de los Reales Alc¨¢zares de Sevilla, Rafael Manzano Marcos, podr¨ªa ser procesado por negligencia en relaci¨®n con las presuntas irregularidades financieras y administrativas descubiertas en la gesti¨®n de este monumento nacional, seg¨²n ha podido saber EL PAIS de fuentes dignas de cr¨¦dito. El ayuntamiento de la capital andaluza ha acordado por unanimidad personarse como acusador particular en el proceso abierto por la autoridad judicial.

Dos personas fueron detenidas a principios de agosto por su supuesta participaci¨®n en este esc¨¢ndalo, y ambas se encuentran actualmente en libertad bajo fianza y con obligaci¨®n de personarse a diario ante la polic¨ªa. Se trata de Antonio Ortiz, administrador del alc¨¢zar, con m¨¢s de 30 a?os de servicio como funcionario, y Mariano Garc¨ªa, contratado por el Patrimonio Nacional y encargado de la tienda de recuerdos que funciona en el interior del recinto.Las acusaciones contra los dos empleados son malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y apropiaci¨®n indebida, en base a su presunto manejo de determinadas cantidades procedentes de los ingresos del alc¨¢zar en concepto de visitas tur¨ªsticas, recepciones y rodaje de pel¨ªculas. La cantidad detra¨ªda entre enero y julio de 1983 supera los 1,5 millones de pesetas, aunque las investigaciones, tanto judiciales como administrativas, abarcan un per¨ªodo no inferior a los ¨²ltimos cinco a?os.

Las fuentes informantes destacaron que "algunos de los mecanismos utilizados dejan en pa?ales lo que, conocemos de El Lazarillo de Tormes", y pusieron como ejemplos la realizaci¨®n de visitas tur¨ªsticas en d¨ªas prohibidos, como el Corpus, y por la puerta falsa -sin reflejo en la contabilidad oficial-, la venta de un reloj-encendedor que no pertenece el patrimonio del alc¨¢zar y de la que se obten¨ªan ping¨²es beneficios, la extensi¨®n a los gu¨ªas tur¨ªsticos de resguardos en papel de bloc sin membrete oficial, la existencia de una caja reservada y el acceso a la cuenta corriente a nombre del ayuntamiento por algunos familiares del administrador (en enero de 1983, el anterior alcalde, Luis Uru?uela, declar¨® restringida la mencionada cuenta). Todo ello en calidad de indicios racionales seg¨²n los investigadores, ya que las diligencias a¨²n no han terminado.