La oposici¨®n pedir¨¢ al Gobierno que concrete su pol¨ªtica auton¨®mica tras la sentencia sobre la LOAPA

La definici¨®n de lo que ser¨¢ la pol¨ªtica auton¨®mica del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, con la precisi¨®n clara de hasta d¨®nde, con qui¨¦n, c¨®mo, cu¨¢ndo y en qu¨¦ marco debe realizarse la negociaci¨®n en torno al art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n, que Felipe Gonz¨¢lez prometi¨® en la sesi¨®n de su investidura, parecen de obligada referencia en la intervenci¨®n del presidente del Gobierno en el debate parlamentario del pr¨®ximo d¨ªa 20.

Poco o nada puede deducirse de lo que sobre pol¨ªtica auton¨®mica dir¨¢ Felipe Gonz¨¢lez en el debate si se toma como referencia la vaga comunicaci¨®n que sobre su intervenci¨®n ha hecho el Gobierno. En la ¨²nica referencia que en la misma se hace al tema auton¨®mico se se?ala que "el Gobierno est¨¢ actuando para llevar adelante con rigor el proceso de transferencias y desea la colaboraci¨®n de todas las comunidades para lograr el pleno funcionamiepto del Estado de las autonom¨ªas".La impresi¨®n que se tiene, a la vista de las ¨²ltimas precisiones hechas por el ministro de Administraci¨®n Territorial, Tom¨¢s de la Quadra, sobre la pol¨ªtica auton¨®mica del Gobierno es que Felipe Gonz¨¢lez mantendr¨¢ el criterio de que, pese a la sentencia de la LOAPA, el esquema auton¨®mico no va a variarse. Insistir¨¢ en que el mismo est¨¢ ya dise?ado en la Constituci¨®n, los estatutos de autonom¨ªa, en la mencionada sentencia y en la propia doctrina que en los ¨²ltimos a?os ha emitido el Tribunal Constitucional sobre conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas.

Presumiblemente no har¨¢ el presidente especiales referencias a la LOAPA, si no es para afirmar que el Gobierno la consideraba un instrumento v¨¢lido dentro del esquema auton¨®mico, pero que se acepta la sentencia y se desea que tambi¨¦n la acepten los nacionalistas en lo que se refiere al articulado no impugnado, que queda como ley del Proceso Auton¨®mico (LPA), que la Administraci¨®n sigue considerando v¨¢lida. Una ley que los nacionalistas consideran "un error fruto de la arrogancia", y que los comunistas califican de "an¨¦cdota".

M¨¢s di¨¢logo que negociaci¨®n

En el desarrollo de su pol¨ªtica auton¨®mica, el Gobierno, seg¨²n lo que se presume dir¨¢ Felipe Gonz¨¢lez, no va a rehuir el di¨¢logo permanente con las comunidades aut¨®nomas, lo cual no implica -y en ello se ha insistido mucho- una renegociaci¨®n de la pol¨ªtica. Se prev¨¦ que Felipe Gonz¨¢lez matice la oferta que hizo en la sesi¨®n de su investidura, de una amplia negociaci¨®n con las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias sobre el punto 18 del apartado primero del art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n, referido a las bases del r¨¦gimen jur¨ªdico de la Administraci¨®n p¨²blica y del r¨¦gimen estatutario de sus funcionarios. Con toda seguridad la oposici¨®n recordar¨¢ al presidente que han pasado diez meses desde que hiciera su promesa y la negociaci¨®n no se ha iniciado.

Felipe Gonz¨¢lez tendr¨¢, en este sentido, una buena percha para afirmar que esa negociaci¨®n est¨¢ en trance de comenzar, ya que en el Consejo de Ministros del mi¨¦rcoles pasado se estudi¨® un proyecto de medidas urgentes para la reforma de la funci¨®n p¨²blica, que viene a ser un adelanto de lo que ser¨¢ en su d¨ªa el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica.

El Grupo Popular y los grupos nacionalistas y el comunista, con terminolog¨ªa y afanes distintos, manifestar¨¢n su criterio de que la sentencia de la LOAPA ha echado abajo la pol¨ªtica auton¨®mica del Gobierno, que es inaceptable que se diga que "aqu¨ª no ha pasado nada", y le acusar¨¢n de no haber ofrecido una alternativa seria. Los nacionalistas van a plantear al presidente Gonz¨¢lez que esa amplia negociaci¨®n que ofert¨® en su d¨ªa no quede ¨²nicamente restringida al punto 18 del apartado 12 del 149 de la Constituci¨®n, sino a la totalidad del art¨ªculo. Este precepto recoge las competencias exclusivas del Estado, que se han de desarrollar con las leyes de bases.

Los nacionalistas quieren plantear al Gobierno la necesidad de un consenso sobre el desarrollo de dichas leyes de bases, para evitar que ¨¦stas invadan las competencias de desarrollo legislativo que sobre las mismas tienen las comunidades aut¨®nomas. Sin embargo, no es previsible que el Gobierno se comprometa en este tema a algo m¨¢s que a abrir un di¨¢logo con las comunidades aut¨®nomas.

Se espera que Manuel Fraga, con la excusa de la sentencia de la LOAPA, vuelva a plantear la reforma del T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n y critique, en t¨¦rminos de agravio comparativo, la decisi¨®n del Gobierno de iniciar un di¨¢logo auton¨®mico ¨²nicamente con las instituciones de las dos comunidades que recurrieron la LOAPA.