Los jueces y la autoamnist¨ªa: un desaf¨ªo para la clase pol¨ªtica argentina

Los peri¨®dicos de los ¨²ltimos tiempos, y sobre todo de los ¨²ltimos seis meses, traen constantemente noticias acerca de investigaciones comenzadas o reabiertas por jueces penales argentinos -fundamentalmente por los jueces federales en lo criminal de la capital federal- en tomo a esc¨¢ndalos o sucesos abyectos protagonizados por los responsables del caos y el drama que cubren la Argentina de la ¨²ltima d¨¦cada. Emblem¨¢ticos son los casos vinculados con las corrupciones administrativas atribuidas al ex superministro de Econom¨ªa Mart¨ªnez de Hoz y a la gente de su equipo; el homicidio de Branca, alentado o encubierto por el almirante Massera; las desapariciones del ex embajador de la propia Junta Militar Hidalgo Sol¨¢ y la diplom¨¢tica Holmbetg, en las que aparecen implicados tanto Massera como el propio general Videla; la reapertura de la causa en relaci¨®n a los hechos atribuidos a la fantom¨¢tica Triple A, desde la ¨¦poca del todo. poderoso L¨®pez Rega y de los que podr¨ªan surgir una connivencia del general Harguindeguy, ex ministro del Interior, y as¨ª muchos etc¨¦teras m¨¢s.Pues bien, ?qu¨¦ ha ocurrido para que esta situaci¨®n de investigaciones judiciales generalizadas se haya presentado as¨ª, repentinamente? ?De d¨®nde proviene esta aparente onda expansiva de la actividad indagatoria de los jueces federales porte?os? ?C¨®mo es que durante siete a?os (el golpe militar fue dado el 24 de marzo de 1976) estos magistrados no ahondaron en ning¨²n hecho de los que ya se atribu¨ªan a los responsables del proceso castrense, pues sistem¨¢ticamente hicieron o¨ªdos sordos a las denuncias de detenciones-desapariciones promovidas en miles de recursos de h¨¢beas corpus y ahora, de golpe, saltan a la noticia con un af¨¢n investigador que tantas madres y abuelas de la plaza de Mayo hubieran querido para los casos de sus hijos y nietos?

Dado la organizaci¨®n federal del Estado, junto a los jueces ordinarios -provinciales y nacionales (de la capital federal) existe una justicia federal (y las respectivas c¨¢maras de apelaci¨®n), que tiene asiento en los diversos distritos judiciales en que se divide el pa¨ªs.

Estos jueces federales conocen, entre otros, de asuntos en los cuales el Estado nacional sea parte o de los que se suscitan entre dos o m¨¢s provincias. De ello es. f¨¢cil deducir que la justicia federal es la m¨¢s pol¨ªtica y la que despierta mayor preocupaci¨®n a los Gobiernos nacionales, sobre todo en jurisdicci¨®n de la capital federal, sede de las autoridades nacionales, lo que puede generar el conocimiento de causas penales en que aquellas resulten involucradas.

Por otro lado, existe en Argentina un sistema constitucional de reclutamiento, nombramiento y promoci¨®n de jueces, mediante el cual el poder ejecutivo nacional tiene una clara preeminencia (art¨ªculo 86, inc. 59, Const. Nac.) y que siempre ha sido el motivo para que la cacareada independencia del poder judicial se viera seriamente afectada. Incuestionablemente, durante las ¨¦pocas de facto que asolan Argentina desde 1930, este sistema se ha visto agudizado ante la supremac¨ªa del poder pol¨ªtico, pues durante aqu¨¦llas los jueces han sido nombrados por el Ejecutivo sin ning¨²n control popular del Parlamento.

Ahora bien, en muchos de los frustrados retornos a la democracia que los argentinos hemos intentado en 50 a?os, los distintos Senados (c¨¢mara a la cual la Constituci¨®n le asigna el control y acuerdo de los nombramientos en el poder judicial) se han visto constre?idos a otorgar su asentimiento para convalidar a los jueces nombrados durante el per¨ªodo de facto precedente.

Esta ¨²ltima situaci¨®n puede reproducirse ante la futura constituci¨®n de un Parlamento elegido libremente por el pueblo argentino, si es que la clase pol¨ªtica muestra debilidad frente a las- presiones a que ser¨¢ sometida por quienes temen que una justicia leg¨ªtima -ahora s¨ª- investigue sin tapujos cuanto latrocinio y violaci¨®n de derechos humanos han sido cometidos. Es obvio que una investigaci¨®n de semejante talante no podr¨¢ hacerse con jueces que ostenten en su curr¨ªculo un nombramiento a dedo efectuado por el poder olig¨¢rquico-militar, de facto. Esto lo han de tener muy en claro quienes se constituyan como las futuras autoridades legislativa y ejecutivas que surjan de las pr¨®ximas elecciones, sean del color pol¨ªtico que fueren. S¨®lo unos jueces que no exh¨ªban el origen espurio de sus cargos podr¨¢n satisfacer leg¨ªtimamente la voluntad de esclarecimiento que impulsa a la mayor¨ªa de los argentinos.

Preparar su futuro

Parecer¨ªa entonces que quedan desvelados los interrogantes a que antes se ha hecho alusi¨®n. En efecto, no hay que ilusionarse (aunque sea bienvenido) con el impulso que muchos jueces federales en lo criminal est¨¢n demostrando en sus averiguaciones, pues no estar¨ªa justificado m¨¢s que en sus pretensiones de obtener una futura convalidaci¨®n parlamentaria para los actuales cargos que ocupan.

M¨¢s all¨¢ de propiciarse una eventual reforma de la Constituci¨®n nacional para introducir un sistema de autogobierno que efectivamente garantice la independencia real y externa del poder judicial -y el proceso de instalaci¨®n de ¨®rganos espec¨ªficos en Espa?a desde la Constituci¨®n d¨¦ 1978 es mod¨¦lico al efecto-, ahora es imprescindible proceder a una aut¨¦ntica depuraci¨®n de los cuadros judiciales en Argentina. Esto es f¨¢cilmente posible si el pr¨®ximo, Gobierno nacional -tal como alg¨²n candidato presidencial ya lo ha prometido respecto a los mandos militares- descabeza la justicia, no accediendo a ning¨²n tipo de presi¨®n y no pidiendo al Senado que otorgue su acuerdo para convalidar a los jueces que actualmente se desempe?an sin ese requisito; es decir, que han sido nombrados por el Gobierno militar, usurpador de la voluntad popular. Y esta tarea ha de llevarse a cabo respecto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de todos los tribunales federales y nacionales (de los provinciales ya se ocupar¨¢n los poderes leg¨ªtimamente constituidos en sus jurisdicciones) sin pensar que pueda provocar un vaciamiento de- la Administraci¨®n de Justicia, pues a la vista del sistema constitucional de nombramientos judiciales no hay impedimento alguno para cubrir esos cargos con abogados colegiados, de probada fe democr¨¢tica, que re¨²nan los escasos requisitos que exige la Constituci¨®n.

Todo lo dicho en relaci¨®n con la condici¨®n actual de la mayor parte de la justicia federal y nacional (son contados los jueces que poseen el acuerdo senatorial que impone la Constituci¨®n) se ve a partir de ahora dram¨¢ticamente agudizado. El r¨¦gimen militar acaba de dictar la anunciada ley de autoamnist¨ªa, en contradicci¨®n con todo principio l¨®gico, ¨¦tico y de oportunidad e intentando as¨ª cubrir con el olvido los grav¨ªsimos hechos que se imputan a sus personeros y ejecutores. M¨¢s all¨¢ de la ilegitimidad que supone la sanci¨®n de tama?a inmoralidad (?el autoperd¨®n de los mismos criminales!) que todo Parlamento -cualquiera sea su composici¨®n pol¨ªtica- tiene el ineludible deber de desconocer, es inaceptable suponer que alg¨²n juez de la Constituci¨®n haya de rechazar sin sustanciaci¨®n alguna (como lo pretende esta supuesta ley), sellando con la inamovilidad de la cosa juzgada, las denuncias o querellas que se interpongan contra los delincuentes de Estado. Es verdad que la situaci¨®n que genera la existencia de una legislaci¨®n de facto en materia tan altamente irritativa como la que con un tr¨¢gico eufemismo se denomina de "pacificaci¨®n nacional" provoca al futuro r¨¦gimen constitucional la necesidad de resolver sobre su subsistencia. El tema es sin duda conflictivo en el plano jur¨ªdico y la historia argentina de las transiciones a la democracia muestra variados ejemplos de c¨®mo se ha encarado la validez de semejante legislaci¨®n. Empero, en la cuesti¨®n de la autoamnist¨ªa deber¨¢ sin duda primar un criterio pol¨ªtico que esta vez s¨ª, a todas luces, no puede alejarse de la ¨¦tica. Ser¨ªa insoportable para la futura convivencia pac¨ªfica el que los pr¨®ximos legisladores constitucionales legitimaran la unilateral decisi¨®n de amnistiarse que han asumido los militares, contando con las decisiones favorables de los magistrados judiciales que ellos mismos han nombrado como tales.

De tal modo, tambi¨¦n por este lado, queda en evidencia la tentativa de garantizar en sus puestos -poco despu¨¦s del cambio pol¨ªtico- a los actuales jueces de facto con el objetivo de que sean ¨¦stos quienes efect¨²en los rechazos de las denuncias o querellas contra los militares. Es indudable que tal inmoralidad no ser¨¢ aceptada por los argentinos y esta eventualidad redunda en favor de entender la cuesti¨®n judicial quiz¨¢ como la m¨¢s crucial -un aut¨¦ntico desaf¨ªo para la clase pol¨ªtica- en el inmediato futuro de Argentina.